Yolanda Díaz recupera a los sindicatos para sacar adelante sus planes para esta legislatura

El idilio que vivió la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la legislatura pasada, no solo con las centrales sindicales, sino también con los empresarios —se firmaron más de 15 acuerdos tripartitos—, se ha resentido en los últimos tiempos. Prueba de ello es que si hay alguien del panorama económico y social cercano a Díaz, ese es el secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo. Y, sin embargo, la tirantez del líder sindical con el Ejecutivo ha llegado hasta el punto de que Sordo llegó a lanzar en una rueda de prensa el miércoles...

El idilio que vivió la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la legislatura pasada, no solo con las centrales sindicales, sino también con los empresarios —se firmaron más de 15 acuerdos tripartitos—, se ha resentido en los últimos tiempos. Prueba de ello es que si hay alguien del panorama económico y social cercano a Díaz, ese es el secretario general del sindicato Comisiones Obreras (CC OO), Unai Sordo. Y, sin embargo, la tirantez del líder sindical con el Ejecutivo ha llegado hasta el punto de que Sordo llegó a lanzar en una rueda de prensa el miércoles una amenaza al Gobierno: o volvían al redil del diálogo social y a negociar todas las normas laborales con los agentes sociales o habría que “hablar de movilizaciones”.

Díaz no tardó ni 24 horas en recoger el guante y a primera de hora del jueves, una vez ya tumbada la reforma de los subsidios de paro en el Congreso, anunciaba circunspecta y firme desde Bélgica que “ahora sí” iba a convocar “con carácter urgente” a los agentes sociales para “trabajar de nuevo en el diálogo social una reforma muy positiva para nuestro país”. Antes, además, pensaba dar, este mismo viernes, otra zanahoria a los sindicatos: una nueva subida del salario mínimo del 5%, que es lo mínimo que reclamaban CC OO y UGT si la patronal no se sumaba a la propuesta del Ejecutivo de elevar esta renta un 4%.

La vicepresidenta segunda hacía con estos anuncios una petición soterrada para la vuelta a un diálogo social fructífero que pueda servirle de muleta en las batallas que deba afrontar durante la legislatura. El respaldo de futuros acuerdos sociales podría ser crucial en una lucha que se presenta más complicada de lo que esperaba la ministra de Trabajo y el resto del Gobierno, tras el atrevimiento de Podemos a tumbar el pasado jueves la reforma del subsidio de desempleo que mejoraba la cuantía de esta ayuda e incrementaba los colectivos de beneficiarios.

La pandemia aupó la relación entre el Gobierno y los interlocutores sociales a un estado de negociación (y acuerdo) permanentes. Sin embargo, una vez pasada esa situación de excepcionalidad, las cosas han vuelto a su cauce. Y este no es otro que un escenario de consenso, a veces, y de desacuerdo, en otras. Como también era de esperar, los empresarios fueron los primeros en desmarcarse de pactos como los incrementos del salario mínimo o la segunda fase de la reforma de pensiones en 2021 y 2022. Pero más inesperado ha sido ver cómo también se deterioraba la relación de Trabajo con los sindicatos. Aunque los desencuentros no han sido públicamente muy sonados, era evidente que el malestar sindical, por no ser tenidos en cuenta por el Ejecutivo, iba in crescendo.

Peor desde la investidura

A finales de la legislatura anterior ya hubo algunos desencuentros, que pudieron considerarse menores, relacionados también con las prisas por aprobar algunas medidas relacionadas con el cobro de fondos europeos, como la negociación de la ley de Empleo, que no terminó de satisfacer a los negociadores sindicales. Y esta incomodidad empezó a crecer antes incluso de que arrancara la presente legislatura, cuando Díaz presentó toda una batería de propuestas laborales incluidas en el acuerdo de investidura, que en principio debían más que agradar a los sindicatos, por incluir cuestiones como la reducción de la jornada, la reforma de la indemnización por despido o la inclusión de representantes sindicales en los consejos de administración.

No obstante, ya entonces los líderes de CC OO y UGT se quejaron de no haber sido siquiera consultados para fijar esta hoja de ruta. Y, concretamente, criticaron abiertamente dos de las medidas recogidas en el acuerdo de investidura y pactadas con el PNV a cambio de sus votos: el compromiso de ceder al País Vasco la gestión económica de la Seguridad Social y la futura aprobación de prevalencia de los convenios autonómicos. Esta última medida —que el Ejecutivo ha incluido en el decreto del subsidio de paro y que, por tanto, ahora mismo vuelve a estar en el aire— ha levantado ampollas entre los cargos y cuadros sindicales, porque implica abrir en canal la estructura de la negociación colectiva. En otras palabras, supone meterse con las cosas del comer de los agentes sociales. “Esto no se puede hacer, de ninguna manera, sin los agentes encargados de llevarlo a cabo”, se quejaba Sordo esta semana.

Junto a esas cuestiones, el último enfado de calado en las cúpulas de CC OO y UGT ha sido la ausencia de negociación de la reforma del subsidio de paro. No obstante, más que algo premeditado, distintas fuentes del Ejecutivo lo han atribuido a “las prisas” por aprobar estos cambios antes del 31 de enero para cumplir con el plazo puesto por Bruselas para que España pudiera desbloquear el cobro de otros 10.000 millones de euros. Además, la propia Díaz agotó ese tiempo de negociación y probablemente también parte de sus fuerzas en la lucha que tuvo con el equipo de la ya exministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para cerrar el rediseño sin que supusiera un recorte de derechos para los beneficiarios.

El propio Sordo sugirió esta semana que, de haber recurrido a los responsables sindicales, la ministra de Trabajo podría incluso haberse ahorrado el disgusto de ver cómo sus excompañeros de filas de Podemos echaban abajo el decreto, agarrándose a una medida incluida en esta norma, para la que los negociadores de CC OO y UGT habían ideado una propuesta alternativa que evitaba el recorte que sirvió como argumento a la formación morada para votar en contra de la norma. Ahora sí, como dijo Díaz, esta y el resto de reformas en materia laboral que quedan por venir pasarán probablemente con todas las garantías por el proceso de concertación social. Tampoco se puede obviar que cualquier aval de patronal y sindicatos o simplemente de estos últimos a futuras medidas hará también más difícil posibles intentos de Podemos de derrocar los planes de Trabajo (y Sumar) en el Parlamento.

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