La gran industria pide al nuevo Gobierno una agencia estatal para coordinar al sector

Con la incertidumbre de quién liderará el Ministerio de Industria tras la conformación el nuevo Gobierno, la gran industria española integrada en la Alianza por la Competitividad ha pedido este viernes al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez una serie de medidas para impulsar el sector secundario y frenar su pérdida de peso económico, que ...

Con la incertidumbre de quién liderará el Ministerio de Industria tras la conformación el nuevo Gobierno, la gran industria española integrada en la Alianza por la Competitividad ha pedido este viernes al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez una serie de medidas para impulsar el sector secundario y frenar su pérdida de peso económico, que cada vez se aleja más del objetivo del 20% del PIB fijado por la Comisión Europea. El foro empresarial reclama básicamente tres cuestiones: el reconocimiento del titular de la materia como secretario de Estado (ahora es secretario general) para poder participar en la preparación de los consejos de ministros, constituir la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Industrial y crear una Agencia Estatal con capacidad operativa para trabajar de forma coordinada con las diferentes comunidades autónomas. “La política industrial española necesita una nueva gobernanza que permita la completa coordinación del Gobierno”, concluye el organismo.

Las propuestas del foro, integrado por nueve de las principales patronales españolas que representan el 55% del PIB, surgen de un diagnóstico más bien negativo. Denuncian una situación que lastra a su actividad por unos “desproporcionados costes energéticos, una intensa y cambiante sobrerregulación plagada de solapamientos y lentos procedimientos burocráticos, la ausencia de neutralidad tecnológica, una elevada presión fiscal y una nueva realidad geopolítica que amenaza, no solo la cadena de suministro y la autonomía estratégica, sino también el acceso a mercados exteriores”.

El foro considera que en los últimos años la política industrial no ha sido considerada con la relevancia adecuada, evidenciada con que no la política industrial no se ejecute desde un responsable con rango de secretario de Estado, justo cuando la política industrial ha aflorado en el mapa europeo a raíz de la crisis de la pandemia. “Es un termómetro evidente —pero solo la punta del iceberg— del nivel de prioridad que los gobiernos otorgan al desarrollo competitivo de su tejido productivo”, señala la organización, que considera “insuficiente” la capacidad de coordinación e influencia de la actual secretaría general. En los últimos años, por ejemplo, muchos empresarios han considerado que la política industrial española siempre quedaba por debajo de otros ámbitos gubernamentales, como el de la transición energética.

Constitución de una Comisión Delegada

Cree la Alianza por la Competitividad, cuya portavocía rotativa recae ahora sobre la patronal química Feique, en la necesidad de constituir una Comisión Delegada del Gobierno para la Política industrial, que justamente serviría para coordinar diferentes estamentos gubernamentales implicados más o menos con la política industrial. Hacen referencia, por ejemplo, a políticas energéticas y medioambientales, a infraestructuras o la disponibilidad de materias primas, entre otros campos. Esa comisión tendría que diseñar, además, la autonomía estratégica española.

Para la ejecución de esa política que pueda emanar de la comisión reclaman la constitución de una agencia estatal, el brazo ejecutor de las políticas. Para llevar a cabo ese trabajo, esta debería tener recursos económicos y humanos y la suficiente capacidad operativa para gestionar inventivos a la inversión, impulsar una ventanilla única que reduzca la pesadez administrativa y coordinar a las 17 comunidades autónomas. El solapamiento legislativo y administrativo es una de las barreras que la Alianza ha ido denunciando en los últimos años.

La última petición que realizan se basa en el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, punto de encuentro en el sector entre el Gobierno, patronales y sindicatos. El organismo pide una evolución para convertirlo en un Consejo Asesor de Política Industrial, también con más poder ejecutivo a la hora de diseñar estrategias.

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