Apple tendrá que devolver 14.000 millones por impuestos a Irlanda tras perder la batalla judicial con Bruselas
El TJUE ratifica la decisión de la Comisión Europea al considerar que la exención aplicada por Dublín era una ayuda de Estado ilegal
La gran batalla de más de 14.000 millones entre Bruselas contra Apple e Irlanda ha caído del lado de la primera. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado la razón a la Comisión Europea y obliga a la empresa tecnológica a devolver los 13.100 millones en impuestos más otros 1.200 millones en intereses al fisco irlandés, que le había eximido de pagarlos gracias al régimen fiscal que le aplicó entre 2007 y 2024. La sentencia, conocida este martes, tumba el fallo anterior del Tribunal General de la UE y zanja definitivamente la contienda.
Justo un día después de que el gigante tecnológico celebrara uno de esos lanzamientos de sus productos -en este caso el iPhone 16- que tienen al mundo pendiente, ha recibido la mala noticia. Los dos acuerdos fiscales que celebró con Irlanda, su sede europea está en Cork, en 1991 y 2007 no se ajustaban a derecho por ser “una ayuda de Estado ilegal incompatible con el mercado interior”, según argumentaba en 2016 la Comisión Europea y ha ratificado el TJUE.
El fallo del alto tribunal europeo supone un varapalo muy grande a Irlanda, el Estado miembro que concedió a Apple la posibilidad de pagar menos impuestos en territorio UE y que suele llegar a acuerdos fiscales de este tipo con las grandes tecnológicas (de Estados Unidos y otras partes, como China) para atraerlas al país. También lo hacen otros como Luxemburgo o Países Bajos, aunque los resultados de la contienda jurídica no están cayendo siempre del mismo lado.
En este caso, lo que hacen los magistrados de Luxemburgo, donde está la sede del TJUE, es ratificar que el razonamiento de la Comisión Europea. El departamento de Competencia del Ejecutivo argumentaba que Irlanda no podía excluir de pagar impuestos a dos filiales de Apple, con sede fiscal en Estados Unidos, por la gestión de la propiedad intelectual de varios productos de la firma californiana. Eso suponía una ayuda de Estado ilegal que había ascendido a más de 13.000 millones de euros y Dublin tenía que recuperar ese dinero, más los intereses correspondientes.
Ya hace nueve años que el poderoso departamento de Competencia de la Comisión Europea puso en marcha esta pelea al concluir que el régimen fiscal que Irlanda aplicaba a Apple eran ayudas de Estado. Abrió entonces una investigación que concluyó en 2016 declarando que entre 1991 y 2014 el gigante tecnológico estadounidense se había beneficiado de una situación tributaria que distorsionaba la competencia.
A diferencia de otros litigios contra grandes tecnológicas, el dinero que Bruselas exige a Apple no es una multa. No, al menos, como lo es la de 2.424 millones que también este martes el TJUE ha ratificado a Google. Se trata de la devolución de impuestos no pagados, pero, en cambio, es la reclamación más alta que ha habido hasta el momento. Otras sanciones mil millonarias (sobre Google pesa otra de más de 4.000 millones pendiente de resolución en el TJUE) son multas por abusar de posición dominante. La decisión de Bruselas sobre Apple en 2016 provocó que el Tesoro de Estados Unidos acusara al Ejecutivo comunitario de autoconsiderarse una “autoridad fiscal supranacional”.
La falta de armonización fiscal entre los Estados miembros es uno de las carencias del mercado interior de la UE. Eso permite tratamientos tributarios distintos a las empresas en los Estados miembro e, incluso, una competencia fiscal a la baja entre países para atraer sedes de multinacionales y, por extensión, los beneficios que conlleva: empleo, recaudación o efectos tractores sobre la economía (investigación, formación...).
Para evitar esa carrera entre países y mantener el juego limpio –y al mismo tiempo lograr cierta armonización fiscal por una vía indirecta– Bruselas emprendió hace años una batalla contra este tipo de regímenes fiscales. Hasta ahora, la pelea del Ejecutivo comunitario se ha saldado con más derrotas que victorias: una de ella fue, por ejemplo, el tratamiento que Luxemburgo daba a Fiat (ahora parte del grupo automovilístico Stellantis). En noviembre, el TJUE dio la razón a la empresa y al Gran Ducado y anuló la reclamación de la Comisión de que se recuperaran 30 millones de euros en impuestos no pagados. El mismo destino corrió, esta vez en el Tribunal General, una reclamación sobre Starbucks y los Países Bajos, aunque esta decisión no es firme.