La deuda de Francia y la política fiscal española

La mejora de la calificación de la deuda española por parte de una de las principales agencias de rating es una buena noticia que contrasta con los aprietos de otros países para contener sus equilibrios presupuestarios, entre ellos nada menos que Estados Unidos y Francia. Es probable que otras agencias ajusten también al alza sus valoraciones en las próximas semanas, pero conviene no perder de vista que estos indicadores mezclan factores transitorios o coyunturale...

La mejora de la calificación de la deuda española por parte de una de las principales agencias de rating es una buena noticia que contrasta con los aprietos de otros países para contener sus equilibrios presupuestarios, entre ellos nada menos que Estados Unidos y Francia. Es probable que otras agencias ajusten también al alza sus valoraciones en las próximas semanas, pero conviene no perder de vista que estos indicadores mezclan factores transitorios o coyunturales, y tendencias subyacentes, a menudo poco comentadas, que son motivo de preocupación en el caso de España.

Hace tan solo tres años, nuestra deuda pública rondaba el 115% del Producto Interior Bruto (PIB), prácticamente lo mismo que la de Francia, mientras que Italia superaba el 140%, situándose en el punto de mira de los inversores internacionales y, cómo no, de las agencias de rating. Desde entonces la deuda de España ha descendido 12 puntos y la de Italia cinco, mientras que la de Francia sigue igual, con tendencia al alza. Las tornas han cambiado y el péndulo se equilibra a favor de los países “periféricos” del sur, injustamente denostados en el pasado. Ahora bien, el diagnóstico debe ser matizado, no solo porque las agencias proceden con gradualidad: tras la última revisión, Francia y España ostentan la misma calificación.

En primer lugar, la reducción del déficit público español se explica casi por completo por el tirón del crecimiento y por la no deflactación de las tarifas del impuesto de la renta (IRPF), una práctica que, en un contexto de inflación como el que hemos vivido estos últimos años, ha sustentado el aumento de la recaudación. Es poco probable que estas circunstancias se repitan en los próximos años, a tenor de las previsiones de crecimiento y de inflación del propio Gobierno, cercanas en este punto a las del Banco de España o del consenso de Funcas.

El resultado es que el déficit público se estancará en el entorno del 3% del PIB, dejando poco margen para la reducción de la deuda. El Gobierno, por su parte, vaticina una fuerte corrección de los desvíos, algo que, en opinión de muchos analistas, solo es posible con medidas estructurales que quedan por definir.

En segundo lugar, las vicisitudes de Francia, —cuya prima de riesgo superó a la de la deuda italiana el pasado 9 de septiembre en un hecho calificado de “histórico”—, deberían hacernos reflexionar sobre la eficiencia de la política fiscal. El gasto público supera el 57% del PIB en el país vecino, casi 12 puntos más que España y 6,5 que Italia, y sin embargo la ciudadanía constata el deterioro de los servicios públicos. El malestar se extiende por los “desiertos” sanitarios de las zonas rurales, y por los suburbios, con un sistema educativo cada vez menos capaz de asegurar su papel de ascensor social. Sorprende asimismo que las desigualdades se ahonden en un país como Francia que ostenta el récord de gasto social: varios informes oficiales apuntan al aumento del riesgo de pobreza, la pérdida de terreno de los ingresos de la clase media, y el peso creciente del patrimonio heredado en detrimento del que se genera mediante el trabajo.

Finalmente, la reactividad de la política presupuestaria es importante, como lo muestra el caso de Italia, cuyo déficit público se había disparado como consecuencia de una política mal diseñada de subvenciones a la renovación de vivienda. Gracias a un cambio normativo, que contrasta con la relativa inercia fiscal de Francia, el agujero se ha reducido drásticamente, sin afectar el ya de por sí débil crecimiento de la economía transalpina.

La búsqueda de una mayor eficiencia es también una tarea pendiente de nuestra política fiscal. La ventaja es que disponemos de un ciclo expansivo para mejorar, sin presiones externas, la calidad del gasto y la capacidad recaudatoria de los impuestos. La evolución favorable del raiting de España no debería ser óbice para para dilatar la corrección de las disfunciones.