Los sindicatos piden un incremento del salario mínimo hasta 1.273 euros brutos al mes, un 7,5% más

El Ministerio de Trabajo ha vuelto a convocar este año a una comisión de expertos a la que ha encargado que recomiende cuánto debería crecer el salario mínimo interprofesional (SMI) para ajustarse con el 60% del salario medio neto, de manera que el suelo retributivo no pierda poder adquisitivo ni ritmo de subida respecto al resto de retribuciones. Los sindicatos se han anticipado a esta recomendación y han emitido este martes su propuesta para cumplir con esas condiciones: UGT y CC OO piden que el SMI crezca en 2026 un 7,5%, hasta 1.273 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas. Son 89 euros más al mes que actualmente (1.184). Además, han insistido en que no pactarán un incremento del SMI si el Gobierno no evita que las empresas compensen el aumento con la absorción de pluses.

Esta propuesta de los sindicatos parte de la hipótesis de que este nivel retributivo tributará el año que viene, a diferencia de lo que sucede actualmente. Según los cálculos de los sindicatos, si la menor retribución posible deja de estar exenta de IRPF, para seguir suponiendo el 60% del salario medio neto debería subir ese 7,5%. Los representantes de los trabajadores defienden que ha llegado el momento de que el SMI tribute y por ello proponen un aumento de esas características.

Una de las particularidades de este año en el encargo de Trabajo a los expertos es que les ha pedido dos escenarios de incremento: con cuál se alcanzaría el 60% del salario medio si el SMI tributa y con cuál si no lo hace. Esta es una de las peleas habituales de los últimos años entre el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo. Dado que la incidencia del SMI es cada vez mayor entre los asalariados, por el fuerte incremento de los últimos años, más voces defienden que este nivel retributivo debería dejar de estar exento de IRPF. Esta es una tesis que coincide con el planteamiento actual de los sindicatos. CC OO ya lo defendió el año pasado y ahora también lo hace UGT.

El departamento de Yolanda Díaz se anticipó a la disyuntiva requiriendo el doble planteamiento a los expertos. Aunque la vicepresidenta segunda especificó en octubre que prefiere que el SMI no tribute, dijo que la que decisión compete al ministerio de María Jesús Montero. Esta posición choca con la de los últimos años, en los que Trabajo ha venido reivindicando su posición en el debate y solicitaba que no tribute. Preguntada este martes por esta propuesta de los sindicatos tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda no ha opinado sobre si el SMI debería tributar o no, pero sí ha avisado de que si lo hace la subida será importante. “Voy a pedirle a la comisión [de expertos] los dos cálculos. Los llevaré a la mesa de diálogo social. Si es con tributación, ya les digo que la subida va a ser relevante”, ha comentado Díaz.

La propuesta de los sindicatos elevaría el salario mínimo un 7,5%, el mayor alza desde el aumento de 2023, cuando el SMI se elevó un 8%. Aquel avance tan importante se justificaba en el acelerón de la inflación el año anterior por la invasión rusa de Ucrania (8,4% en el promedio anual). Sin embargo, ahora el promedio del aumento del Índice de Precios al Consumidor en lo que llevamos de año es del 2,6%.

En la presentación de la propuesta conjunta, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha defendido que el elevado planteamiento sindical se justifica en la probable tributación del SMI y en otros elementos, como la necesidad de “acercar” las retribuciones españolas al promedio europeo y para “cerrar” la brecha salarial entre hombres y mujeres. Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CC OO, Javier Pacheco, ha defendido que la ratificación de la Carta Social Europea compromete al Gobierno de España a que el SMI al menos se iguale con el 60% del salario medio neto. PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno con esta meta e incluso a fijarla por ley.

Freno a la absorción de pluses

Otro aspecto normativo que se ha abordado en la rueda de prensa es la exigencia sindical al Gobierno de que impida que las empresas puedan compensar el incremento del SMI mediante la eliminación a absorción de pluses. CC OO y UGT condicionaron su apoyo al incremento del año pasado a que el Ejecutivo cortase esta posibilidad, un aspecto que espanta a las patronales y que ya han advertido que impugnarán si se confirma. Tanto Luján como Pacheco han dejado claro que esa exigencia se mantiene y que, aunque converjan en la cifra, no pactarán con Trabajo si el Gobierno no fructifica este cambio por decreto. Este aspecto se está negociando en la mesa que aborda la trasposición de la directiva europea de salarios mínimos, una normativa que acaba de validar la justicia europea con una rebaja de su alcance.

La subida del salario mínimo es una buena noticia anual para el Ejecutivo, una política que no está sujeta a su habitual precariedad parlamentaria que sufren PSOE y Sumar. Al no requerir la convalidación del poder legislativo, cada año el Gobierno saca adelante la subida por decreto. A diferencia de la reducción de jornada, que fracasó en el Congresohace tres semanas, esta medida no chocará con el rechazo de la mayoría de derechas en el Parlamento.

Los últimos años Trabajo solo convence a los representantes de los trabajadores, con los empresarios en contra las subidas. La última que CEOE y Cepyme avalaron fue en el acuerdo de enero de 2020, que elevaba el SMI a 950 euros mensuales. Ese fue el primer incremento con Díaz como ministra de Trabajo.

Un 61% de incremento

El salario mínimo ha crecido un 61% desde 2018, año en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Entonces la menor retribución posible se situaba en 736 euros brutos al mes en 14 pagas. Tras la actualización de 2025 es de 1.184 euros brutos al mes, hasta igualar, según los cálculos del Gobierno, el 60% del salario medio de los españoles.

Hay varias estadísticas oficiales que condicionan la estimación de cuánto debería subir el SMI. Una de las principales es la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), que elabora el INE y cuyo último dato indica que las empresas dedican a salarios un 2,7% más que el año pasado. Tomando en cuenta el total de costes laborales, el incremento es del 3% interanual respecto al segundo trimestre.

Junto a la ETCL, la estadística salarial con menor decalaje temporal es la de convenios colectivos. A diferencia de la anterior, esta no mide la evolución de la masa salarial en sí, sino la variación de las tablas salariales recogidas en los convenios colectivos. Según el último dato disponible (octubre), estas retribuciones pactadas se han incrementado un 3,5%. Tomando en cuenta solo los convenios firmados a lo largo del año, el aumento escala hasta el 4,2%.