Hacienda buscará “reforzar la sostenibilidad de la deuda” ante la vuelta de las reglas fiscales

Ya está puesta la primera piedra para confeccionar los Presupuestos Generales del Estado para 2024: la orden ministerial de elaboración de las cuentas públicas ha sido publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dando el pistoletazo de salida oficial al inicio del proceso. En ella, el Ministerio de Hacienda se compromete a buscar “reforzar la sostenibilidad” de la deuda ante la inminente ...

Ya está puesta la primera piedra para confeccionar los Presupuestos Generales del Estado para 2024: la orden ministerial de elaboración de las cuentas públicas ha sido publicada esta mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), dando el pistoletazo de salida oficial al inicio del proceso. En ella, el Ministerio de Hacienda se compromete a buscar “reforzar la sostenibilidad” de la deuda ante la inminente vuelta de las reglas fiscales europeas, un asunto delicado por el cual acaba de recibir un toque de atención desde Bruselas. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este jueves en una entrevista en TVE que confía en tener los Presupuestos aprobados a lo largo del primer trimestre del próximo año.

“Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 serán los primeros que deban hacer frente a la reactivación de las reglas fiscales desde su suspensión en el año 2020″, señala la orden, de 63 páginas, que emplaza a los demás ministerios y organismos a presentar sus propuestas de gasto antes del 11 de diciembre. “Por tanto, buscarán reforzar la sostenibilidad de la deuda pública como garantía para las siguientes generaciones y como aval de confianza a la fortaleza financiera y productiva de España, haciéndolo compatible con el crecimiento y el bienestar del país”, añade.

La flamante portavoz del Gobierno, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ya había adelantado el miércoles la aprobación de la orden por parte del Consejo de Ministros, afirmando que el objetivo del Gobierno es tener unas cuentas listas “lo antes posible”. Además, señaló que la Comisión Europea ha respaldado el Plan Presupuestario del Ejecutivo para 2024 —“un espaldarazo clave”, lo definió—, cuando se trata más bien de un aprobado raspado: Bruselas sí ha avalado el documento, pero a la vez ha definido la situación fiscal española como “muy difícil” y ha pedido una estrategia “creíble” a medio plazo.

Al estallar la pandemia, España —y el resto de países del entorno— disparó su deuda y déficit para hacer frente a las crecientes necesidades de financiación. Desde entonces, ambas ratios sobre el PIB se han moderado, pero es un resultado más bien inducido por el rebote de la actividad y la buena marcha de recaudación y empleo que por el diseño de una estrategia de consolidación, que organismos como el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) han venido pidiendo sin éxito desde hace tiempo.

Actualmente, la deuda de España ronda el 110% del PIB y el Gobierno prevé que el ejercicio cerrará con un déficit del 3,9%. De hecho, Bruselas ha reiterado que en primavera abrirá un procedimiento por déficit excesivo a España en función de los números rojos que registre este año.

De cara al próximo ejercicio, no queda margen para más gasto. Hacienda prevé rebajar el déficit en casi un punto, hasta el 3% del PIB —una cifra que Bruselas no se cree, y lo sitúa en el 3,2%—, una reducción que una vez más no estaría vinculada a medidas de ajuste, sino a la finalización de los paquetes anticrisis aprobados para mitigar el impacto de la inflación, prevista para el 31 de diciembre. Sin embargo, entre las prioridades de las futuras cuentas que menciona la orden está la adopción de “medidas eficaces para combatir el impacto que el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés están teniendo sobre la renta disponible de la ciudadanía”.

Prioridades

“Los Presupuestos Generales del Estado para 2024 tendrán como objetivo seguir promoviendo la modernización, la competitividad y la autonomía estratégica de nuestra economía, impulsando un crecimiento que sea sostenible, justo e inclusivo”, señala la orden ministerial, que fija las prioridades macro de las próximas cuentas. El despliegue de los fondos Next Generation y de los proyectos estratégicos (PERTE) son una de ellas. También se compromete a situar a la innovación y la ciencia como “ejes centrales” del modelo productivo y a seguir impulsando una transición ecológica justa.

Se menciona el refuerzo de la política de empleo, “impulsando la firma de un gran pacto de rentas por la estabilidad de precios que garantice la recuperación del poder adquisitivo de los salarios”, así como la mejora de las políticas activas para los jóvenes, un plan de choque frente al paro de larga duración y la consolidación de las mejoras en protección social y prestación de los autónomos.

Además, se incluye la adopción de las medidas antes mencionadas para mitigar el golpe causado por el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés, garantizando en este sentido la sostenibilidad de las pensiones y blindando la sanidad pública. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó durante el debate de investidura la prórroga, durante seis meses más, de la rebaja del IVA a los alimentos básicos, pero queda la gran incógnita sobre la vigencia del descuento a los suministros energéticos, que impacta de lleno en las cuentas públicas.

El apoyo al sector primario, el fortalecimiento de las políticas de lucha contra la despoblación y la inversión pública para garantizar un parque público de vivienda para alquiler asequible son otras de las prioridades que destaca el documento, que también apuesta por fomentar la movilidad sostenible y reforzar el compromiso contra la violencia machista mejorando el presupuesto destinado a ello.

La orden también incluye el impulso de una política fiscal justa, “que pueda hacer frente a los retos de una economía cada vez más globalizada, marcada por la digitalización, la transición verde y la lucha contra el fraude”, el refuerzo de la educación pública, promoviendo “la inclusión plena en el sistema de la educación de 0 a 3 años” y el apoyo a la juventud en cuanto a acceso a la educación, la vivienda y el empleo.

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