El Gobierno prepara una fuerte subida del salario mínimo por la inflación

El grupo de expertos se reunirá esta semana para determinar la nueva alza, que se proyecta como la más elevada de la legislatura. Los sindicatos esperan que crezca un 10% hasta los 1.100 euros

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, el miércoles en el Congreso.Ricardo Rubio (Europa Press)

El Gobierno tiene claro que en medio de una coyuntura económica dominada por la inflación, los trabajadores más vulnerables no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo. Para evitarlo, la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se aplicará el próximo año contemplará el alza de los precios que se ha producido en 2021 y 2022. No lo hará, sin embargo, de manera automática. Esto es, el SMI no subirá (necesariamente) en la misma medida en la que lo haga el IPC, pero este será una variab...

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El Gobierno tiene claro que en medio de una coyuntura económica dominada por la inflación, los trabajadores más vulnerables no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo. Para evitarlo, la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) que se aplicará el próximo año contemplará el alza de los precios que se ha producido en 2021 y 2022. No lo hará, sin embargo, de manera automática. Esto es, el SMI no subirá (necesariamente) en la misma medida en la que lo haga el IPC, pero este será una variable fundamental a la hora de determinar su cuantía desde enero de 2023. De acuerdo con las estimaciones iniciales, la siguiente alza podría elevar el salario mínimo actual, de 1.000 euros (con un total de 14 pagas), hasta los 1.100 euros que reclaman los sindicatos. Esta cifra superaría en 51 euros las proyecciones iniciales, de junio del año pasado, del comité de expertos convocado por el Ministerio de Trabajo (1.049 euros), que volverá a reunirse la próxima semana para definir una nueva horquilla. En el Ministerio de Trabajo se muestran cautos y prefieren esperar a que terminen los trabajos de la comisión de expertos y optan por no dar ninguna cifra.

El grupo de técnicos dispondrá de un mes para determinar cuál debe ser el aumento del salario mínimo para el próximo año, sin perder de vista que este debe equipararse con el 60% del salario medio neto. Ese es el compromiso que adquirió el Gobierno al suscribir la Carta Social Europea, y que resulta una línea roja para La Moncloa. Es exactamente en este punto donde entra en juego la inflación, puesto que las primeras proyecciones de los expertos se sustentaban sobre los salarios de 2018 y, tras la publicación en junio de la Encuesta anual de Estructura Salarial de 2020, los guarismos han cambiado. Entre estos dos años, el salario bruto anual ha pasado de 24.009 euros a 25.165, por lo que las cábalas han quedado obsoletas.

Sobre la base de esta última cifra, los expertos aplicarán ahora una serie de variables —entre las que se encuentra la inflación, además de la evolución del coste laboral, o las subidas acordadas en los convenios—, para actualizar esos registros de acuerdo con lo sucedido durante los dos últimos años y definir un nuevo salario medio. De ahí que la fluctuación del IPC intervenga sobre esa cantidad, de la que después se deberá calcular el 60% y, con ese dato, determinar cuánto debe subir el salario mínimo para llegar hasta él.

Una fuente del Ministerio de Trabajo explica que es en esta intervención indirecta de la inflación donde se encuentra la diferencia con lo que ocurrirá con las pensiones. La reforma aprobada por el Gobierno las vinculó con el IPC, y en enero crecerán siguiendo con la media registrada por este indicador entre los meses de diciembre de 2021 y noviembre de 2022, y que se estima que será del 8,5%. La traslación de este aumento al SMI supondría que el salario base crecería hasta los 1.085 euros, una cifra que podría encajar en el diálogo social. Sin embargo, de consumarse una subida de 100 euros, el SMI experimentaría un crecimiento mayor, del 10%, y a lo largo de la legislatura se habría visto incrementado en 200 euros (+22%).

El posicionamiento del resto de los agentes sociales alrededor de este incremento no difiere de lo que ha venido sucediendo durante toda la legislatura. Los sindicatos son partidarios de elevarlo hasta los 1.100 euros, puesto que consideran que cualquier cifra que resulte por debajo no será suficiente para combatir el alza de los precios. Para Pepe Álvarez, secretario general de UGT, subir el SMI en tan solo 49 euros “es quedarse muy corto”, porque “no se le puede decir a la gente que ya no llega a final de mes, que el año que viene va a perder un 5% de su poder adquisitivo”. De ahí que su propuesta de salida en la mesa de negociación sea la de “redondearlo en 1.100 euros, que es el 10% del SMI actual”.

“Es una subida que ya se ha producido en otros países de nuestro entorno como en Países Bajos”, apunta Fernando Luján, secretario confederal de UGT. Alemania ha decretado una subida del 15% para 2023, mientras que Portugal o Francia lo harán por debajo de los dos dígitos (6% y 5,6%, respectivamente). “Lo que tenemos que evitar es que desde la Comisión Europea de Derechos Sociales se nos siga diciendo que en España no tenemos unos salarios dignos. Debemos sacar orgullo de país. Subir el SMI un 10% es posible, justo y necesario”, añade Luján.

En la misma línea se posiciona el líder de CC OO, Unai Sordo, que alerta de que “la inflación está haciendo mucho daño a los bolsillos de las personas con los sueldos más bajos” y, por ello, “hay que ofrecer certezas a la gente que peor lo está pasando en este momento”. Según los datos que manejan ambos sindicatos, cerca de tres millones y medio de personas cobran actualmente el salario base.

Rechazo de la patronal

La patronal CEOE, por su parte, ya se ha mostrado contraria al nuevo aumento, independientemente de cuál sea su cantidad, por entender que la situación de las empresas en medio de un panorama de incertidumbre como el actual no resulta el más propicio para afrontar un aumento de los costes laborales de tal calibre. “No vamos a apoyarlo, como hemos venido haciendo. Lo que no quiere decir que nos vayamos a levantar de la mesa. Porque, además, se trata de una decisión que depende, exclusivamente, del Gobierno. Y, por tanto, puede tomarla sin ninguna necesidad de alcanzar un acuerdo con nadie”, apunta una fuente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha negado reiteradamente a hablar de cifras concretas y ha delegado esa responsabilidad en el resultado de los estudios de la comisión de expertos. No obstante, sí ha recordado que dentro del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores se le reconoce al Gobierno la potestad para definir el salario mínimo teniendo en cuenta “el índice de precios de consumo” y “la coyuntura económica general”. Además, la CEOE tiene claro que es más que probable que el nuevo aumento encaje dentro de las cifras que se barajan. ”A lo mejor no lo suben a 1.100 euros, pero es muy probable que lleguen a los 1.080″, señala una fuente de la CEOE. La patronal también advierte de que esta subida, que resultaría la más elevada de todas las que se han llevado a cabo hasta el momento, se produciría en pleno año electoral.

El incremento del SMI es la punta de lanza de la batalla que vienen presentando los sindicatos durante todo el otoño, y que tendrá en la movilización del próximo jueves, en Madrid, uno de sus puntos fuertes. La guerra de los salarios sigue abierta.

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