La ONU aprueba negociar un nuevo marco fiscal global con el rechazo de EE UU y la UE

Las economías en desarrollo se han apuntado un tanto: la mayoría de los miembros de la ONU ha aprobado este miércoles negociar un nuevo marco fiscal global en el seno del organismo. La resolución, lanzada el año pasado por el grupo de países africanos capitaneados por Nigeria, ha recibido 125 síes, 9 abstenciones y 48 noes. Los rechazos han llegado de los países ricos, como EE UU, UE, Corea del Sur o Australia, que ya habían anunciado que votarían en contra. Estos Estados son también miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ...

Las economías en desarrollo se han apuntado un tanto: la mayoría de los miembros de la ONU ha aprobado este miércoles negociar un nuevo marco fiscal global en el seno del organismo. La resolución, lanzada el año pasado por el grupo de países africanos capitaneados por Nigeria, ha recibido 125 síes, 9 abstenciones y 48 noes. Los rechazos han llegado de los países ricos, como EE UU, UE, Corea del Sur o Australia, que ya habían anunciado que votarían en contra. Estos Estados son también miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene en marcha un proceso de reforma de la fiscalidad internacional desde hace años y que nunca ha ocultado sus recelos hacia la iniciativa que se ha madurado en la ONU.

Paradójicamente, las negociaciones en la OCDE han sido el detonante de la propuesta de los países africanos, frustrados, al igual que muchas economías emergentes, por la lentitud de los trabajos y su progresiva pérdida de ambición que, consideran, les perjudica de manera directa en pro de los países ricos.

El secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, reconoció el pasado verano los esfuerzos hechos hasta ahora por la institución con sede en París, pero recordó que muchos países que participan en las conversaciones perciben “barreras significativas” a su participación en el proceso. “Como resultado, las reglas sustantivas desarrolladas a través de estas iniciativas de la OCDE a menudo no abordan adecuadamente las necesidades y prioridades de los países en desarrollo y/o están más allá de sus capacidades para implementarlas”, aseguró en un comunicado.

La OCDE, que cuenta entre sus socios con las economías más avanzadas del mundo, lleva casi una década liderando las conversaciones internacionales en materia fiscal. Uno de sus trabajos más ambiciosos gira en torno a cómo elevar la carga tributaria de las multinacionales, expertas en rebajar su factura en impuestos a través de cada vez más sofisticados juegos de ingeniería fiscal. Hace más de dos años, logró poner de acuerdo a más de 140 países y jurisdicciones en torno a dos pilares: un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las mayores corporaciones del globo y un reparto más equitativo de sus beneficios, para que tributen también en los territorios donde no tienen presencia física, pero sí clientes y actividades.

El acuerdo, tachado como histórico tanto por los fervientes defensores del organismo multilateral como por los más escépticos, no se ha traducido sin embargo en una rápida implementación de las medidas. El entusiasmo se ha topado con los escollos técnicos y las reticencias de países como EE UU, sede de las mayores multinacionales del mundo y de las grandes tecnológicas, que ha puesto sucesivas pegas y rebajado el alcance del pacto, al punto que ya hay dudas sobre si el primer pilar del acuerdo —la redistribución de parte de los beneficios de los grandes grupos— verá en algún momento la luz.

Con estos mimbres, el bloque africano tomó la iniciativa en la ONU. Hace justo un año, en noviembre de 2022, se adoptó por consenso la resolución de la Asamblea General Promoción de una Cooperación Fiscal Internacional Inclusiva y Eficaz de las Naciones Unidas, el primer paso para crear un marco vinculante en el seno de la ONU sobre fiscalidad internacional en sentido amplio, no solo enfocado a la tributación de las multinacionales.

“Es una posición más abierta, mucho más social y no solo política”, defendía hace unas semanas el director de la plataforma independiente Tax Justice Network, Alex Cobham, quien corrobora que las economías en desarrollo se han incorporado tarde a las negociaciones de la OCDE sobre la fiscalidad de las multinacionales y no han tenido voz. “Esta es una victoria histórica lograda por los países del Sur global en beneficio de personas de todo el mundo. Los paraísos fiscales y los lobbistas corporativos han tenido demasiada influencia en la política fiscal global de la OCDE durante demasiado tiempo. Hoy comenzamos a recuperar el poder sobre las normas fiscales globales que nos afectan a todos”, ha añadido este miércoles”, destaca.

Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal en Oxfam, también aplaude el resultado, pero alerta de que la falta de apoyo por parte de los países ricos es una “mala” señal. “Demuestra que quieren mantener el monopolio del espacio donde se decide” el futuro de las reglas tributarias internacionales. Y añade: “Hubiera sido mejor una aprobación con consenso, porque ahora se va a negociar una convenio con los países ricos en contra. Es como aprobar una Constitución sin unanimidad”.

Fecha límite

El pasado octubre, los países africanos presentaron un nuevo borrador de resolución que da seguimiento al anterior, que es el que se ha votado este miércoles en Nueva York. En este, se propone que los Estados miembros de la ONU elijan un comité intergubernamental ad hoc para elaborar un convenio general sobre cooperación fiscal internacional, y que este finalice su trabajo a más tardar en junio de 2025. Este proyecto se ha estado revisando y este miércoles era la fecha límite para votarlo.

En concreto, había que contestar a una serie de preguntas: si se deben iniciar las negociaciones para alcanzar el primer acuerdo global sobre cooperación fiscal internacional, si los países tienen que participar en condición de igualdad cuando se toman decisiones sobre la materia y si estas negociaciones deberían considerar aspectos como el desarrollo sostenible o la desigualdad. Tras la aprobación de este miércoles, el próximo paso es fijar un presupuesto para implementar el proyecto.

El convenio que persiguen los países en desarrollo proyecta una estructura de gobernanza fiscal global en la que todos los países tengan igualdad, la mejora de la cooperación en materia tributaria, el endurecimiento de la lucha contra la evasión fiscal o la introducción de una estructura que sirva para transitar de forma gradual hacia objetivos más detallados. Eso sin tener aún claro cuál sería su formato, pero con una aspiración a convertirse en el director de orquesta y quitarle la batuta a la OCDE.

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