La justicia europea, a punto de tumbar la normativa de Colau que limita a Uber y Cabify

La justicia europea ha dado un duro varapalo a la normativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsada por la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, que restringe la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que explotan plataformas como Cabify o Uber. El informe del Abogado General de la UE considera que esa norma “viola la libertad de establecimiento” en el marco del tratado de funcionamiento de la Unión Europea, y señala que tanto el régimen de doble autorización como la limit...

La justicia europea ha dado un duro varapalo a la normativa del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) impulsada por la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, que restringe la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) que explotan plataformas como Cabify o Uber. El informe del Abogado General de la UE considera que esa norma “viola la libertad de establecimiento” en el marco del tratado de funcionamiento de la Unión Europea, y señala que tanto el régimen de doble autorización como la limitación de una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi no están justificadas por causas de interés general.

Según el Abogado General Maciej Szpunar, esa restricción del derecho de establecimiento en virtud del artículo 49 del tratado de funcionamiento de la UE, que se aplica a los servicios en el ámbito del transporte, solo puede justificarse en el marco de la normativa europea por razones de interés general, “y la viabilidad económica de los servicios del taxi no puede por sí misma constituir una razón imperiosa de interés general”. “Es cuestionable que el servicio del taxi pueda considerarse como un servicio de interés económico general y dudoso que los operadores de dicho servicio cumplan una obligación de servicio público”, señala el informe.

Aunque las conclusiones del Abogado General no son vinculantes, generalmente las sentencias finales del Tribunal de Justicia de Luxemburgo suelen coincidir con su informe. De ser así, la normativa sobre VTC puede dar un vuelco en toda España, pues prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo Madrid, han aplicado fuertes restricciones a la actividad de esos vehículos desde que el pasado 1 de octubre se cumpliera la moratoria (el llamado decreto Ábalos) que dio el Ministerio de Transportes en 2018 para que las comunidades legislaran sobre la materia, renunciando a una legislación de ámbito nacional.

A instancias de Cabify

El procedimiento ha llegado hasta la justicia europea a instancias de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que demandó a Luxemburgo que fijara un criterio sobre si la reducción de las licencias (1 VTC por cada 30 taxis) es acorde a la legislación europea en materia de libre competencia. La petición del TSJC partió de un recurso presentado por la compañía Prestige and Limousine, S.L. —que opera para Cabify— en contra del reglamento impulsado por Ada Colau en el Área Metropolitana de Barcelona en 2018.

El informe reconoce que el transporte privado local puede a veces subsanar una falta de servicio no cubierta por el transporte público local, pero puntualiza que ampliar la oferta de servicios de transporte local contribuiría a contar con un sistema que funcionara correctamente. El Abogado General plantea la cuestión de por qué dicha oferta no debería incluir los VTC. Afirma que el AMB puede proseguir en su empeño de garantizar la calidad, seguridad y accesibilidad de los servicios de taxi solo en la medida en que no persiga con ello objetivos económicos. “Lo que no puede hacer es proteger los servicios del taxi de todo cuestionamiento ulterior solo porque tales servicios puedan constituir un servicio de interés económico general”, señala.

En cambio, el Abogado General no concibe ningún argumento en favor de la idoneidad de la ratio de una autorización de VTC por cada 30 licencias de taxi para materializar las razones imperiosas de interés general antes mencionadas. Se pregunta por qué los servicios del taxi y los servicios de los VTC están sujetos a diferentes regímenes jurídicos si satisfacen la misma demanda (transporte local individual privado) y si, como afirma el tribunal nacional [Tribunal Supremo], compiten entre sí.

Subraya que, mientras que los VTC han visto restringido su acceso al mercado hasta el punto de resultar imposible, no se abordan los problemas del régimen aplicable a los taxis. Menciona el hecho de que las licencias de taxi que se obtenían inicialmente del Estado por menos de 100 euros se venden actualmente en el mercado secundario por más de 100 000 euros. Entiende que reformar y liberalizar genuinamente todo el sistema de los taxis y de los VTC puede situar en considerable desventaja a quienes pagaron cara una licencia y pretenden recuperar el coste mediante (elevadas) tarifas fijas, pero sugiere que habría otras formas de evitar el riesgo de que esas personas se vieran perjudicadas distintas de hacerlo a expensas de los servicios de los VTC y de la libertad de establecimiento.

Las conclusiones del Abogado General coinciden con la sentencia del Tribunal Supremo y con la doctrina de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) . Este organismo ha recurrido varias normativas autonómicas (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco) por considerar que introducen requisitos “desproporcionados” para el interés general y perjudican a los consumidores al reducir la competencia en el mercado global de los taxis y las VTC.

El Abogado General de la UE no ve, en principio, problema alguno en justificar la exigencia de una autorización adicional como la que pide AMB, puesto que esta puede satisfacer las especificidades de la región en cuestión, en particular en cuanto al tráfico y a la contaminación. “Sin embargo, la autorización adicional no debe requerir que se dupliquen los controles ya efectuados en otros procedimientos, ni en el mismo Estado miembro ni en ningún otro”, señala.

Las empresas esperan a la sentencia

Tanto Uber como Cabify, las dos principales empresas que trabajan con vehículos VTC en Barcelona, han declinado hacer declaraciones a la espera de que haya una sentencia. Con todo, fuentes del sector indican que en el caso de que el tribunal se pronuncie con una sentencia que siga la línea del abogado de la UE, el resultado sería un varapalo al decreto que en 2019 impulsó el entonces consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, que restringía la actividad de los vehículos VTC y exigía una doble autorización para operar. Ese decreto sirvió de base para que luego la AMB redactase el reglamento que ha sido objeto del informe del Abogado General de la UE.

No obstante, en Barcelona, el líder de la Asociación Profesional Élite Taxi Barcelona, Alberto Tito Álvarez, ha asegurado que la eventual sentencia “no afecta a Barcelona, porque el reglamento al que se refiere el abogado general es de 2019 y actualmente no está vigente; ahora está vigente el decreto 9/2022 de la Generalitat, que no establece limitación cuantitativa, sino requisitos de entrada para las VTC”. Desde el 1 de octubre, en Barcelona está en vigor el decreto del Govern, que fija que los VTC sean furgonetas o vehículos de lujo (a partir de 4,9 metros de largo) y no contaminantes, lo que dejará fuera la gran mayoría de las VTC de plataforma (Uber y Cabify), según Élite Taxi. El decreto del Govern persigue que sigan existiendo los vehículos con chófer pero no diferenciarlos del servicio del taxi urbano. Durante los meses de septiembre y octubre se estableció un plazo para solicitar la nueva autorización urbana y a finales de este año se sabrá cuántas VTC acaban ajustándose a la nueva legislación en Cataluña.

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha destacado que se trata de un pronunciamiento, no de una resolución judicial, pero ha reconocido que al Consistorio le preocupa el contenido, informa Irene Guevara. “La ciudad de Barcelona tiene derecho a decidir su modelo económico, y ha decidido que no será un territorio donde grandes plataformas digitales devoren nuestra economía. Lo hemos decidido hacer con la tasa Amazon, con los pisos turísticos y con Uber. Barcelona tiene derecho a escoger su modelo económico, porque decidiendo nuestro modelo económico, decidimos nuestro modelo de sociedad y no queremos una sociedad precarizada, low cost o donde haya empresas oligopolistas que dominen o que hagan competitividad desleal”, ha dicho en una comparecencia. Collboni ha defendido el decreto de la Generalitat del pasado mes de octubre y ha asegurado que lo defenderán “hasta donde haga falta”. “Sabemos que nos enfrentamos a lobbies muy poderosos, pero estamos convencidos de que nos enfrentamos a una causa justa”, ha rematado.