Historia del pacto judicial que Shakira aceptó a regañadientes tras la gala de los Grammy latinos

Cuando Shakira subió al escenario del Palacio de Congresos de Sevilla para recoger el Grammy latino a la mejor canción pop, junto a Bizarrap, había tomado ya una decisión sobre la que, en realidad,...

Cuando Shakira subió al escenario del Palacio de Congresos de Sevilla para recoger el Grammy latino a la mejor canción pop, junto a Bizarrap, había tomado ya una decisión sobre la que, en realidad, llevaba meditando los últimos cinco años de su vida. “Quiero dedicárselo a mis hijos, porque les he prometido que voy a ser feliz”, dijo la cantante colombiana, que verbalizaba sus ganas de cerrar las heridas por la ruptura con el exdefensa del Barça Gerard Piqué (acribillado en las letras de la canción premiada). Pero el mensaje encerraba otro significado: Shakira iba a dar carpetazo, también por sus hijos, a la causa judicial por defraudar 14,5 millones a Hacienda.

La gala se celebró el jueves 16 por la noche. Al día siguiente, por la tarde, Shakira se reunió en Barcelona con sus abogados, del despacho Molins Defensa Penal, con las ideas muy claras. Les trasladó que quería ser feliz por el bien de Milan y Sasha y que ya no deseaba, como había sostenido hasta ese momento, someterse al juicio. Y les instruyó para que cerraran un acuerdo con las acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Generalitat) que había estado sobre la mesa, en realidad, desde hacía año y medio, cuando una primera negociación entre las partes acabó en fracaso. Entre el borrador de pacto inicial planteado en el verano de 2022 y el escrito de conformidad sellado el pasado lunes en la Audiencia de Barcelona no hay apenas diferencias. Shakira no lo aceptó entonces, entre otras cosas, porque Piqué le insistió en que peleara, y porque ella prefirió mantener sus opciones abiertas hasta el final.

Hasta el día después de los Grammy, los abogados preparaban el juicio como si fuera a celebrarse. Confiaban en una victoria, como la que obtuvieron en el caso del exmotociclista Sito Pons, también acusado de no pagar impuestos siendo residente fiscal en España. En el Palacio de Justicia estaban previstas 12 sesiones y la comparecencia de 117 testigos que mantuvieron relaciones profesionales y personales con la cantante entre 2012 y 2014, cuando según la acusación ya vivía en Barcelona. La penalista Míriam Company permaneció más de una semana en Miami, donde la artista reside junto a sus hijos, preparando una declaración que iba a producirse en la primera sesión, el lunes. Después, según le había manifestado el presidente del tribunal, Shakira podría regresar a Estados Unidos y seguir el juicio, si lo deseaba, de forma telemática.

El mejor acuerdo posible

La posibilidad de un pacto de última hora, una práctica habitual en los delitos fiscales, nunca se había perdido de vista. Pero el aterrizaje de Shakira en España, unos días antes de los Grammy, hizo que esa opción ganara peso. La cantante trasladó a sus abogados sus dudas, más vinculadas a la exposición mediática del juicio y al desgaste para su carrera que al miedo a perder. Tras advertirles de que podía cambiar de opinión en cualquier momento, les pidió que negociaran con discreción el pacto y, a la vez, prepararan a conciencia la batalla por el calendario ante Hacienda: la clave del caso fue siempre si pasó en España más de la mitad del año, condición para ser considerada residente fiscal.

Shakira meditó largamente y, según fuentes cercanas, consultó a personalidades del mundo de la música, que le aconsejaron pactar y cerrar un asunto que, según ella misma expresó después, le había “robado” tiempo y tranquilidad desde que, en 2018, la Fiscalía presentó la querella. Accedió al pacto a regañadientes y muy a última hora, lo cual no fue un problema porque todas las partes sabían ya cuáles eran las cláusulas de una posible conformidad. Lo que se ofreció en el verano de 2022 —y un año después, cuando Pau Molins asumió el liderazgo de la defensa y volvió a entablar negociaciones— seguía en vigor a las puertas del juicio. La Fiscalía no iba a moverse de ahí. Si lo aceptaba, bien; si no, también.

Al aceptar el relato de la acusación, Shakira se ha convertido en defraudadora fiscal (la sentencia es firme), pero ha eludido el juicio y ha visto reducida la pena de prisión y la multa a pagar. La Fiscalía pedía inicialmente un total de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,5 millones. Con el pacto sellado, modificó su escrito aplicándole una atenuante de reparación del daño, dado que había abonado más de 17 millones: la cuota defraudada y los intereses. El acuerdo deja la pena en tres años de cárcel en total (en realidad, seis meses por cada uno de los seis delitos, el mínimo) y una multa del 50% de la cuota defraudada, o sea 7,2 millones. Es, según fuentes judiciales, todo lo que la Fiscalía puede ofrecer cuando se alcanza un acuerdo en este tipo de delitos. “Conseguir algo mejor hubiera sido prácticamente imposible. No ha recibido un trato especial, pero tampoco se ofrecen tratos mejores”, razona Molins.

Los antecedentes penales

Además del dinero, el otro punto clave del acuerdo era qué ocurría con la pena de prisión. La posibilidad de que Shakira acabara entre rejas era remotísima, casi imposible. Pero había que ver si la ejecución de esa condena quedaba suspendida o sustituida por una pena de multa; es una cuestión muy técnica, pero con consecuencias en la vida real. Por lo general, cuando las penas de prisión son inferiores a dos años y no hay antecedentes penales, los magistrados y tribunales suspenden su ejecución con la condición de que no se cometan otros delitos en un tiempo determinado. En el caso de Shakira, sin embargo, la pena no se ha suspendido, sino que se ha sustituido por el pago de una multa de 432.000 euros.

La sustitución ya no la contempla el actual redactado del Código Penal, pero estaba en vigor cuando ocurrieron los hechos. Molins opina que esa circunstancia es más ventajosa para su clienta y es el gran logro del pacto porque, al final, “la pena es una multa”. La cantante dispone de una green card que le permite residir en Estados Unidos. Para renovar el permiso, las autoridades exigen un certificado de antecedentes penales. Shakira Isabel Mebarak Ripoll constará en el registro de penados del Ministerio de Justicia y no podrá cancelar sus antecedentes, según marca la ley, hasta dentro de tres años. En ese documento se recogen una serie de datos, incluidos los delitos cometidos (seis delitos contra la hacienda pública) y el hecho de que se han sustituido por una multa. De cara a las autoridades norteamericanas, indican los abogados, esa sustitución “facilitará el mejor trato posible”, puesto que resulta más asumible que una pena privativa de libertad.

Dos causas pendientes

Molins está satisfecho de que el pacto satisfaga a su clienta, pero lamenta en parte no haber podido “combatir con las espadas en alto en el juicio”. Cree que podría haber demostrado, como hizo con Sito Pons, que Shakira no podía considerarse residente fiscal esos años, pese a las pruebas reunidas por la Agencia Tributaria. El abogado peleó sin éxito por excluir de la sentencia de conformidad el ejercicio 2012, lo que hubiera ido bien para un segundo asunto que la cantante tiene aún pendiente en España pese a sus ganas de dejar atrás esos problemas y olvidar su paso por Barcelona.

La Agencia Tributaria le multó por haber eludido el pago de impuestos en España también en 2011, un año en el que obtuvo beneficios extraordinarios por su gira mundial Sale el Sol. A diferencia de lo que ocurrió con los años posteriores, ese ejercicio no acabó en la vía penal, sino solo en la administrativa. Shakira tuvo que pagar los 60 millones de euros de sanción para poder recurrir en un caso que califica de “sinsentido”. Aunque la sentencia sobre el fraude de 14,5 millones implica reconocer que vivió en España desde 2012, no tendrá ningún efecto sobre ese recurso, puesto que se está ya a la espera de que la Audiencia Nacional dicte sentencia.

Shakira afronta además una segunda causa penal por presunto fraude fiscal en España que acaba comenzar. La Fiscalía se ha querellado contra ella por eludir el pago de seis millones de euros en impuestos en 2018 mediante un “entramado de empresas” que le permitió “simular” la cesión de sus derechos musicales a empresas fantasma. Shakira evitó así incluir una parte de los ingresos millonarios obtenidos gracias a la gira musical El Dorado, que ese año le llevó a dar 53 conciertos en Europa, Estados Unidos y América Latina. Molins augura que ese proceso tiene “buen pronóstico”. La Fiscalía, de momento, ha pedido a Interpol que se le notifique la querella y la citación. Es previsible que, esta vez, declare como investigada desde Miami y no tenga que desplazarse a una Barcelona que, en lo personal y lo tributario, solo le brinda ya malas noticias.

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