La patronal constructora pide recuperar la revisión de precios que el PP eliminó en 2015

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), donde se agrupan la mayoría de empresas del sector en España, ha reclamado este viernes “urgentemente” la prórroga del sistema excepcional de revisión de precios de la obra pública. Este mecanismo, que el Gobierno puso en marcha ante el encarecimiento desorbitado de muchos materiales, expira el próximo 2 de marzo. El Ministerio de Tran...

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), donde se agrupan la mayoría de empresas del sector en España, ha reclamado este viernes “urgentemente” la prórroga del sistema excepcional de revisión de precios de la obra pública. Este mecanismo, que el Gobierno puso en marcha ante el encarecimiento desorbitado de muchos materiales, expira el próximo 2 de marzo. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (el antiguo Fomento) asegura estar “analizando” la extensión de la regulación especial, un paso que la patronal constructora juzga imprescindible para apuntalar el crecimiento de actividad provocado por la llegada de fondos europeos de recuperación. Pero no se trata de la meta: la CNC pide recuperar un procedimiento permanente para ajustar los precios de los contratos públicos a sus costes reales, algo que suprimió la Ley de desindexación de la economía española aprobada por el PP en 2015, lo que para la organización empresarial supuso “un error”.

Pedro Fernández-Alén, presidente de los constructores, ha descrito la situación actual del sector como un “momento agridulce”. La patronal estima que siete de cada 10 euros del Plan de Recuperación, por el que España ha recibido ya 31.000 millones de Bruselas y espera la llegada inminente de 6.000 millones más, repercutirán de manera directa o indirecta en las empresas constructoras. “No hay problemas de actividad ni de capacidad”, ha asegurado el dirigente de la patronal, para explicar seguidamente donde está la parte agria del asunto: “Estamos apreciando un importante problema de costes”. La CNC lo ejemplifica tomando datos de varios organismos independientes. Según el Índice de precios de los materiales del INE, por ejemplo, de enero de 2021 a junio de 2022 (el último dato publicado), el cemento se encareció un 22%, el aluminio un 59% y la energía un 88%.

Aunque la volatilidad parece haber remitido, ha explicado Fernández-Alén, “los precios no están bajando, sino que están moderando su incremento”. Es decir, que los costes para los constructores siguen subiendo y por eso la patronal juzga imprescindible prorrogar “sine die” el mecanismo excepcional de revisión de precios. De no adoptar esta medida, la CNC advierte de que hay “obras importantes que podrían quedar desiertas” porque “los contratos actuales no contienen los costes en los que realmente incurren las empresas”. Una situación que es, según la versión de los empresarios, especialmente acuciante en las administraciones locales y en algunas comunidades autónomas.

La petición de alargar el mecanismo no significa, pese a todo, que guste a la patronal. Esta lleva meses denunciando que se queda corto y Fernández-Alén ha incidido en esa línea: “El sistema es insuficiente porque no da estabilidad y certeza”. Como ejemplo, la patronal tiene constancia de 2.032 licitaciones, por valor de 982 millones, que quedaron desiertas el año pasado. Para la CNC, ni los límites que contempla el actual procedimiento (exige un encarecimiento mínimo de la obra del 5%) ni los materiales que regula (solo se aplica sobre sobre ciertos productos que se usan en la obra) reflejan el sobrecoste real que afecta a muchos contratos públicos. Y pide, por ejemplo, que se incluyan en el cálculo el coste de la mano de obra, la energía y los contratos de conservación y servicios que se alargan en el tiempo.

Pero esa sería solo la base para ir más allá. “Necesitamos un sistema de revisión de precios estable en la Administración pública, que sea razonable y que se pueda trasladar a la obra privada”, ha reclamado el presidente de la organización empresarial. Este ha incidido en que el mecanismo debería formar parte de la norma que regula contratación pública, como sucedió en España durante décadas hasta que la ley de desindexación acabó con esa situación en 2015. “Fue un error meter la contratación pública en esa ley”, ha valorado Fernández-Alén, quien ha asegurado que en el Ministerio de Transportes “ven razonable” su planteamiento. Una portavoz de ese departamento ha señalado que la prórroga del sistema de revisión de precios “está en fase de análisis” y el Gobierno decidirá sobre la misma en las próximas semanas.

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