Las empresas ya aplican retenciones por IRPF a los trabajadores que cobran el salario mínimo

Las empresas ya han empezado a practicar las retenciones correspondientes en las nóminas de los trabajadores que cobran el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), cuya subida fue aprobada a mediados de febrero por el Gobierno. Con carácter retroactivo para todo 2025, la renta más baja legalmente se sitúa en los 16.576 euros anuales en 14 pagas (1.184 euros al mes), una mejora bruta de 700 euros por e...

Las empresas ya han empezado a practicar las retenciones correspondientes en las nóminas de los trabajadores que cobran el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), cuya subida fue aprobada a mediados de febrero por el Gobierno. Con carácter retroactivo para todo 2025, la renta más baja legalmente se sitúa en los 16.576 euros anuales en 14 pagas (1.184 euros al mes), una mejora bruta de 700 euros por ejercicio respecto al suelo retributivo previo. Sin embargo, como el incremento no vino acompañado de una actualización del mínimo exento del IRPF —como sí había sucedido en los aumentos anteriores—, los beneficiados por la mejora del SMI tienen que tributar en este impuesto por primera vez a través de las retenciones, que son unos pagos a cuenta que el empleador descuenta del salario para ingresarlos en Hacienda. Y eso ya está sucediendo: “Las nuevas retenciones ya se están reflejando en las nóminas”, explican varias fuentes conocedoras.

Los empleadores actúan en cierta forma como intermediarios entre los trabajadores y la Agencia Tributaria, por lo que están obligados a practicar retenciones en el IRPF a partir de un mínimo que actualmente está fijado en los 15.876 euros, una cuantía que se corresponde con el antiguo SMI. De esta forma, las empresas garantizan el adelanto del impuesto sobre la renta de las personas físicas de forma progresiva y periódica. Lo hacen mensualmente cuando son grandes compañías y trimestralmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Esta obligación, establecida en la ley del IRPF, permite que Hacienda obtenga ingresos de manera anticipada y evita que los contribuyentes tengan que afrontar posteriormente un pago elevado en su declaración anual.

Por lo general, apunta Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, los empleadores ya han empezado a practicar estas retenciones a partir del mes de marzo, ya que en febrero, dado el poco margen de maniobra tras la publicación del nuevo SMI en el Boletín Oficial del Estado, algunas podrían no haber tenido tiempo para efectuar las modificaciones correspondientes.

“En teoría, las correcciones deben aplicarse automáticamente tras la entrada en vigor del nuevo SMI, pero existe un proceso de regulación que da margen adicional a los empleadores por si no hubieran podido adaptarse al cambio en el tiempo previsto”, señala Santiago Ollero. “Nosotros hemos empezado a partir de marzo, dado que trabajamos con varias pymes y era más complicado a nivel operativo efectuar los cambios inmediatamente”, apuntan desde una consultora especializada en gestión de nóminas. “Las actualizaciones de retención y salario tras la subida del SMI ya se están reflejando en nómina”, corrobora Isabel Briz Tomey, consultora laboral, fiscal y legal en SD Worx Spain. Aunque en el caso de esta empresa de gestión de recursos humanos, el cambio comenzó a aplicarse ya en febrero.

La última subida del SMI, que ha escalado un 61% entre 2018 y 2025, ha beneficiado a cerca de 2,5 millones de trabajadores en España. Sin embargo, dado que la mayor parte de ellos puede acogerse a las deducciones previstas en el impuesto por la situación personal y familiar, los afectados por las retenciones son apenas el 20% de los perceptores, es decir, unos 540.000 contribuyentes que están solteros y no tienen hijos. En este caso, han empezado a tributar por los 700 euros que separan el mínimo exento vigente del nuevo suelo salarial, con una retención anual que será de 300 euros (unos 21 euros menos en cada una de las 14 pagas).

Los gestores administrativos explican que, dado que el SMI se aprobó en febrero con efectos retroactivos para todo el año 2025, las retenciones aplicadas a partir de marzo tienen que recalcularse para compensar los pagos a cuenta que no se aplicaron en los dos primeros meses del año. “Por eso, lo normal es que los importes retenidos ahora estén siendo algo más elevados de lo que en teoría correspondería”, prosigue Santiago Ollero. En este punto incide Briz Tomey: “Como estos pagos se calculan teniendo en cuenta los rendimientos íntegros que el trabajador percibiría durante el año natural, y el SMI tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero, la regularización de las retenciones debe hacerse en concordancia con el nuevo salario anual previsto”. Eso lleva a que las empresas estén obligadas a regularizar las retribuciones satisfechas y abonar los atrasos, por un lado, y a practicar la regularización de las retenciones calculadas, por el otro.

A la espera de las negociaciones

La actualización del SMI se aprobó en el Consejo de Ministros del 11 de febrero y se llevó inmediatamente al BOE para su entrada en vigor. Sin embargo, lo que debería haber sido una buena noticia para el Gobierno quedó empañada por las disputas internas entre los dos socios de la coalición, un choque que sigue abierto y que está a la espera de ver cómo concluye. Mientras que Sumar exige una nueva actualización de los mínimos exentos del IRPF por “justicia fiscal”, el PSOE defiende que los perceptores ya deben empezar a tributar. Según argumenta el Ministerio de Hacienda, la decisión no persigue un aumento de la recaudación, sino evitar una caída de los ingresos. Y es que, insiste Hacienda, adecuar el IRPF al SMI implicaría tener que modificar el impuesto a gran escala para evitar errores de salto en los tramos de ingresos inmediatamente posteriores al salario mínimo. Eso supondría una merma en la recaudación pública de entre 1.700 millones y 2.000 millones de euros, según cálculos del ministerio.

En Sumar —y en el resto de socios de la izquierda— sostienen que la justifica fiscal “empieza por los de arriba” e insisten en buscar fórmulas alternativas con Hacienda para eximir de tributar a los perceptores del SMI. El socio minoritario, cuando el debate estaba más candente, presentó una propuesta de ley en el Congreso para lograr este fin. Algo similar hicieron en Podemos y en el PP. De hecho, el líder de la oposición amenazó con votar junto a Sumar y los socios de izquierdas para tumbar la decisión del PSOE. Los decibelios dentro de la coalición han bajado en las últimas semanas, pero por el momento, trasladan fuentes de los dos socios, no hay contactos para tratar el tema.

¿Qué sucedería con las retenciones que ya se han adelantado si finalmente se opta por eximir del IRPF a los trabajadores que cobran el SMI? Los gestores administrativos explican que, en ese caso, es probable que los contribuyentes tuviesen que presentar la declaración de la renta en 2026 —los asalariados con un pagador y que cobran menos de 22.000 euros al año no están obligados a hacerlo— para recuperar lo pagado de más. Otras fuentes tributarias consultadas señalan que, en ese escenario, se podrían aprovechar las siguientes nóminas para ajustar las retenciones previas. Otra posibilidad sería que las retenciones practicadas “se devolvieran a través de otro ajuste o regularización en la nómina” o que hubiese “devoluciones directas de los importes retenidos”, sugiere Briz Tomey.