El Gobierno alcanza un principio de acuerdo con los sindicatos sobre la cotización de los antiguos becarios

La negociación para definir el nuevo marco en el que antiguos estudiantes e investigadores que hayan realizado prácticas no remuneradas puedan comprar las cotizaciones correspondientes a esos periodos para que estas cuenten a la hora de calcular su pensión ha dado este lunes un nuevo paso, y su resolución está, prácticamente, vista para sentencia. Representantes del Ministerio de Seguridad Social y agentes sociales han revisado este lunes la propuesta planteada la semana pasada por el departamento que dirige Elma Saiz, y han acordado llevar a cabo una serie de modificaciones con las que esperan dar carpetazo a la polémica generada por la orden ministerial aprobada en mayo que soliviantó a la comunidad científica. Así, el nuevo texto amplía el tiempo para poder hacer frente al pago de estas cotizaciones, que pasa de cinco años a siete; y agranda también la ventana temporal para la suscripción del convenio especial que regule estas incorporaciones de tres años y medio a cuatro y medio.

Los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, han anunciado mediante un comunicado conjunto que suscriben los últimos cambios, y que con ellos se consolida “un principio de acuerdo verbal” con el Gobierno. Sin embargo, el escaso margen de tiempo que existe para que entre en vigor la orden ministerial que contiene el texto ahora reformado —lo hará el próximo sábado, 1 de junio—, impide que estas correcciones vayan a entrar a tiempo. Por ello, ambos sindicatos, a la espera de recibir la propuesta definitiva del Ministerio, y ante el escaso margen de tiempo existente, recomiendan a las personas afectadas que “siempre que sea posible”, esperen a solicitar la suscripción del convenio especial “hasta que se formalice la tramitación de la nueva regulación”. Del mismo modo, solicitan al departamento que dirige Elma Saiz que prevea facilitar esa posibilidad a quienes puedan tener que acceder a la jubilación en ese periodo temporal.

Estos últimos cambios son fruto de la resistencia ejercida por los sindicatos, quienes tras conocer la propuesta inicial del Ministerio —que recibieron grosso modo de buen grado—, señalaron que alguno de sus puntos debía ser “perfilado”. El núcleo de la proposición del Gobierno se mantiene estable: la base de cotización de referencia para el pago será la correspondiente al año en el que tuvieron lugar las prácticas y no la de 2024 (lo que, según cálculos del sector, elevaba hasta los 17.000 euros cada año recuperable); y la posibilidad de rescatar íntegramente cinco años, también en los casos en los que, de acuerdo con la regulación de 2011 —que permitía esta asimilación para las prácticas remuneradas—, ya se hubiesen rescatado dos años, lo que eleva el horizonte hasta los siete. Además, se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de 2028. Fuentes de la negociación detallan que, se mantendrá “la cuota del año a rescatar con el coeficiente reductor que proceda de los convenios especiales y sin actualización”.

Con estas modificaciones se corrigen los parámetros de la orden ministerial aprobada por el Gobierno el 1 de mayo —y que estaba previsto que entrase en vigor el 1 de junio—, que el colectivo de científicos consideraban más “lesivos”. Sin embargo, no se asume otra de sus demandas, como la de que la parte a abonar por cada persona sea exclusivamente la correspondiente al trabajador y no la de la empresa, que en la mayoría de los casos eran administraciones públicas. Advertían un trato desfavorable en este sentido, poniendo de ejemplo al personal interino de la Administración de Justicia, a quienes en 2021 se les permitió reconocer el tiempo trabajado sin cotización con esta exención.

A pesar de que los años rescatables se hayan ampliado hasta los siete, los científicos, concretamente la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) pedía una solución para aquellas personas que acumulan hasta 16 años, en casos muy extremos, de periodos de prácticas no remuneradas. Esta demanda no es ajena para los sindicatos, que en su comunicado instan al Ministerio a “buscar medidas en paralelo al convenio que puedan garantizar la plena cobertura de las lagunas de cotización”, y recuerdan que la definición de este horizonte temporal de siete años “en ningún caso supone la renuncia a la legítima reivindicación” de aquellas personas con periodos más pronunciados.

Asuntos pendientes

El Ministerio ha informado de que en la reunión también se ha abordado la situación de los fijos discontinuos y el procedimiento para establecer coeficientes reductores en las ocupaciones especialmente penosas (los nuevos parámetros objetivos para que estos trabajadores puedan adelantar su jubilación), entre otros asuntos.

Fuentes de la negociación recuerdan que la resolución final de esta mesa de pensiones se llevará a cabo de forma global, y no por partes. Esto es, no se dará por finiquitada hasta que todos los aspectos que se están negociando en ella sean abordados. Y, debido a la necesidad de corregir el apartado de la compra de cotizaciones lo antes posible, otros asuntos, como el rediseño de la jubilación parcial y el contrato de relevo, siguen estando verdes. La mesa ha quedado en volver a reunirse el próximo 10 de junio.

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