Cien académicos piden a Díaz que priorice la salud mental en la prevención de riesgos laborales

El 12 de febrero se celebró la primera reunión de los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo para revisar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno a “actualizar” esta normativa, un horizonte ante el que un centenar de expertos en la materia han fijado posición. Lo han hecho en ...

El 12 de febrero se celebró la primera reunión de los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo para revisar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno a “actualizar” esta normativa, un horizonte ante el que un centenar de expertos en la materia han fijado posición. Lo han hecho en una carta que enviaron al Ministerio de Trabajo el 3 de noviembre y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Los académicos piden una mejor protección frente a los riesgos psicosociales, la prevención del cáncer de origen profesional, más atención a las amenazas de los algoritmos y la inteligencia artificial (IA), afrontar los retos asociados al cambio climático y una mejor perspectiva inclusiva y de género.

La iniciativa ha sido liderada por especialistas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social o materias relacionadas de la Universidad Carlos III de Madrid (Manuel Correa y Ana Belén Muñoz), de la de Santiago de Compostela (Silvia Fernández y Lourdes Mella), de la de Jaén (Cristóbal Molina), de la de Barcelona (Pilar Rivas), de la de València (Adrián Todolí) y de la Jaume I (Francisco Trujillo), así como por el investigador independiente Iván Williams Jiménez y la extrabajadora de la Organización Internacional del Trabajo María Luz Vega. Ellos y otros 90 expertos, la mayoría de otras universidades de todo el país, firman la carta que ha recibido Trabajo.

En el texto indican que la norma en vigor, que data de mediados de los años 90, es “un marco normativo de referencia a nivel europeo”, pero a la vez consideran que España “no debe caer en la trampa de la complacencia”. Por ello, abogan por “un sistema normativo de prevención de riesgos laborales más pragmático, progresivo, inclusivo y acorde a los tiempos y modelos productivos actuales”.

Para que esa revisión encaje con los nuevos retos del mercado laboral, los expertos destacan varias prioridades: “La prevención del cáncer de origen profesional, la gestión de los riesgos químicos, la necesidad de mejoras en los sistemas y prácticas de la salud ocupacional, los trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, los trastornos de la salud mental vinculados con el trabajo, la gestión inadecuada de los riesgos psicosociales, una auténtica perspectiva de género en la salud laboral o la invisibilidad que la seguridad en el trabajo tiene en muchas empresas”.

Consejos para mejorar

Los firmantes concretan varias recomendaciones, como una mejora de las garantías de efectividad del cumplimiento de la ley. Para ello aconsejan exigir a las empresas que contraten con la Administración pública requisitos plasmados en cláusulas sociales en materia de prevención de riesgos laborales; una mejora de los servicios públicos de prevención; o primas de cotización variables en función del índice de siniestralidad de las empresas. También reclaman dotar de más recursos a la Inspección, en línea con lo que viene reclamando la plantilla del organismo, que mantiene un conflicto laboral con el Ejecutivo (de momento congelado). “Resulta necesario reforzar la capacidad de la actuación inspectora para adaptar su contenido a la complejidad asociada a las nuevas formas de trabajo”, dicen los firmantes. Los expertos también solicitan la integración de la prevención de riesgos laborales de las pequeñas y medianas empresas (las protagonistas del tejido productivo español).

Asimismo, ponen el foco en los riesgos psicosociales. Creen que un modelo “idóneo” puede ser el que se está implantando Australia, “a través del desarrollo de códigos prácticos sobre la gestión de riesgos psicosociales en el trabajo, lo que obliga a las empresas a establecer medidas de control”. También recomiendan la creación de un servicio de intermediación autonómico. “Su principal fin sería proporcionar asesoramiento y apoyo técnico, tanto a las personas trabajadoras como a las empleadoras de las microempresas y las pymes”.

“Un mercado laboral global y cambiante como el actual”, añaden en la misiva, “tiene claras repercusiones en la salud y la seguridad en el trabajo”. Se refieren a la evolución demográfica, el cambio climático o la introducción de nuevas tecnologías (inteligencia artificial, gestión algorítmica...). “La prevalencia de este nuevo tipo de riesgos obliga a que la legislación en seguridad y salud laboral sea proactiva y esté en constante revisión. Se recomienda la adopción de un enfoque más estratégico a largo plazo, en el que la comunidad académica pueda apoyar la elaboración de políticas públicas”.

Los expertos piden garantías para que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la desconexión digital y que se les proteja del acoso “derivado de los sistemas reputacionales actualmente usados por las empresas”. También ponen el foco en el teletrabajo y sus posibles consecuencias negativas, “como la excesiva conexión, la difuminación de las fronteras entre la vida laboral y la privada, una mayor intensidad del trabajo o el estrés tecnológico”.

Además, los expertos piden “poner fin a la indefensión que sufren los autónomos sin trabajadores a su cargo o aquellos económicamente dependientes” y “hacer frente a las desigualdades por razón de sexo en la salud ocupacional”. En este segundo apartado requieren “superar la cultura predominante de la prevención androcéntrica, que prioriza (aun de manera indirecta) los riesgos de trabajo relacionados con puestos ocupados mayoritariamente por hombres”. En la misma línea, solicitan “mayor atención institucional” en la mejora de las condiciones de trabajo de los grupos sociales más vulnerables, “como son los migrantes, jóvenes, LGBTQI+, de bajo estatus socioeconómico o de nivel educativo limitado, de edad más avanzada, con enfermedades crónicas y las que viven en zonas rurales y alejadas”.

¿Qué dice el programa de Gobierno?

Algunas de estas demandas ya se recogen en el programa de Gobierno de PSOE y Sumar, pero con menor concreción de la planteada por los firmantes de la carta. Los partidos que componen el Ejecutivo prometieron actualizar el catálogo de enfermedades profesionales y el procedimiento de notificación del accidente de trabajo. “Se evaluará con especial atención la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo. Asimismo, se incorporará la perspectiva de impacto de género en la prevención de riesgos laborales”, dicen en el programa.

En la nota de prensa posterior a la primera reunión con sindicatos y patronales, Trabajo especificaba que el perímetro de la negociación se basa en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, suscrita en abril de 2023, y repetía los compromisos adquiridos en el programa de Gobierno.

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