La OCDE advierte a España por la sequía ante la “enorme presión” de la agricultura sobre el agua

Modernizar el sector primario, pero hacerlo respetando los retos de sostenibilidad medioambiental o incrementar la productividad sin dañar el entorno, son algunos de los dilemas en los que se encuentra la política agraria española, según concluye el informe Políticas para el futuro de la agricultura y la alimentación elaborado por la OCDE y presentado este miércoles en Madrid. En su análisis, la organización advierte a España de la “enorme presión” que la agricultura ejerce sobre los recursos hídricos y pide una regulación clara que ayude a reducir los consumos y a cuantificar las extra...

Modernizar el sector primario, pero hacerlo respetando los retos de sostenibilidad medioambiental o incrementar la productividad sin dañar el entorno, son algunos de los dilemas en los que se encuentra la política agraria española, según concluye el informe Políticas para el futuro de la agricultura y la alimentación elaborado por la OCDE y presentado este miércoles en Madrid. En su análisis, la organización advierte a España de la “enorme presión” que la agricultura ejerce sobre los recursos hídricos y pide una regulación clara que ayude a reducir los consumos y a cuantificar las extracciones ilegales. La industria agroalimentaria es un ámbito clave que aporta a la economía nacional un 5,2% de valor añadido y que supone el 18,3% del total de las exportaciones nacionales.

La directora de Comercio y Agricultura de la OCDE, Marion Jansen ha apuntado que “la guerra en Ucrania ha tenido un gran impacto en el sector alimentario y ha generado retos urgentes, pero debemos asumir la realidad del cambio climático”. De hecho, la sostenibilidad es un pilar centrar del informe, que advierte del gran reto que supone la gestión del agua en la agricultura de un país en el que las sequías serán cada vez más recurrentes. “Reducir el estrés hídrico debe mantenerse como una prioridad”, señaló Jansen, quien además animó a que se establezcan medidas contra la extracción ilegal de agua y a que se diseñen “políticas que se reflejen en ahorros reales de agua”.

En la presentación, que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Agricultura, también ha participado el ministro, Luis Planas, que se ha referido al agua como “un condicionante básico” para la agricultura nacional. También ha puesto en valor los esfuerzos llevados cabo para modernizar los regadíos y para implementar métodos de agricultura ecológica, siendo España el segundo país de la UE que más emplea este modelo productivo.

Más allá del caso de Doñana, el estrés hídrico en España es uno de los más severos del conjunto de países que integran la Organización y la superficie de regadíos se ha extendido un 17% entre 2002 y 2021. Una de las recomendaciones que contiene el informe, señala la necesidad modernizar las infraestructuras a la vez que se desarrollan políticas regulatorias “para evitar que las mejoras en la eficiencia del riego pueden estar asociadas con un mayor consumo de agua”. Entre las sugerencias destaca la necesidad de armonizar las regulaciones en todo el ámbito nacional, reduciendo las diferencias entre comunidades. Además, propone la creación de instrumentos que complementen a los seguros agrarios y ayuden a los agricultores a adaptarse al nuevo escenario.

Un sector en transición

El documento constata el gran cambio que ha sufrido el sector primario en las últimas décadas. Un modelo de explotaciones agrícolas familiares, de pequeño tamaño y diseminadas por toda la geografía española, ha dado paso en la actualidad a otro de corte más comercial. Por ejemplo, si se toman los censos agropecuarios de 2009 y 2020, el número de granjas disminuyó en 75.000, y estos cierres, puntualiza el informe, afectaron a explotaciones tamaño medio y pequeño, pero a ninguna de las más grandes (aquellas que cuentan con más de 100 hectáreas). De hecho, la OCDE apunta que el 6% de las más grandes ocupa más de la mitad de la superficie agrícola nacional, en concreto, el 58%.

Entre las causas que hay detrás de esta dinámica el documento cita “la baja rentabilidad de la agricultura”, y la percepción general de que es un sector con escasa proyección. En este proceso de transición también cabe destacar la continua disminución de población activa que se dedica a estas actividades. En 2009, la fuerza laboral total del sector ascendía a 922.026 unidades anuales de trabajo, pero para 2020 había disminuido un 8%, hasta las 851.405. En el caso de los titulares de explotaciones familiares, la caída fue del 50%. En el reverso, la mano de obra contratada y subcontratada aumentó un 16% y 14%, respectivamente. Esto evidencia, según el estudio, un cambio de las granjas familiares hacia las corporaciones comerciales, que dependen más de los trabajadores contratados.

En cuánto a la productividad, la OCDE constata que goza de buena salud dados los índices de exportación —supone un 18,3% del total de las exportaciones nacionales— y la creciente mecanización, que ha permitido optimizar la producción y mantenerla por encima de la media europea. Los principales productos de exportación son la carne de cerdo, el aceite de oliva, vino, cítricos y frutas y verduras frescas. De hecho, el comercio español de frutas y hortalizas ha aumentado de forma constante durante las dos últimas décadas y entre 2000 y 2021, las exportaciones e importaciones de frutas y verduras frescas se triplicaron.

Estas cifras han llevado a España a convertirse en el mayor productor y exportador de frutas y hortalizas de la Unión Europea, aunque esto tiene también un reverso negativo. Esta tendencia hacia una producción intensiva se relaciona con el aumento en las emisiones de gases contaminantes y con el aumento en el consumo de agua o de fertilizantes nocivos para el entorno. “Es necesaria una agricultura más inteligente para mejorar la productividad y reducir los impactos ambientales del sector”, concluye el documento.

Producción sostenible

La relevancia del sector en la economía y el hecho de que más de la mitad de la superficie del país se destina a agricultura o ganadería coloca a la sostenibilidad como uno de los principales ejes del informe. De las 11 recomendaciones de mejora que ofrece, seis hablan de cuestiones medioambientales: establecer una regulación clara y simplificada, fijar objetivos específicos de producción compatibles con el respeto ambiental, invertir en tecnología que mejore la eficiencia o establecer organismos que auditen y asesoren a los productores en dicha materia, entre otros.

La agricultura representa el 14% de las emisiones contaminantes totales en España, según la OCDE. Esto ha llevado a que las políticas agroambientales nacionales, en concreto el Plan Estratégico de la PAC 2023-27, contenga puntos específicos para regular la sostenibilidad ambiental de la ganadería, una nueva normativa sobre nutrición en suelos agrícolas, la creación de un registro de mejores técnicas disponibles en explotaciones ganaderas y un cuaderno agrícola electrónico para monitorear la aplicación de fertilizantes a nivel de finca.

Finalmente, otros dos aspectos clave en este proceso de transición que vive el sector agroalimentario son, por un lado, la digitalización, y no solo de las grandes compañías, sino de las granjas de menor tamaño. Un reto que comparten con el conjunto de las pequeñas y medianas empresas nacionales. Y, por otro lado, la inclusión de las mujeres en un ámbito laboral que tradicionalmente ha sido masculino: en 2016, las mujeres representaban solo el 30% de la mano de obra agrícola total. Un reto más complicado aún si se tiene en cuenta que el relevo generacional es cada vez más escaso en un contexto de constante disminución de la mano de obra.

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