El déficit público cerró 2022 en el 4,8%, por debajo de la tasa comprometida con Bruselas

El agujero fiscal vuelve a achicarse y a mejorar las previsiones oficiales. En 2022, el déficit público se situó en el 4,8% del PIB, unos dos puntos menos que el año pasado y por debajo de la tasa de referencia del 5% fijada para el conjunto del ejercicio. Un resultado obtenido gracias al tirón de los ingresos, sobre todo fiscales: la recaudación por impuestos ha crecido un 14,4% hasta un récord de 255.563 millones. La rebaja de los números rojos ha sid...

El agujero fiscal vuelve a achicarse y a mejorar las previsiones oficiales. En 2022, el déficit público se situó en el 4,8% del PIB, unos dos puntos menos que el año pasado y por debajo de la tasa de referencia del 5% fijada para el conjunto del ejercicio. Un resultado obtenido gracias al tirón de los ingresos, sobre todo fiscales: la recaudación por impuestos ha crecido un 14,4% hasta un récord de 255.563 millones. La rebaja de los números rojos ha sido de unos 25.000 millones de euros en cifras absolutas, una de las mayores correcciones en un solo ejercicio, y se ha producido pese al despliegue masivo de ayudas públicas para afrontar el golpe de la crisis de precios y energética agravadas por la guerra de Ucrania. Además, deja algo de margen al Gobierno para aprobar más apoyos en un año electoral en el que el crecimiento económico será más débil.

Los datos de cierre presupuestario presentados este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también suponen un mensaje a Bruselas de compromiso con el rigor presupuestario, en un momento en el que se negocian las nuevas reglas fiscales —que siguen suspendidas desde la pandemia—, a las puertas de que España ocupe la presidencia del Consejo de la UE y en plena ejecución del Plan de Recuperación. “Dan credibilidad al Ejecutivo frente a las reformas”, ha señalado la titular de la cartera, “y permiten un cierto colchón adicional para las medidas de ayudas que viéramos necesarias”. A la vez, relatan un año frenético y extraordinario, marcado por la invasión rusa en Ucrania, que truncó la recuperación poscovid, agravó una crisis energética ya en ciernes tras los confinamientos y encendió la inflación.

Pese al cóctel explosivo para las finanzas públicas, había señales evidentes de que en 2022 volvería a producirse un ajuste entre ingresos y gastos público sin necesidad de esfuerzos, al igual que ocurrió el año precedente. El principal responsable, en ambos casos, han sido unos ingresos tributarios disparados. Ya en noviembre habían pulverizado todos los récords con una recaudación que superaba en 33.000 millones la marca del año anterior. Finalmente, la recaudación cerró en los 255.463 millones, la mayor cosecha de la historia. La ministra de Hacienda ha asegurado que solo cinco puntos de este aumento obedecen al efecto de la inflación y el resto a la fortaleza del crecimiento económico y el afloramiento de economía sumergida a raíz de la pandemia. Aun así, hay una parte del aumento que según varios organismos no queda explicada, un 30% según el Banco de España, que además atribuye a la inflación un peso de hasta el 50% en el alza de los recursos.

El IRPF y el IVA han sido los grandes propulsores del incremento. La inflación, del 8,4% promedio en 2022, la mejora de la actividad y del consumo, la resistencia del mercado laboral y de las rentas, en particular el empleo público —subidas salariales incluidas— y las pensiones, han llevado su recaudación hasta cotas históricas: 109.485 millones y 82.595, correspondientes a un repunte del 15,8% y del 13,9%, respectivamente. La buena marcha del empleo, con la afiliación en máximo a cierre de ejercicio, también ha disparado los ingresos por cotizaciones, un 5%. Pero fue el impuesto de sociedades el que más repuntó, gracias a unos beneficios empresariales récord. El alza fue de un 20,8%, hasta superar los 32.000 millones, la mejor marca desde la burbuja inmobiliaria.

Todos estos elementos habrían contribuido a reducir el boquete en las cuentas públicas más rápido de lo previsto (-4,73% si no se incluye la ayuda financiera), y a compensar los cerca de 35.000 millones en ayudas desplegados —a lo que se suman 10.000 millones en líneas ICO— para mitigar el impacto económico de la guerra, más de 22.000 imputables al pasado ejercicio.

El Gobierno ha aprobado tres decretos anticrisis desde el estallido del conflicto. El grueso del gasto se ha concentrado en rebajar la factura energética. Solo la reducción de la fiscalidad de los suministros supuso 8.000 millones de merma en los ingresos públicos; la bonificación a los carburantes que estuvo en vigor hasta diciembre superó los 5.700 millones. A estas medidas hay que sumar más políticas vinculadas a la crisis, como el cheque de 200 euros para los más vulnerables o la subida del Ingreso Mínimo Vital, y otras como la subida salarial del 1,5% para los funcionarios o el aumento de los desembolsos en Defensa. “El comportamiento de la economía y el empleo han sido mejores a lo previsto por el Gobierno y los analistas”, ha remarcado Montero.

El grueso de la rebaja ha llegado de la mano de la Administración central, que disminuyó en tres puntos el desfase de sus cuentas, del 6,1% al 3,1% del PIB. Los fondos de la Seguridad Social recortaron a la mitad su déficit (-0,5%), gracias a las ingentes transferencias del Estado por los gastos impropios y, además, a la reducción de los gastos por el fin de las medidas de protección impulsadas por la covid. Las comunidades autónomas y las entidades locales, en cambio, empeoraron su saldo. Las primeras cerraron con un déficit del 1,1% del PIB, un resultado esperado por la desaparición de algunas de las transferencias excepcionales concedidas durante la pandemia. Los ayuntamientos registraron números rojos (-0,1%) por primera vez desde 2011, un desenlace que se explica por un efecto más bien estadístico: la liquidación negativa de 2020 se ha imputado al pasado ejercicio, pero será compensada por el Estado en tres años. Sin ellas, los municipios tendrían un superávit del 0,04%, según Hacienda.

Ante estas cifras, Montero ha asegurado que no habrá cambios en la senda de estabilidad, que prevé que hasta 2025 el déficit no vuelva a caer bajo el umbral del 3% que fija el actual marco fiscal europeo. Para el actual ejercicio, la referencia es del 3,9% del PIB. “España ha logrado una corrección sin precedentes del déficit tras el incremento de 2020″, ha insistido la ministra. “Los datos de cierre certifican que España es un país creíble, responsable, que combina la protección del Estado bienestar con el compromiso presupuestario”.

El golpe de la pandemia

Para entender mejor la instantánea hay que recordar de dónde venimos. Las Administraciones Públicas dispararon sus números rojos en 2020 a causa de la pandemia. España y las principales economías del mundo vieron cómo sus ingresos se desplomaban tras decretar los confinamientos pandémicos, mientras que sus gastos engordaban para financiar las medidas de apoyo a familias y empresas. El déficit escaló hasta el 10%, un alza repentina con pocos precedentes. Fue el más alto de la UE. Hay que remontarse al ejercicio negro del rescate financiero, 2012, para encontrar un porcentaje más elevado.

Si la subida del déficit fue brusca en 2020, aún más rápida fue su reducción al año siguiente. Las Administraciones Públicas lograron el mayor descenso de la historia si no se cuentan las ayudas financieras. También entonces el saldo entre ingresos y gastos se situó por debajo de la previsión oficial: el 6,8% del PIB frente al 8,4% comprometido con la UE.

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