La decimoctava autonomía

El informe Letta sobre el futuro del Mercado Único europeo llegó en un momento crucial. En un mundo cada vez más fragmentado y competitivo, Europa necesita urgentemente revitalizar su mayor activo económico, tal y como ha vuelto a señalar el informe Draghi, primo hermano del...

El informe Letta sobre el futuro del Mercado Único europeo llegó en un momento crucial. En un mundo cada vez más fragmentado y competitivo, Europa necesita urgentemente revitalizar su mayor activo económico, tal y como ha vuelto a señalar el informe Draghi, primo hermano del primero y que enfatiza por dónde debe dirigirse la atención de los que elaboran la política económica de la UE. La propuesta de Letta fue una llamada a la acción para reinventar el corazón económico de Europa. La idea de una “quinta libertad”, centrada en la innovación y la educación, reconoce que, en la era digital, el conocimiento es tan crucial como los bienes o el capital.

Enrico Letta no se detuvo ahí. Su enfoque completo, holístico, abordaba las tensiones inherentes al proyecto europeo: cómo conciliar la competitividad con la equidad social, cómo equilibrar la apertura económica con la seguridad estratégica. Y es, quizás, el recuerdo que en el informe se nos hace de que, frente a los gigantes económicos emergentes y las tensiones geopolíticas, Europa no puede permitirse el lujo de la fragmentación. Así, surge la idea de que un mercado genuinamente unificado no es solo una cuestión de eficiencia económica; es nuestra mejor defensa contra las turbulencias globales y nuestra mejor apuesta para el futuro.

Traslademos esa idea para Europa a España. Y es que en el Estado de las autonomías hay límites y fronteras al mercado del mismo modo que lo hay a nivel supranacional. Cualquier iniciativa que busque abordar uno de los desafíos más persistentes, que es eliminar o reducir la fragmentación del mercado interno, será bienvenida. En un país donde la diversidad regional se transforma en un reto económico, cualquier propuesta podría ayudar a mejorar las tendencias económicas hacia un aumento de la productividad y del bienestar de los españoles.

Así, en este marco, la iniciativa del Ministerio de Economía para entablar conversaciones con las autonomías es un paso positivo. Su objetivo es promover un plan para derribar los obstáculos económicos y administrativos entre las distintas regiones de España. Y es que estas barreras limitan el potencial de las economías de escala para mejorar la eficiencia y competitividad de las empresas y del sector productivo, incluso la intervención pública (véase política de la vivienda como ejemplo). En este complejo escenario, la propuesta de realizar una conferencia sectorial enfocada en la regulación representa el primer movimiento estratégico.

En esencia, la propuesta de Economía busca crear un espacio regulatorio virtual donde la realización de ciertos trámites sea válida en todo el territorio nacional. Y es que el potencial de esta iniciativa para impulsar la productividad y la competitividad existe es innegable, sobre todo cuando buena parte del tejido productivo español está conformado por pymes, que en particular se verían claramente beneficiadas. Todo ello debido a que, por tamaño y por asunción de costes fijos, son estas empresas las que más sufren con la actual complejidad regulatoria. Cualquier medida que busque simplificar y armonizar es bienvenida, porque las ayudaría a crecer, innovar y competir en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional.

Esta medida, sin embargo, tiene sus claros límites y puede quedar en nada si no existe un verdadero interés en potenciarla. Así, su implementación no tiene sentido si no se lleva a cabo con el concurso de todas las administraciones. Algo que parece haberse tenido en cuenta al incluirse no solo a las regiones sino también a los ayuntamientos. Y es que buena parte de las trabas burocráticas son municipales. El éxito será responsabilidad tanto de un ministerio que logre aunar las iniciativas que quiera desarrollar, como de unas comunidades que entiendan su responsabilidad en este fin, al que se sumarán los ayuntamientos y diputaciones en un contexto político que va en el sentido contrario. Debemos exigir de las administraciones regionales y locales que entiendan que este proyecto no se conforma como una amenaza a sus competencias, sino como una oportunidad para mejorar su competitividad en un marco nacional más coherente.