El Gobierno ve “poco probable” cumplir con el plazo de los Presupuestos y se arriesga a una nueva prórroga

Ya sea por cálculo político o por las dificultades que se está encontrando para lograr aunar mayorías estables en el Congreso, el Gobierno está apurando al máximo el calendario del que dispone para presentar en tiempo y forma el proyecto de ...

Ya sea por cálculo político o por las dificultades que se está encontrando para lograr aunar mayorías estables en el Congreso, el Gobierno está apurando al máximo el calendario del que dispone para presentar en tiempo y forma el proyecto de Presupuestos Generales del Estado del año 2026. El Ministerio de Hacienda se ha comprometido varias veces, la última este mismo miércoles, a llevar a las Cortes unas cuentas públicas tras dos años sin ni siquiera intentarlo. Sin embargo, para respetar los plazos legales, el Ejecutivo tendría que pisar el acelerador tan a fondo que la posibilidad de lograrlo se diluye a marchas forzadas y apunta a un nuevo incumplimiento.

La Constitución establece que el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior, es decir, el 30 de septiembre a más tardar. El paso de los días aprieta: para poder cumplir con el trámite previsto, Hacienda tendría que llevar el borrador de cuentas públicas al Consejo de Ministros del próximo martes, el último que queda antes de que comience octubre, salvo convocatoria imprevista de una reunión extraordinaria.

Aunque el ministerio ya ha activado el proceso presupuestario y ha cumplido con algunos de los hitos correspondientes, todavía quedan varias etapas por quemar, lo que convierte la posibilidad de cumplir con ese mandato constitucional en algo virtualmente imposible. Por eso, reconocen fuentes gubernamentales, el objetivo de llegar a tiempo es “poco probable”, lo que abre la puerta a una posible nueva prórroga. Sin embargo, recuerdan las mismas fuentes, ese incumplimiento con el plazo de octubre no impide que el Ejecutivo pueda tener aprobados los nuevos Presupuestos antes del 1 de enero de 2026.

Pero eso tampoco es sencillo. Aun en el caso de que el proyecto llegue a las Cortes, hay probabilidades de que no logre superar la votación en el Congreso. El Gobierno, consciente de estas dificultades, ha insistido en que no contempla convocar elecciones si el proyecto es rechazado.

La compleja liturgia presupuestaria, al menos en los años en los que en las Cortes se disponía de mayorías sólidas con más facilidad, suele comenzar a principios de verano. En esas semanas, el Gobierno debe empezar a hacer números para establecer tanto el techo de gasto, que actúa como base para confeccionar las cuentas, como la senda de déficit que deben repartirse los subsectores de las Administraciones públicas ―Administración central, comunidades autónomas, Seguridad Social y entidades locales―. El primero únicamente se comunica por parte del Ejecutivo, mientras que la senda fiscal debe aprobarse tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (que reúne a las autonomías) como en las Cortes.

En paralelo a este proceso, Hacienda debe publicar la orden ministerial de elaboración del Presupuesto, que es la que habilita a los diferentes departamentos y organismos que conforman el Gobierno a remitir sus propuestas de gastos e ingresos. Con esa amalgama de peticiones y números es cuando el ministerio puede empezar a diseñar el proyecto.

Una vez que estos pasos se han cumplido y el borrador de Presupuestos es una realidad, el Gobierno lo aprueba en el Consejo de Ministros y, posteriormente, lo eleva al Congreso para que comience el trámite y haya tiempo suficiente para examinarlo, enmendarlo y, si se da el caso, validarlo. “Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”, recuerda la Constitución, tal y como sucedió en 2024 y 2025 con las cuentas de 2023, las últimas en recibir luz verde.

La senda fiscal, el primer gran escollo

De todos los pasos que configuran el engranaje presupuestario, el Gobierno solo ha formalizado la publicación de la orden ministerial, aunque con algo de retraso respecto a lo que marca el calendario habitual. El 3 de septiembre, el Boletín Oficial del Estado recogió el documento que fija las directrices para los distintos ministerios y muestra las prioridades del Ejecutivo. Entre ellas se incluían por primera vez la política de defensa y militar y el apoyo a los sectores golpeados por la incertidumbre derivada de la guerra arancelaria. También, aunque en este caso es más habitual, se incidía en cuestiones como la vivienda o las políticas sociales.

Lo que todavía tiene que resolver el Ejecutivo antes de poder presentar el proyecto final es el límite de gasto no financiero ―conocido como techo de gasto― y la senda fiscal. Esta última, por ahora, supone el hueso más duro de roer debido a los enfrentamientos crecientes entre el Gobierno y Junts, sobre todo después de que la formación catalana tumbara recientemente, junto al PP y Vox, la reducción de la jornada laboral. Los objetivos de déficit, en esencia, reparten el desequilibrio en el que puede incurrir España en un año concreto. Es decir, establecen que el déficit —la diferencia entre ingresos y gastos— del conjunto del sector público no pueda superar un determinado umbral, fijado en el 2,5% del PIB para este año, en el 2,1% para 2026 y en el 1,8% para 2027.

En marzo de 2024, el Gobierno renunció formalmente a presentar proyecto tras el adelanto electoral en Cataluña, dando paso al primer año de la legislatura en el que se prorrogaron las cuentas de 2023. Meses después, en septiembre, cuando empezaba el trámite para intentar dar forma a las de 2025, el lío llegó a cuenta de la senda fiscal. Hacienda, que por aquel entonces tenía que manejar un corsé fiscal del 2,5% del PIB, propuso un 2,2% de desequilibrio para el Estado, un 0,1% para las comunidades autónomas y un 0% (equilibrio presupuestario) para las corporaciones locales. La Seguridad Social, por su parte, podría registrar un déficit de dos décimas. La senda fue rechazada hasta en dos ocasiones por el PP, Vox y Junts, lo que cerró la puerta a unas nuevas cuentas y provocó la segunda prórroga.

Este miércoles, Junts insistió al Gobierno en que no habrá Presupuestos de 2026 “sin cumplir” con Cataluña, y recordó que ya tumbó la senda fiscal el año pasado. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, replicó que mantiene su intención de presentar un nuevo proyecto en el Congreso y garantizó que “será bueno” para la Generalitat.

El techo de gasto, por su parte, no presenta grandes complicaciones. El Ejecutivo revisó la semana pasada sus previsiones económicas y elevó el crecimiento del PIB en una décima para este año, hasta el 2,7%. El buen ritmo macroeconómico, junto con unos datos recaudatorios que no hacen más que crecer, da pie al Gobierno a proyectar un límite de gasto no financiero que sea récord y que permita diseñar un proyecto de cuentas expansivo.