El PSOE pide que los ayuntamientos puedan limitar el precio de los alquileres

Pocos asuntos provocaron discusiones más acaloradas durante la elaboración de la ley estatal de vivienda que los topes de precios a los alquileres. Pero, a punto de cumplirse nueve meses desde la aprobación de la norma, estos no son todavía una realidad. Una comunidad, Cataluña, ha pedido aplicarlos y está esperando a que el Ministerio de Vivi...

Pocos asuntos provocaron discusiones más acaloradas durante la elaboración de la ley estatal de vivienda que los topes de precios a los alquileres. Pero, a punto de cumplirse nueve meses desde la aprobación de la norma, estos no son todavía una realidad. Una comunidad, Cataluña, ha pedido aplicarlos y está esperando a que el Ministerio de Vivienda publique los índices de precios que lo posibilitarían, lo que ha prometido hacer este mismo mes. En el resto, esa posibilidad directamente no existe porque sus Gobiernos autónomos no han mostrado interés, o directamente han manifestado su rechazo, a declarar zonas tensionadas de precios. Por eso el PSOE quiere que se permita a los Ayuntamientos dar ese paso, tal y como recoge una moción presentada este lunes en el Senado. El PP, con mayoría absoluta en la cámara alta, la ha rechazado en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana. A cambio, el grupo popular ha presentado y aprobado una moción para pedir al Gobierno que elimine la obligación de anunciar la fecha y hora de los desahucios, algo que, desde su punto de vista, sirve para “darle cancha a los antisistema y desproteger a los propietarios”.

Ambas mociones han sido debatidas en la comisión, entre otras muchas propuestas y enmiendas. En una, incluso, el PP ha pedido la derogación de la Ley por el derecho a la vivienda aprobada el pasado mayo. “Siempre hablan de intervencionismo”, contrargumenta al teléfono el senador socialista José Javier Izquierdo, “pero la ley lleva 10 meses y no se ha declarado ninguna zona [tensionada], con lo cual no se le puede achacar lo que está pasando con los precios de la vivienda”. Izquierdo ha sido, precisamente, quien ha presentado la moción del grupo socialista para “garantizar la declaración de zonas tensionadas en aquellos municipios que lo soliciten”.

El senador electo por Valladolid defiende que esa petición se ha formulado “a las Administraciones competentes” por una cuestión de técnica legislativa, para que la moción fuera calificada por la mesa y llevada a comisión. Pero señala que indudablemente se refiere a las comunidades autónomas y que “evidentemente” el Gobierno tenía conocimiento de la misma. Es decir, que no se trata de una moción a la norma aprobada hace nueve meses, cuya redacción deja claro que son las autonomías las que deben iniciar ese procedimiento. “Los Ayuntamientos también son competentes, pero si la comunidad autónoma se niega no hay forma de resolver el problema”, argumenta Izquierdo, quien señala que la iniciativa socialista pretendía “buscar soluciones a situaciones de conflicto que se están viviendo en Madrid”.

En la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP y contraria a los controles de precio de alquiler, cinco municipios gobernados por la izquierda han aprobado en sus plenos peticiones para ser declarados área tensionada, recuerdan en el PSOE. Los cinco, de hecho, tienen alcaldes de ese partido: Alcorcón, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Getafe y Parla. La moción socialista, por tanto, lo que hace es una petición a las autoridades autonómicas para que en casos como esos lo permitan.

Aunque la moción nacía muerta en un Senado con mayoría del PP, esta no es la única baza que los socialistas están jugando en ese sentido. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró el pasado enero al presentar en el Congreso sus planes de legislatura que el Gobierno está “estudiando fórmulas” para acoger las peticiones de declaración de área tensionada conforme a los requisitos que establece la ley (que los precios hayan subido por encima de un límite determinado en los últimos años y que los gastos de la vivienda representen más de un 30% de los ingresos medios de las familias de la zona). En ese departamento insisten en que “la competencia es de las comunidades”, tal y como fija la norma estatal, pero señalan que la asesoría jurídica está estudiando el asunto.

Moción sobre desahucios

El PP se ha opuesto a la moción, a la vez que ha aprobado varias en las que ha dejado patente su oposición a la ley de vivienda. En una enmienda a una moción presentada por ERC y Bildu incluso ha pedido la derogación de la norma. Entre esas iniciativas se encontraba una moción para cambiar el procedimiento de desahucios. A través de la ley de vivienda, el Gobierno de coalición y sus socios parlamentarios en la anterior legislatura acordaron la obligatoriedad de que los juzgados informasen de la fecha y hora a la que se va a producir un desahucio.

El grupo popular, a través del senador electo por Asturias José Manuel Rodríguez, ha defendido que esta disposición fue impuesta por Podemos “para que todos los antisistema puedan organizar dispositivos de resistencia, en general violentos y no pacíficos”. Lejos de “proporcionar ningún tipo de garantía adicional ni derechos”, ha dicho Rodríguez, avisar con precisión de un desalojo “no es más que poner más y más pegas a los desahucios de la gente que no paga” y “es proteger a los delincuentes”. No obstante, el senador ha rebajado luego el tono de su intervención señalando que no se opone a que los juzgados, “sensibilidad hacia el contexto y la ética”, lo avisen cuando lo consideren oportuno. La moción, que ha sumado el apoyo del único representante de Vox en la comisión, significa que ahora el Senado informará al Gobierno de su aprobación y este “tiene un plazo de seis meses para informar acerca de su cumplimiento”, recuerda un portavoz del grupo popular en el Senado.

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