Ya antes de la ley Celaá uno de cada cinco alumnos aprobaba la ESO con asignaturas suspendidas (y Madrid superaba la media)

La ley Celaá tiene entre sus objetivos reducir la tasa de repetición, que según la OCDE y la mayor parte de los expertos representa uno de los principales problemas del sistema educativo en España: el 28,7% de los alumnos de 15 años ha repetido al menos una vez, cuando la media en los países desarrollados es del 11,3%. La nueva norma reduce el número de veces que se podrá repetir (dos en toda la educación obligatoria y solo un...

La ley Celaá tiene entre sus objetivos reducir la tasa de repetición, que según la OCDE y la mayor parte de los expertos representa uno de los principales problemas del sistema educativo en España: el 28,7% de los alumnos de 15 años ha repetido al menos una vez, cuando la media en los países desarrollados es del 11,3%. La nueva norma reduce el número de veces que se podrá repetir (dos en toda la educación obligatoria y solo una en primaria), y desvincula la promoción de curso de la superación de un número específico de asignaturas (la decisión de repetir se adoptará de forma colegiada por el equipo docente si se considera que será beneficiosa el alumno). Los cambios han sido criticados por sectores conservadores de la comunidad educativa, por el PP, Vox y Ciudadanos, así como por algunas comunidades, especialmente la de Madrid, con el argumento de que las medidas desincentivarán a los alumnos a esforzarse. Los datos oficiales, recién publicados, del curso 2018-2019, todavía con la ley Wert en vigor, reflejan, sin embargo, que un 19,4% de los alumnos terminaba la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) con asignaturas suspendidas. Y que en la Comunidad de Madrid el porcentaje era superior y alcanzaba el 23,3%.

La ley Wert, aprobada por el PP en 2013, estableció inicialmente unos límites muy estrictos para poder obtener el título de la ESO: los alumnos debían superar todas las asignaturas y aprobar, además, un examen de reválida. Pero el propio Ejecutivo popular dio marcha atrás y terminó suspendiendo las reválidas y permitiendo a los estudiantes graduarse hasta con dos suspensos.

Los resultados académicos del curso 2018-2019, recogidos por el Ministerio de Educación, muestran una gran disparidad por comunidades con dicha ley (la Lomce, que ha sido derogada ahora por la ley Celaá). El 28,6% de alumnos extremeños lograron el título de graduado en ESO con asignaturas pendientes frente al 11,3% de Baleares, el 16,9% de País Vasco, el 20,2% de Comunidad Valenciana, el 25,6% de Andalucía y el 26,4% de Castilla y León.

Indicador clave

En el último curso completo antes de la pandemia por coronavirus hubo un avance en un indicador clave, la tasa bruta de graduados en ESO (la relación entre el alumnado que termina la etapa, al margen de su edad, y la población total que tiene la edad en la que teóricamente deberían finalizarse dichos estudios): lo hizo el 78,8%, un punto más que el año anterior.

La serie histórica muestra una progresión muy lenta en las dos últimas décadas (en el curso 1999-2000 la tasa se situaba en el 73,4%) y vinculada en buena medida al ciclo económico (en época de fuerte crecimiento se aprecia un retroceso en la graduación porque existe más oferta de empleo que no requiere cualificación).

Diferencias por sexo

La tasa de alumnos que acaban la secundaria obligatoria en la edad debida presenta de nuevo una gran diferencia entre mujeres (lo logra el 84%) y hombres (el 73,8%). Y también por territorios: del 73% de Castilla-La Mancha, el 73,4% de Baleares y el 74,1% de Murcia al 85,8% del País Vasco, el 84,4% de Asturias y el 83,3% de Cantabria.

En un contexto general de cambios pequeños respecto a los cinco años anteriores (con un aumento global de la tasa de dos puntos respecto al curso 2013-2014), el informe del Ministerio de Educación destaca el caso de la Comunidad Valenciana, que en cinco años ha incrementado su tasa bruta de graduados en 8,2 puntos, hasta el 75,7%.

Los datos también constatan una brecha en la tasa bruta de graduación entre el alumnado que asiste a centros públicos (donde el porcentaje es del 83,5%), concertados (91,3%) y privados (97,5%). Respecto a las dos primeras redes, financiadas con fondos públicos, los expertos suelen advertir que las diferencias de resultados académicos responden a la extracción socioeconómica del alumnado de la pública y la concertada: según reflejan estudios como PISA, cuando en los análisis se elimina dicha variable, los resultados entre los centros públicos y concertados se igualan.

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