Hacienda convoca a las comunidades para definir el reparto del déficit y acelerar la presentación de los Presupuestos

El Ministerio de Hacienda ha convocado para el próximo lunes al medio día el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne al Gobierno y a las comunidades. El objetivo del departamento que dirige María Jesús Montero con el encuentro es dar a conocer a las autonomías su propuesta de reparto del déficit entre las diferentes administraciones públicas y, a su vez, intercambiar opiniones sobre la situación de la financiación autonómica y su posible reforma. La cita es uno de los pasos previos e imprescindibles antes de que el Ejecutivo apruebe en el Consejo de Ministros el techo de gasto y la senda fiscal, los dos pilares sobre los que se asienta la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Según avanzan fuentes de Hacienda y de las comunidades, en el encuentro se abordará la propuesta del ministerio sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las autonomías en el periodo 2026-2028. En el orden del día también se incluye una actualización del estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque fuentes del ministerio aseguran que no se llevará una propuesta cerrada.

Con la convocatoria, Hacienda busca acelerar un proceso presupuestario que acumula un retraso palpable respecto al calendario legal. La Constitución obliga a presentar el proyecto de cuentas antes del 1 de octubre, pero por tercer año consecutivo el Gobierno ha incumplido el plazo y, ya entrado el mes de noviembre, abre la puerta a una nueva posible prórroga de las cuentas de 2023, las últimas en ver la luz.

El reparto del déficit es una cuestión especialmente sensible tanto para el Ejecutivo central como para los gobiernos autonómicos, la mayor parte en manos del PP. Cada año, los cuatro subsectores que componen la Administración pública ―Administración central, comunidades autónomas, entidades locales y Seguridad Social― debe cumplir con unos límites fiscales que, en conjunto, conforman el déficit del Estado.

El año pasado, en la senda 2025-2027, Hacienda planteó un reparto que concedía un desequilibrio del 2,2%, del 1,8% y del 1,5% a la Administración Central para cada uno de los tres años. La Seguridad Social tenía asignado un déficit del 0,2% en cada ejercicio, mientras que las comunidades autónomas podrían llegar a uno del 0,1%. Para la cuadratura del círculo, las entidades locales se tendrían que mover en el equilibrio presupuestario o déficit cero. El objetivo era lograr unos números rojos conjuntos del 2,5%, del 2,1% y del 1,8% del PIB, respectivamente. La propuesta no superó entonces la votación en el Congreso, donde el PP, Vox y Junts hicieron frente común por distintos motivos. Queda por ver si el nuevo escenario que presente Hacienda contenta o no a los territorios (la mayoría en manos de los populares) y al partido independentista catalán, que asegura haber roto definitivamente con el Ejecutivo.

Sobre el papel, el Gobierno tiene las de ganar en el CPFF, ya que Hacienda solo necesita el voto a favor de al menos una autonomía para sacar adelante su propuesta, al margen de lo que suceda posteriormente en las Cortes. Se presupone que las pocas autonomías que hay en manos del PSOE validarán el plan de Hacienda, por lo que ese paso estaría asegurado.

Lo complicado llega después, una vez que la senda se eleva al Congreso, donde el Ejecutivo tendrá que hacer malabares para intentar lograr el apoyo necesario. El encuentro del lunes, además, se presupone tenso por el predecible rechazo de las comunidades del PP y el precedente que sentaron hace meses, cuando plantaron a la ministra Montero en el último encuentro, convocado para tratar la quita parcial de deuda autonómica.

Reforma de la financiación

El sexto punto del orden del día que Hacienda ha remitido a las comunidades incluye el “estado de situación de la reforma del sistema de financiación autonómica”. Hace dos semanas, el ministerio avanzó que trabajaba en una propuesta para sustituir las entregas a cuenta de las comunidades ―basadas en anticipos y liquidaciones con hasta dos años de desfase― por un sistema de pago inmediato que refleje en tiempo casi real los ingresos fiscales que les corresponden a las comunidades por tributos como el IRPF, el IVA o los impuestos especiales.

En paralelo, Hacienda lleva meses trabajando con la Generalitat de Cataluña en una propuesta de reforma que contente a los partidos soberanistas, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante cualquier reforma. Sin embargo, y pese a haber incluido ese punto en la convocatoria, fuentes de Hacienda aseguran que el lunes no se presentará ningún modelo cerrado que anticipe la posible financiación singular catalana.

La reforma del sistema de financiación es un clamor popular. El esquema actual se diseñó en 2009 con el objetivo de que se hubiese remodelado en 2014. Sin embargo, nada de eso sucedió y desde entonces arrastra serias carencias que han hecho de él un modelo caducado y completamente desfasado. A la infrafinanciación de territorios como la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía se le unen las demandas de Cataluña, que también reclama más recursos.

El Gobierno tiene la tarea hercúlea de crear un sistema capaz de reunir todas las sensibilidades y de contentar a todas las partes, algo que se antoja realmente difícil. Del sistema de financiación dependen los recursos de los que disponen los gobiernos regionales para sufragar los servicios públicos en los que tienen competencias, tales como la sanidad, la educación o la dependencia. La bolsa común se nutre con el dinero que van poniendo los territorios, por lo que su cuantía depende, entre otras cuestiones, de la política tributaria, en la que PSOE y PP difieren por completo. A ello se le suma el encaje ―que todavía debe concretarse― del conocido como cupo catalán, por el que la Generalitat recaudaría y gestionaría sus impuestos y recursos a cambio de una aportación para el resto de los territorios.