El estatuto del becario y la reforma del despido, los siguientes retos de Trabajo tras aprobar la reducción de jornada
La Seguridad Social, tras aprobar más incentivos a demorar la jubilación, anticipa cambios para fomentar la reincorporación voluntaria al mercado laboral de quienes quieran volver del retiro
El principal eslogan del pacto de Gobierno de PSOE y Sumar, la reducción de la jornada ordinaria a 37 horas y media, ya ha recibido el refrendo del Consejo de Ministros, tras semanas de conflicto ...
El principal eslogan del pacto de Gobierno de PSOE y Sumar, la reducción de la jornada ordinaria a 37 horas y media, ya ha recibido el refrendo del Consejo de Ministros, tras semanas de conflicto entre Trabajo y Economía. Una vez superado este trámite, la siguiente meta es un endiablado debate parlamentario. Según dijo este martes el número dos del Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, “a finales de este mes o principios del próximo espero que ya pueda estar en manos de sus señorías”. A la espera de qué medidas toma el Gobierno para convencer a los grupos políticos, con todas las miradas sobre Junts y el PP, la agenda del ministerio va más allá de la contracción del tiempo de trabajo: persigue la aprobación del estatuto del becario, abrirá la negociación para reformar el despido y abordará la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos.
Pérez Rey destaca el Estatuto del Becario como el proceso legislativo “más prioritario”. Este acuerdo del Ministerio de Trabajo y de los sindicatos (rechazado por patronales y rectores), presentado en sociedad en junio de 2023, aún no aplica por la oposición de la parte socialista del Gobierno. La Moncloa y Economía dijeron que le faltaba “trabajo técnico” y que el texto acordado estaba “verde”. La norma ya ha iniciado su trámite parlamentario, pese a que aún no hay consenso al respecto entre PSOE y Sumar.
“Ya hemos dado pasos, como la audiencia y consulta pública. Una vez despejado el anteproyecto de la reducción de jornada, continuaremos con el estatuto, que es un compromiso pendiente de la anterior legislatura pero renovado en el acuerdo de coalición. Un compromiso del que también se ha hecho cargo el presidente del Gobierno”, indicó Pérez Rey en la rueda de prensa en la que analizó los datos de afiliación y paro registrado. Añadió que los trabajos están “avanzadísimos” y que “rápido y en la mayor brevedad hablaremos del estatuto”.
Cambios en el despido
Ante preguntas directas al respecto, el secretario de Estado de Trabajo también habló de la reforma del despido, “un compromiso del acuerdo de coalición”. Según recoge el programa de PSOE y Sumar, la promesa de los partidos es proteger mejor ante modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo; revisar las causas de los ceses; y “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea”.
Ese último punto, que interpela a la indemnización por despido improcedente, es el que más resistencia despierta en la patronal y dentro del propio Gobierno (Economía rechaza el cambio). “Ha habido dos reclamaciones colectivas sobre esto, una que conocemos y otra por conocer”, subrayó Pérez Rey. Se refiere a las reclamaciones de los sindicatos ante el Consejo de Europa porque consideran que la normativa española de despido no cumple la Carta Social Europea. Estrasburgo ya ha dado la razón a UGT e incluso ha requerido a España que emprenda una reforma, y también ha resuelto sobre una reclamación parecida de CC OO, pero aún no ha trascendido esa decisión. Este organismo europeo considera que España no cumple la Carta Social Europea, ya que el texto reconoce “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y el máximo de 33 días por año del sistema tasado español, interpretaba UGT y coincidió el Consejo de Europa, no siempre es adecuado o reparador. Al estar tasadas en días, las indemnizaciones por ceses improcedentes pueden ser escasas si la relación laboral ha sido corta.
“A partir de ahí tenemos que hacer una reflexión sobre cómo funciona un régimen de despido como el nuestro, que es básicamente indemnizatorio. Es poco disuasorio y poco reparatorio del daño real que sufre el trabajador injustamente despedido”, comentó Pérez Rey, que anticipó : “Hay que hacerlo no solo con el sosiego suficiente para llegar a una buena solución legislativa, sino también para tener en cuenta que tenemos que dar cumplimiento efectivo a la Carta Social Europea. El compromiso del ministerio es absoluto”. En esa línea, el secretario de Estado agregó: “Tenemos que empezar a trabajar, seguramente con la ayuda de los expertos, en saber cuáles son las consecuencias concretas de la doctrina del Comité Europeo de Derechos Sociales”.
No mencionó la reciente decisión del Tribunal Supremo, en la que cierra la puerta a las indemnizaciones adicionales por daños que venían otorgando distintos juzgados ante despidos improcedentes. Los sindicatos subrayan que el propio Consejo General del Poder Judicial reconoce que en esa decisión no se ha tomado en cuenta la ratificación de la Carta Social Europea “por la fecha en la que se ha producido el despido examinado”, por lo que consideran que el debate judicial sigue abierto.
Por último, Pérez Rey ha subrayado el compromiso de su ministerio en abrir una mesa de diálogo social para abordar la trasposición de la directiva europea de salarios mínimos. “A finales de marzo o en abril intentaremos empezar”.
Jubilación flexible
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, una vez conseguida la tercera reforma de las pensiones del Gobierno de coalición (con el apoyo del PP), también mira a nuevos cambios estructurales. “En el encuentro de la semana pasada con sindicatos y patronal también se habló de pensiones”, indicó este martes, en referencia a la reunión sobre incapacidad temporal. “Son aspectos a los que no pudimos prestar atención en el proceso de 2024, la jubilación flexible”. Esto es abordar el caso de personas jubiladas que quieran volver a trabajar, la reincorporación voluntaria al mercado laboral.
“Nos falta dar una respuesta normativa a quien se ha jubilado y un tiempo después quiere volver a trabajar, reactivarse de nuevo, y que ahora tiene una regulación claramente obsoleta. Es un asunto al que dedicarnos”, explicó Suárez. La última reforma, recién aprobada, se centra en ofrecer incentivos a aquellas personas que opten por demorar su jubilación. Este nuevo paso en el horizonte consistiría en reenganchar a personas ya jubiladas, compatibilizando sueldo y pensión. “Me pongo poético, pero la Seguridad Social es un ser vivo. Hay que seguir haciendo cosas”, finalizó Suárez.