Las constructoras advierten de que los contratos públicos sin competencia privada se duplicaron en 2022

Las empresas constructoras creen que los fondos europeos no están dinamizando el sector todo lo que deberían. Con las prisas por ejecutar las ayudas, denuncia la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), muchas Administraciones están recurriendo a los medios propios, la figura con la que se conoce a los encargos que se hacen a empresas públicas sin concurrencia de las privadas. Estos procedimientos, que evitan tener qu...

Las empresas constructoras creen que los fondos europeos no están dinamizando el sector todo lo que deberían. Con las prisas por ejecutar las ayudas, denuncia la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), muchas Administraciones están recurriendo a los medios propios, la figura con la que se conoce a los encargos que se hacen a empresas públicas sin concurrencia de las privadas. Estos procedimientos, que evitan tener que sacar a licitación un proyecto, se multiplicaron el año pasado. Si la patronal constructora contabilizó 1.900 encargos a medios propios en 2021, el año pasado esa cifra ascendió hasta 3.150. Y todavía más acusado fue el incremento en el volumen que representaron esos contratos, que más que se duplicó, pasando de 1.750 millones de euros hace dos años a unos 4.000 millones en 2022. Una muestra de que los trabajos que se encomendaron también fueron más grandes.

Los datos, obtenidos a partir del portal de contratación pública y comparados con otras plataformas, forman parte de un estudio que la CNC está elaborando. Pero las primeras conclusiones no gustan a los empresarios del sector. “Según las cifras que hemos visto, se está produciendo una aceleración en la utilización de medios propios”, resume el presidente de la patronal, Pedro Fernández-Alén, quien deja claro que “en esto no hay color político”. El dirigente subraya que esta práctica “es algo totalmente legal por parte de la Administración”, pero matiza que “el problema es cuando se utiliza de manera excesiva”.

Eso es precisamente lo que la patronal cree que está pasando. La normativa permite a la Administración adjudicar un contrato de obras o de servicios a una de sus empresas cuando hay motivos de urgencia o circunstancias extraordinarias que así lo justifiquen. Esto permite eludir el requerimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y sacar a licitación los trabajos. Al saltarse este paso, se sacrifica la competencia, pero a cambio el proceso de adjudicación se agiliza mucho. Y la necesidad de ejecutar rápidamente los fondos europeos del Plan de Recuperación son, a juicio de los empresarios, la causa principal que explica que se hayan disparado los medios propios en España.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el que ejecuta la mayor parte de la obra pública en España —los Presupuestos llevan tres años batiendo récords de inversión gracias a la inyección de ayudas comunitarias— asegura que en construcción el recurso de ese departamento a medios propios “es residual”. “Los encargos se realizan con respecto a las normas de la Ley de Contratos del Sector Público, cuando hay razones para considerar que esta forma de ejecución es más eficiente”, indica una portavoz. El último año, por ejemplo, la Dirección General de Carreteras ha licitado trabajos por 1.640 millones “y no ha ejecutado ni una obra mediante encargo a medios propios”. La figura también es marginal en Adif, el gestor público de infraestructuras. “El apoyo de medios propios se puede dar en todo caso en asistencias técnicas y servicios, cuando lo justifican razones de eficiencia”, apostillan en el ministerio.

Transportes señala que no cuenta con “datos monitorizados” sobre lo que están haciendo las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda remite a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon, un organismo independiente del Gobierno), que elabora un informe anual en el que sí presta atención a los medios propios. El estudio de 2021, que se publicó el pasado octubre, coincide a grandes rasgos con las cifras que presenta la CNC, pero el de 2022 todavía no ha sido presentado.

Los empresarios apuntan precisamente a Administraciones medianas y pequeñas, con menores recursos para acelerar las licitaciones, como las que principalmente eluden el proceso normal de contratación. Lo hacen, según las fuentes de la patronal, tanto en obras como en servicios, y mediante dos vías: o el encargo directo a medios propios o la publicación de unos pliegos con precios muy bajos que dejan el concurso desierto, lo que permite buscar entonces alternativa en una empresa pública. Las tres que más encargos recibieron en 2021, según el informe de Oirescon, son Tragsa, Tragsatec e Ineco. El estudio que está elaborando la CNC también apunta a esas como las más frecuentes, pero en la patronal insisten en que “el problema no es de las compañías, sino de quien encarga el trabajo”.

Para Fernández-Alén, lo que sucede provoca una doble consecuencia negativa. Por una parte, perjudica a las empresas privadas al dejarlas al margen de muchos contratos. “Nos estamos cargando el tejido de pymes”, lamenta el presidente de la patronal constructora. Pero, además, recuerda que el sector tiene “escasez de mano de obra” y al engordar a las empresas públicas, al resto de compañías les cuesta todavía más encontrar personal. Como soluciones, la CNC plantea la necesidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público para “articular un procedimiento rápido y ágil” que no margine a la iniciativa privada. Además, la patronal planea contactar con todos los partidos “para que pongan una limitación al uso excesivo de medios propios”; por ejemplo, un porcentaje máximo de presupuesto a partir del cual una Administración ya no pueda recurrir a este procedimiento.

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