El Gobierno asume que no podrá presentar el proyecto de presupuestos de 2025 hasta después de Reyes

El Gobierno ha asumido que ya no tiene tiempo material para poder presentar el nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes de que termine el año. En consecuencia, el Ministerio de Hacienda no tendrá más remedio que prorrogar de nuevo los de 2023 durante los primeros meses del próximo año y llevar al Congreso a partir de enero su propuesta presupuestaria para 2025 con el fin de encauzar lo que queda de legislatura. En el mejor de...

El Gobierno ha asumido que ya no tiene tiempo material para poder presentar el nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado antes de que termine el año. En consecuencia, el Ministerio de Hacienda no tendrá más remedio que prorrogar de nuevo los de 2023 durante los primeros meses del próximo año y llevar al Congreso a partir de enero su propuesta presupuestaria para 2025 con el fin de encauzar lo que queda de legislatura. En el mejor de los escenarios habría un retraso de tres meses respecto a lo que marca la Constitución, aunque todo indica que será incluso mayor. Las trabas que está encontrando el Gobierno para intentar sacar adelante el techo de gasto y la senda de déficit, junto a la demora que ha sufrido la reciente aprobación de la reforma fiscal por la dificultad para atar los apoyos, explican esta dilación del calendario. La debilidad parlamentaria del Ejecutivo está dificultando la tramitación de muchas normas y amenaza con complicar la ley presupuestaria. Por ese motivo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trabaja en recabar el máximo respaldo político de los partidos de investidura antes de presentar el proyecto.

En un principio, el Ejecutivo exploraba la posibilidad de llevar el proyecto de presupuestos a las Cortes antes de que terminara el año en curso y extender momentáneamente las cuentas de 2023 a la espera de recibir la luz verde definitiva. De hecho, oficialmente, desde Hacienda no descartan todavía esta posibilidad y afirman que el objetivo del ministerio es presentar el plan “cuanto antes”. Otras fuentes gubernamentales, sin embargo, admiten que ya no da tiempo y que no queda otra que esperar al año próximo para iniciar todo el proceso. También lo aseguran dos interventores y auditores del Estado consultados. “Es imposible que dé tiempo”, recalcan.

La aprobación de unos presupuestos requiere de diferentes etapas, y en todas ellas el Gobierno tendrá que hacer encaje de bolillos para intentar lograr los apoyos necesarios de los socios parlamentarios, lo que retrasará todavía más el trámite. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera detalla que el primer paso es la aprobación de los objetivos de estabilidad (límites de déficit y deuda pública) para las distintas administraciones y del límite de gasto no financiero, conocido comúnmente como techo de gasto. Estas son las cifras esenciales sobre las que descansan los pilares de las cuentas y suponen el pistoletazo de salida para todo proceso de este tipo, que a estas alturas del año ya debería estar liquidado.

A partir de aquí, una vez que la senda y el techo de gasto han recibido el aval, el Gobierno debe aprobar en Consejo de Ministros su proyecto de cuentas públicas y elevarlo a las Cortes Generales al menos tres meses antes de la expiración de las del año anterior, según establece la Constitución. Toda esta sucesión de pasos va con un retraso manifiesto y en el Ejecutivo asumen que lo que tendría que haberse aprobado como tarde el 30 de septiembre verá la luz, en el mejor de los casos, a partir de enero, más de tres meses después.

El gran problema para el Gobierno ha sido el camino de obstáculos que se ha encontrado hasta la fecha en el trámite de la senda fiscal, y que por ahora no ha logrado solventar. Todo empezó en diciembre del año pasado, también con varios meses de retraso debido a las elecciones del 23 de julio y las dificultades para formar Gobierno. En aquel entonces, Hacienda trató de poner en marcha la liturgia presupuestaria de las cuentas de 2024: llevó el techo de gasto a un nuevo récord y comunicó a las comunidades y corporaciones locales los objetivos de déficit. Este plan pasó el trámite del Congreso, pero fue tumbado después en el Senado gracias a la mayoría que allí ostenta el Partido Popular, por lo que el proceso quedó en punto muerto. Semanas después, ya con los presupuestos prorrogados, el Gobierno renunció a las cuentas de 2024 y, de cara a salvar las de 2025, coló en la Ley de Paridad —aprobada en junio— una enmienda que eliminaba la capacidad de veto del Senado y que permitiría que la senda planteada entrara en vigor con la mayoría simple del Congreso, a priori asegurada por los socios de la investidura. La extensión presupuestaria de un ejercicio completo es una anomalía en la historia democrática —también pasó en 2020, en pandemia—. Durante el mandato de Mariano Rajoy, hubo varias prórrogas porque el PP se demoró varios meses en presentar y tramitar el proyecto, pero al final logró sacar adelante la guía económica todos los ejercicios.

Sin embargo, cuando parecía que todo estaba encarrilado y que podría sacar adelante la nueva senda fiscal, Hacienda sufrió otro gran revés. El pulso entre el PSOE y Junts había ido cogiendo fuerza tras los resultados de las elecciones catalanas de mayo y, en julio, el partido de Carles Puigdemont bloqueó —junto a PP y Vox— los objetivos de déficit, esta vez en la Cámara baja. Así, el Gobierno se encontró con un nuevo rechazo de los objetivos de estabilidad en el Congreso y se vio obligado a negociar con Junts su apoyo, algo que todavía sigue en el aire.

La última senda propuesta por el Gobierno establece que los números rojos del conjunto del sector público no puedan superar el 2,5% del PIB en 2025 para cumplir con los objetivos de Bruselas. El reparto establece un desfase del 2,2% para el Estado, uno del 0,2% para la Seguridad Social, otro del 0,1% para las comunidades autónomas y un equilibrio presupuestario (o déficit cero) para las entidades locales. El problema es que Junts exige más margen fiscal para las autonomías, que previsiblemente debería perder la Administración Central. Hacienda está negociando con la formación catalana este asunto para intentar desbloquear cuanto antes la senda. En un principio, Junts había exigido un déficit para los territorios del 0,8% del PIB frente al 0,1% propuesto por el ministerio. Según fuentes conocedoras, las dos partes estarían dispuestas a flexibilizar su postura, por lo que podrían llegar a un consenso intermedio en los próximos días.

Sin embargo, una vez que esto se logre, Hacienda tendrá que pactar con el resto de socios de la investidura la composición y el diseño de las cuentas públicas, algo que, reconocen desde el Gobierno, también dilatará el proceso. Para muestra está la dura y agónica negociación que giró en torno a la reforma fiscal durante las últimas semanas, y que culminó en un acuerdo sobre mínimos que se consiguió sobre la bocina la semana pasada. Aunque la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó hace unos días que esa negociación era más difícil que la presupuestaria, las fuentes del Ejecutivo anticipan otra vez una discusión a carra de perro con los socios de la investidura para poder aprobar el proyecto de presupuestos.