Me he quedado a un paso de ser funcionario: ¿sirve de algo reclamar?

“Imagina que han aprobado 100 candidatos. Tú eres el 101. ¿Cómo no vas a reclamar?”. El magistrado del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Pamplona, Javier Fuertes, explica de esta forma la raíz de un fenómeno en auge: los opositores sin plaza que deciden quemar su último cartucho en los tribunales. Las estadísticas judiciales reflejan un aumento llamativo de los candidatos que se lanzan a pleitear contra el Estado para conseguir la ansiada plaza. Dos causas podrían explicar el fenómeno: el furor por opositar (la ecuación es simple, si aumentan los candidatos, la litigiosidad también) y los choques entre los interinos y los aspirantes de libre acceso.

“Hay dos perfiles: el que está fuera y quiere entrar y el que está dentro y no quiere salir”, resume Fuertes. La Unión Europea ha dado varios tirones de oreja a España en este asunto para atajar los numerosos abusos con la temporalidad en la Administración. Hay un objetivo: reducir al 8% los puestos temporales para final de año. Pero el reto ya se plantea imposible. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, existen 3,6 millones de asalariados en el sector público y más de un millón aún tienen contratos temporales. Es decir, la temporalidad ronda el 27% (si bien esta cifra engloba los cargos de confianza como los puestos políticos, cuyo número es un misterio).

Hace dos años, el Gobierno puso en marcha una multitud de procesos de estabilización para atajar el problema. Pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes. La conversión de los interinos no plantea un camino legal sencillo. La Constitución marca que cualquier ciudadano tiene derecho a luchar por una plaza pública. Existen dos vías para conseguirlo: el concurso-oposición (méritos y examen) o el concurso (solo méritos). El conflicto estalla cuando los ciudadanos de libre acceso, el conocido como turno libre, denuncian que estas pruebas son trajes a medida para los interinos. “Los procesos de estabilización están interfiriendo en los procesos libres”, identifica el juez Fuertes, y ello está creando la “tormenta perfecta”.

Hay numerosos ejemplos de conflictividad en este nicho. En junio, sin ir más lejos, el Tribunal Supremo tumbó una oferta de empleo público para ser letrado de la Administración de Justicia, entre otras razones, porque preveía el acceso al cuerpo sin pasar por una prueba oral y escrita. Un atajo que, a ojos de la Sala, no cumplía los mínimos legales.

La analítica judicial, el estudio de las sentencias y autos sobre un asunto concreto, permite hacerse una idea de cómo ha aumentado la conflictividad en este nicho. En 2022 se dieron, al menos, 966 resoluciones judiciales donde opositores demandaron a la Administración. En 2023, la cifra escaló a 1.388 casos. Un 44% más de conflictos, según los resultados de la base de datos laleydigital, si bien es presumible que el volumen de asuntos sea mayor, pues las analíticas no recogen todas las sentencias que se emiten por todos los juzgados y tribunales. Los opositores consiguieron que los tribunales les diesen la razón frente al Estado en uno de cada dos litigios.

Las estrategias de los opositores son variopintas. Algunos optan por impugnar las bases de la convocatoria, bien porque las consideran injustas, bien porque están mal redactadas o bien porque otorgan méritos excesivos a la experiencia (lo que aniquila las posibilidades de los candidatos externos).

Es común, por ejemplo, denunciar ante el juez que los méritos que más pesan en la balanza no son los adecuados. Un segundo grupo de opositores decide cuestionar un ejercicio o una prueba en concreto por ser demasiado difícil o por salirse del temario; en un tercer frente, hay postulantes que se lanzan a impugnar el resultado porque piensan que no han sido valorados como se merecen.

También es común denunciar la falta de transparencia de los ejercicios que se realizan a puerta cerrada, como es el caso de los exámenes orales, las entrevistas o las pruebas psicotécnicas. Así lo traslada Cristina Moscoso, abogada de Legal Oposiciones, una firma especializada en asesorar a opositores descontentos. “Se han puesto en contacto con nosotros grupos de aspirantes por su disconformidad con las bases, pero también por los exámenes orales que no se graban, por la falta de transparencia y de seguridad jurídica que ofrece este tipo de pruebas”. Es difícil intentar corregir en vía judicial la nota de un tribunal calificador cuando “el examen no queda reflejado en soporte audiovisual alguno”, apunta la letrada.

“Los procedimientos judiciales relativos a oposiciones siempre han sido un foco de conflicto, si bien es cierto que en los últimos años se han podido incrementar”, detecta Alejandro García, letrado de Socilegal Abogados. El experto repara en un problema colateral: si la persona ha sido apartada de su plaza injustamente y años más tarde consigue que un juez le dé la razón, ¿tiene derecho a compensación por las nóminas que nunca recibió?

La respuesta es que depende. En teoría, el candidato debe cobrar una indemnización por los salarios no cobrados. Y además, “la experiencia debe computar como si hubiera estado trabajando”, explica García. Pero apostilla: “Si el opositor ha trabajado fuera de la Administración, dado que existe un régimen de incompatibilidades, no se le pueden reconocer los salarios”. Es decir, cuando el aspirante consigue plaza “únicamente tiene derecho a la diferencia” entre lo que debió cobrar y lo cobrado en el otro puesto.