El Gobierno trata de excluir los peajes de las reformas pactadas con la UE

Las declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, han vuelto a poner sobre la palestra los pagos por el uso de las carreteras. “Lo que sí que les puedo decir es que el año que viene tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas”, dijo el jueves en una entrevista en TV3. Sin embargo, el Gobierno enseguida salió en tromba a desmentirlo en plena campaña electoral. Navarro no tiene ni competencia en l...

Las declaraciones del director general de Tráfico, Pere Navarro, han vuelto a poner sobre la palestra los pagos por el uso de las carreteras. “Lo que sí que les puedo decir es que el año que viene tendremos que poner peajes, nos lo exige Bruselas”, dijo el jueves en una entrevista en TV3. Sin embargo, el Gobierno enseguida salió en tromba a desmentirlo en plena campaña electoral. Navarro no tiene ni competencia en la materia ni sabe de qué está hablando, decía un ministro tras otro. El motivo es que el Ejecutivo ha incluido renegociar los peajes en la adenda a los fondos europeos que está discutiendo con Bruselas. En esta, que se presentó a principios de junio, se ha planteado hacer simplemente un estudio sobre cuál sería el mejor modelo para financiar el coste de mantenimiento de las carreteras españolas, explican diversas fuentes conocedoras de la materia. En consecuencia, dejarían sin hacer esa reforma comprometida con Bruselas. Pero estas mismas fuentes también apuntan que será muy difícil que Europa acepte esta fórmula. Para la Comisión es una prioridad que España aumente la imposición medioambiental, señalan.

Los peajes se incluyen en el documento que firmó el Gobierno español con Bruselas a cambio de los 70.000 millones en fondos europeos concedidos por la pandemia: “La creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado, que comenzará a funcionar a partir de 2024, con arreglo al principio de quien contamina paga”, recoge el texto donde se listan los hitos y objetivos que hay que cumplir. Esta es una de las reformas comprometidas para obtener los 7.000 millones de euros del quinto pago.

Pero la idea del Gobierno es tratar de renegociarlo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue muy clara tras las palabras de Navarro: “No habrá ningún coste añadido en la circulación”. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, explicó que no se dan las condiciones al no haber consenso con los partidos, las comunidades autónomas y el sector afectado de los transportistas. “Se planteó sin una guerra de Ucrania, sin subidas de precios, por tanto se retiró de la ley y se está renegociando con la Comisión Europea la previsión de este hito. Un Gobierno socialista no va a implantar este sistema”, dijo.

En el fondo, el Gobierno trata de hacer lo mismo que ya hizo con la ley de movilidad, donde se deberían haber incluido los peajes. Esta se redactó con el único compromiso de hacer un estudio para analizar qué modelo de financiación podría usarse. Pero no había ninguna referencia a su implantación. No obstante, Podemos se opuso y Transportes incluso suprimió esa mención. Y algo parecido se ha hecho también con la reforma fiscal basada en el informe de los expertos. Esta tendría que haber sido aprobada en el primer trimestre de 2023 para ayudar a cerrar el desfase presupuestario. Pero se ha esgrimido la actual crisis inflacionaria para posponerla sine die. Se argumenta además que los ingresos tributarios suben con fuerza y que se han aprobado una serie de impuestos como el de las energéticas, la banca y el de grandes fortunas.

Paralización de recursos

En estas circunstancias, salvo un estudio técnico que se ha encargado sobre la materia, nada estaría preparado para que los peajes puedan ponerse en marcha a principios de 2024. No da tiempo ni para aprobar la legislación, ni para desarrollar los instrumentos y sistemas informáticos necesarios. Si se niega a suprimir esta reforma, la Comisión Europea podría acabar imponiendo un bloqueo de fondos parcial y por un tiempo. Pero esta no es la única reforma que se encuentra en un estado similar. El Ejecutivo que salga del 23-J se enfrenta al riesgo de paralizaciones temporales y parciales en los pagos de fondos europeos por varios conceptos.

Tanto la ley de función pública como las tres leyes para mejorar la eficiencia de la justicia han decaído en el Parlamento con la convocatoria de elecciones. Las dos reformas estaban comprometidas para el 31 de diciembre del año pasado y eran parte del cuarto desembolso que tenía que haberse solicitado en la primera mitad de este año. Pese a que están programadas dos peticiones de fondos al año, el Gobierno ha decidido no reclamarlos. Son unos 10.000 millones que no se han solicitado y que tendrá que pedirlos con retraso el Ejecutivo que salga de las urnas. Y que se juntarán con la siguiente solicitud de desembolsos. El atasco se sumará a los retrasos que ya se sufren con las inversiones.

El nuevo Gabinete tendrá hasta diciembre para renegociar los fondos

El Gobierno aprobó en junio la adenda al plan de recuperación, justo después de las elecciones municipales y autonómicas. En este documento se añaden 7.700 millones más en subvenciones a los 69.000 millones ya concedidos; otros 84.00 millones en créditos, y además se pueden hacer cambios siempre que estén justificados por circunstancias que escapan a la planificación como la crisis de precios o los cuellos de botella. De hecho, el Ejecutivo ha pedido retrasar un buen número de fechas del calendario de inversiones siempre que estas no vayan más allá de agosto de 2026, momento en el que se tendrían que haber ejecutado todos los fondos según la regulación europea.

A partir de la entrega de la adenda, Bruselas tiene dos meses para evaluar los papeles enviados por España. No obstante, la fecha límite para que la Comisión comprometa por su parte todos los fondos es el 31 de diciembre de este año. Es decir, el próximo Ejecutivo podría tener como límite ese plazo para renegociar los fondos. Aunque con un problema: cuanto más tarde, más demorará la ejecución de unos recursos que ya avanzan con retraso debido a las dificultades para poner en marcha las inversiones. La ley de contratos, los permisos y las transferencias a las comunidades no permiten ir muy rápido, pese a que todo tenga que estar listo para mediados de 2026.

La sostenibilidad de las pensiones, punto caliente

La reforma de la ley de movilidad, la de función pública y la de justicia tardarían más de un año en aprobarse una vez que han decaído en el Congreso. A menos que se legislen por decreto argumentando la urgencia para cobrar los fondos. En este cuarto tramo que ya va con retraso hay además dos puntos que podrían tener una evaluación complicada. Uno es el de las pensiones. Entre los compromisos suscritos está la elaboración de unas “proyecciones actualizadas que muestren que la reforma de las pensiones emprendidas en 2021 y 2022 garantizan la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo”, según se recoge como uno de los objetivos para lograr el pago de fondos europeos. Tanto el Banco de España como la Autoridad Fiscal ya han señalado que harán falta más medidas que las aprobadas. Y que muy probablemente en 2025 se tenga que activar un ajuste, cuya posibilidad ya está contemplada en la reforma, para compensar las desviaciones presupuestarias. Este ajuste lo impusieron los funcionarios de la Comisión para poder firmar la reforma sin que el Tribunal de Cuentas europeo les exija responsabilidades.

El informe de proyecciones sobre las pensiones será uno de los puntos calientes de los próximos meses. Si el nuevo Gobierno es del PP, podría utilizarlo con la intención de dejar en evidencia que la reforma del ministro Escrivá es una solución en falso a las pensiones.

Ley de vivienda

Otro punto que puede reabrirse es la ley de vivienda, también incluida en el cuarto pago y que contiene las limitaciones a los precios de los alquileres en las zonas tensionadas. El Banco de España ya ha advertido de que esta iniciativa puede afectar a la mejora de la oferta de vivienda en alquiler y podría entrar en una fase de revisión al evaluarla Bruselas.

Además, el Gobierno ha aprobado dos medidas laborales sobre las que la patronal está protestando porque se han legislado al margen de la reforma pactada. La Comisión podría interpretar que se contradice lo acordado: una es que la inspección controle los ERE. Y la otra que las empresas tengan que avisar al Gobierno con seis meses de antelación si despiden a más de 50 trabajadores.

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