La justicia europea da un nuevo varapalo a Bruselas por las ayudas fiscales de Luxemburgo a Engie

La justicia europea avala las exenciones fiscales de 120 millones que Luxemburgo concedió al grupo energético Engie. La Comisión Europea exigió en 2018 que la empresa de matriz francesa devolviera esa cantidad por entender que eran ayudas de Estado ilegales. En primera instancia, los jueces de Luxemburgo dieron la razón a esta decisión, pero este martes el máximo órgano judicial de la UE, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ha fallado contra la reclamación de Bruselas. Apuntan los magist...

La justicia europea avala las exenciones fiscales de 120 millones que Luxemburgo concedió al grupo energético Engie. La Comisión Europea exigió en 2018 que la empresa de matriz francesa devolviera esa cantidad por entender que eran ayudas de Estado ilegales. En primera instancia, los jueces de Luxemburgo dieron la razón a esta decisión, pero este martes el máximo órgano judicial de la UE, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ha fallado contra la reclamación de Bruselas. Apuntan los magistrados que el departamento de Competencia “cometió un error” en su razonamiento para llegar a la conclusión de que la medida era ilegal y que ese fallo “invalidó” el análisis. Por tanto, “se anula la decisión de la Comisión”.

Esta sentencia supone un nuevo revés a la pretensión de la Comisión Europea de poner coto a los sistemas fiscales ventajosos de algunos Estados miembro, como Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda, con los que buscan atraer empresas a sus territorios. Hace un año ya sucedió lo mismo con Fiat, empresa a la que Bruselas le reclamaba que pagara al fisco del Gran Ducado 30 millones de euros. Y el argumento para anular la sanción era básicamente el mismo que puede leerse ahora: “Para calificar una medida fiscal nacional como “selectiva”, la Comisión debe, en primer término, identificar el sistema de referencia, a saber, el régimen tributario “normal” aplicable en el Estado de que se trate”. Este paso es importante porque para calificar como ilegal una ayuda de Estado tiene que demostrarse que no todas las empresas pueden acogerse a ella y, por tanto, se genera una discriminación. Sería en este paso, explica el TJUE, en el que Bruselas habría fallado: “La Comisión cometió errores en sus diferentes análisis de los marcos de referencia que definían el sistema impositivo normal”.

La falta de un sistema tributario armonizado para las empresas puede generar distorsiones en el mercado único, pues permite una competencia fiscal a la baja entre países para atraer sedes de multinacionales y, por extensión, los beneficios que conlleva: empleo, recaudación o efectos tractores sobre la economía (investigación, formación...). Para evitar esa carrera, Bruselas emprendió hace años una batalla contra los regímenes fiscales que incentivan esta situación. Hasta ahora, esta pelea del Ejecutivo comunitario se ha saldado con más derrotas en los tribunales que victorias. Dos de estas derrotas han llegado por el sistema de Luxemburgo: una es la de Fiat (ahora parte del grupo automovilístico Stellantis) y este martes ha llegado la de grupo Engie.

En el caso de Países Bajos, hay una derrota parcial por la situación fiscal de Starbucks. No obstante, la decisión del Tribunal General está recurrida en el TJUE. Y en la misma situación se encuentra el más grande y llamativo de todos los casos, el de Apple e Irlanda, por el que la Comisión exigió al gran gigante tecnológico estadounidense que pagara al fisco irlandés 14.300 millones de euros por ayudas tributarias ilegales recibidas entre 2007 y 2014. Tanto Dublín como la compañía reclamaron ante la justicia y esta les dio la razón en primera instancia. No obstante, hace unas semanas Bruselas recibió una gran ayuda: el Abogado General pidió la anulación de esa sentencia y que el Tribunal General volviera a examinar el caso.

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