Ambición para la autonomía financiera regional

Entre las diversas medidas que se han anunciado para garantizar la formación de un nuevo Gobierno, una de las que más debate ha suscitado es la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. La elevada heterogeneidad entre ellas, tanto en estructura de fuentes de financiación de su deuda como en fundamentales crediticios, dificulta su concreción y una metodología consensuada sin generar asimetrías entre zonas.
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Entre las diversas medidas que se han anunciado para garantizar la formación de un nuevo Gobierno, una de las que más debate ha suscitado es la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. La elevada heterogeneidad entre ellas, tanto en estructura de fuentes de financiación de su deuda como en fundamentales crediticios, dificulta su concreción y una metodología consensuada sin generar asimetrías entre zonas.

Era más que previsible que esta contingencia emergería en algún momento en los procesos de negociación entre el Gobierno central y los autonómicos. Las bondades de los fondos de liquidez, desde su creación hace algo más de una década para evitar el incumplimiento de los compromisos de la deuda pública, han sido tan indiscutibles como insostenibles. Aún así los sucesivos gobiernos desde la crisis financiera han alimentado una espiral que ha convertido al Estado central en el principal prestamista de las autonomías. Estos fondos han facilitado todos los recursos necesarios para financiar las amortizaciones, el déficit y cualquier posible desviación de gasto sobre los límites u objetivos aprobados en sus presupuestos. Todo ello sin ningún coste de intermediación por parte del Tesoro.

Aunque el impacto de esta medida es neutro para el conjunto de las Administraciones Públicas, es obvio que hay un efecto entre subsectores, generando mayor déficit para el Estado frente a las regiones que se beneficien de la condonación, tanto por el importe del saldo vivo de la deuda que se asuma como por los pagos de intereses futuros. Por ahora, sólo conocemos el compromiso de 15.000 millones con Cataluña y que será generalizable a otros gobiernos autonómicos, pero aún no sabemos si a todos y en qué proporción. Si extrapolamos estos importes y trabajamos con diferentes escenarios podemos tratar de simular las implicaciones de una hipotética condonación de deuda. Desde los casi 40.000 millones que representaría el 20% del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a cerca de 60.000 millones si considerásemos el incremento de la deuda del sector desde la crisis, independientemente de que se haya cubierto con los fondos de liquidez del Tesoro o en el mercado de capitales.

Más allá de estos ejercicios especulativos, la negociación se antoja compleja. Pero una vez abierto el debate, el proceso debería servir para que el sector recupere su autonomía financiera. Y condonar el 20% del FLA es insuficiente para la vuelta generalizada a los mercados de las regiones. Es necesaria una mayor ambición a cambio de reforzar los compromisos con la estabilidad presupuestaria para evitar los incumplimientos reiterados de algunos gobiernos. Y se hace imprescindible un modelo de financiación que resuelva las debilidades y asimetrías que explican una parte del sobreendeudamiento de las comunidades.

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