El dilema de los sindicatos con la reforma de las pensiones: no quieren pactarla si el Gobierno no les garantiza el apoyo de sus socios

La negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones se dirime en medio de un clima de desconfianza, principalmente, por el temor de los sindicatos a que los socios del Gobierno de coalición no secunden la propuesta en las Cortes, como sucedió con la reforma laboral. Según reconocen a EL PAÍS fuentes sindicales, las centrales no quieren que cualquier acuerdo que suscriban con el Ministerio de Seguridad Social pue...

La negociación de la segunda parte de la reforma de las pensiones se dirime en medio de un clima de desconfianza, principalmente, por el temor de los sindicatos a que los socios del Gobierno de coalición no secunden la propuesta en las Cortes, como sucedió con la reforma laboral. Según reconocen a EL PAÍS fuentes sindicales, las centrales no quieren que cualquier acuerdo que suscriban con el Ministerio de Seguridad Social pueda verse desnaturalizado por las enmiendas del resto de partidos, o anulado si no logran su apoyo. Para evitarlo, están tanteando el posicionamiento de formaciones como PNV o ERC, que ya se desmarcaron con la reforma laboral.

“No queremos que se repita lo de la reforma laboral”, apunta una fuente sindical que participa en las negociaciones. El nuevo marco legislativo salió adelante gracias a un error en la votación del diputado del PP Alberto Casero, después de que socios del Gobierno como ERC, PNV o EH-Bildu votasen en contra. “Se nos quedaría cara de tontos si firmamos un acuerdo que después pierde toda su esencia”, indica una fuente sindical.

En la segunda parte de la reforma de las pensiones se aborda la ampliación del cómputo de años para el cálculo de la jubilación y el destope de las cotizaciones máximas y las pagas. No es un debate en el que exista unanimidad en el Gobierno. Desde Podemos ya se mostraron reacios al planteamiento inicial de aumentar los 25 años necesarios en la actualidad hasta los 35, por considerar que “empobrecería” a los futuros pensionistas. Otras voces dentro del partido morado se niegan en redondo a modificar esta cuantía, independientemente de cuál sea su variación.

La postura de los sindicatos es igualmente inmovilista. Consideran que “no ha habido tiempo suficiente” para medir los efectos de los 25 años de cómputo actuales, que entraron en vigor este año, por lo que “no es posible medir todavía su impacto sobre la sostenibilidad del sistema”, indican estas mismas fuentes.

La idea sobre la que trabaja ahora el ministro José Luis Escrivá contempla una ampliación de los años de cálculo de la pensión, pero con la posibilidad de desechar algunos de los peores ejercicios. Esto es, aunque sean necesarios más años de la carrera laboral para poder jubilarse, será posible retirar del cómputo final algunos de los años en los que las cotizaciones fueran más bajas. Algo que ocurre con las carreras intermitentes —donde hay periodos de desempleo—, o en aquellas en las que se ha producido una mejora progresiva de las condiciones laborales en el tiempo.

El ministro ha asegurado en público que esta reconfiguración no busca recortar las pensiones, y que su efecto en las cuentas será neutro. Una valoración que no comparten ni las organizaciones sindicales ni Podemos, que defiende que incluso con la salvaguarda del descarte, trabajadores con carreras estables, como por ejemplo los funcionarios, se verían penalizados.

Romper los límites

Otra de las propuestas que contempla Escrivá, y que está recogida en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas es la “adecuación de las bases máximas de cotización”. Lo que se pretende es eliminar el límite actual para la contribución máxima por cotizaciones, que tiene un techo en los 49.672 euros anuales, y permitir que aquellos salarios que estén por encima de esta cantidad también aporten al sistema. El efecto de este destope conllevaría un aumento de las pensiones máximas, fijado actualmente en 2.819,20 euros al mes (39.468,80 euros al año), que con la revalorización del 8,5% prevista para 2023 subirá a los 3.059,23 euros mensuales (42.829,29 al año). Supondría un mayor gasto en el largo plazo, pero un aumento de los ingresos en el corto y medio.

Como adelantó EL PAÍS, la última propuesta que ha trasladado Escrivá en las conversaciones con los sindicatos y con Unidas Podemos es que las cotizaciones máximas suban un 30% más la inflación a lo largo de un periodo de 30 años. Y que las pensiones máximas también lo hagan en la misma medida, pero con unos márgenes de tiempo diferentes. Aplicar estas subidas haría que la cotización máxima subiera hasta el entorno de los 65.000 euros anuales, y las pensiones hasta los 52.000 euros en términos reales, una vez restada la inflación.

Frente a este planteamiento, UGT y CC OO han recordado al Ministro en un comunicado conjunto que las propuestas en materia de pensiones que proponen los sindicatos “tienen como prioridad reforzar los ingresos y la equidad del sistema de Seguridad Social; mejorar las pensiones más bajas; seguir reduciendo la brecha de género y culminar las cuestiones aún pendientes de la primera fase de negociación”. Y que, “todas aquellas medidas que impliquen recortes en la cuantía de las pensiones o en el derecho de los pensionistas contará con el rechazo frontal de las organizaciones sindicales”. La patronal CEOE no se ha manifestado públicamente sobre esta propuesta de destope.