La inflación cierra mayo en el 8,7% y se afianza como el indicador más problemático para el Gobierno

La inflación se confirma mes tras mes como el indicador económico con más potencial para dañar la renta de los hogares —especialmente los más vulnerables— y desgastar al Gobierno. En mayo, la tendencia volvió a ser al alza: el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha anunciado este viernes que la inflación cerró en el 8,7% respecto al año pasado, la misma cifra que el dato adelantado de hace dos semanas, pero cuatro décimas peor que en abril.

Su evolución contrasta con la del resto de baremos, que resisten y en algunos casos incluso sorprenden positivamente en un entorno de turbulenci...

La inflación se confirma mes tras mes como el indicador económico con más potencial para dañar la renta de los hogares —especialmente los más vulnerables— y desgastar al Gobierno. En mayo, la tendencia volvió a ser al alza: el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha anunciado este viernes que la inflación cerró en el 8,7% respecto al año pasado, la misma cifra que el dato adelantado de hace dos semanas, pero cuatro décimas peor que en abril.

Su evolución contrasta con la del resto de baremos, que resisten y en algunos casos incluso sorprenden positivamente en un entorno de turbulencias por los coletazos de la pandemia, la crisis de suministros y la guerra. El número de parados está por debajo de los tres millones por primera vez desde 2008; el PIB crece a un ritmo superior al 4% —según la previsión de la OCDE para España este año— espoleado por la llegada de fondos europeos; la deuda, aunque muy elevada, todavía paga intereses históricamente bajos gracias a la política de tipos del Banco Central Europeo; y el déficit, sin la presión de Bruselas reclamando reformas rápidas por la suspensión de las reglas fiscales, no es (de momento) la gran prioridad.

En ese escenario, la dificultad para atajar la escalada de los precios se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para el Ejecutivo, que ve con impotencia cómo sus medidas no han logrado alejar la inflación demasiado de los máximos de 37 años alcanzados en marzo, cuando se situó en el 9,8%. Una de esas propuestas estrella, la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible, ha sido ya devorada por la subida del precio de los carburantes, ahora 23 céntimos más caro que cuando entró en vigor. Y la otra, el sistema ideado por España y Portugal, que limitará el precio del gas y el carbón para generación eléctrica, ha sido finalmente aprobada por la Comisión Europea, pero tras sufrir varios retrasos no empezará a funcionar hasta el martes.

En mayo, la subida de los carburantes y los alimentos ha influido más que la electricidad en el alza de precios. El veto de la UE a la compra del crudo que llega por vía marítima desde Rusia ha contribuido a asentar el precio del crudo brent por encima de los 120 dólares —el triple que hace dos años—. Y en medio de esos problemas de oferta, dos medidas contrapuestas no parecieron surtir demasiado efecto: ni la decisión de Arabia Saudí de subir los precios del petróleo para julio ni el aumento del objetivo de bombeo del cartel de países productores alteró en gran cosa la tendencia.

El alza del petróleo se ha traducido en una subida de la gasolina en mayo respecto al año pasado del 23,5%, y del 33,9% en el caso del diésel, según el INE. La electricidad, por su parte, se incrementó un 30,2%. El organismo también ha detectado un aumento de tarifas en hoteles, cafés y restaurantes del 6,3%, máximos de 21 años, y subidas de precios generalizadas en los alimentos, que medidos junto a las bebidas no alcohólicas valen un 11%, más que hace 12 meses, el porcentaje más alto en 28 años. Por ejemplo, el aceite de oliva se ha encarecido un 36,5% frente al año pasado, la pasta un 27,9%, la harina un 25,5%, los huevos un 25,3%, la leche entera un 16,7% y los alimentos para bebés un 15,5%. La inflación subyacente —que excluye la energía y los alimentos frescos por su volatilidad— cerró mayo en el 4,9%, cinco décimas más que en abril, y la tasa más alta desde octubre de 1995.

Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, han coincidido en las últimas horas al recordar que entre sus 18 socios de la zona euro hay 11 países con una inflación más alta que la española. Y ambos insistieron en culpar de los encarecimientos a factores exógenos, como los cuellos de botella en los mercados internacionales y el repunte de las materias primas, sobre todo las energéticas, por la guerra en Ucrania.

Ni la comparativa —según Eurostat, la inflación en España está ligeramente por encima de la media de los Diecinueve—, ni el hecho de que la invasión esté detrás de una parte importante del aumento del coste de la vida alivian la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los hogares. Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,42% hasta mayo, cifra ligeramente superior al dato de abril (2,40%), pero muy lejos del alza de los precios. La crisis está exhibiendo la limitada capacidad de los Estados —en toda Europa y más allá— para solventar un problema en el que inciden elementos tan complejos como las perturbaciones en el funcionamiento del comercio y la globalización, a los que se suma el monumental trastorno energético iniciado desde el Kremlin.

Los políticos en el poder se enfrentan así al descrédito en buena parte del planeta ante un problema que afecta directamente al bolsillo de sus electores. “La inflación es la pesadilla de nuestro tiempo”, dijo el presidente de EE UU, Joe Biden, el jueves durante una entrevista televisada. El carácter global del fenómeno no está sirviendo al líder demócrata para frenar la caída de su popularidad, en medio de subidas anuales de los precios superiores al 8%.

Los expertos creen que no volverá a máximos

La OCDE, que en su último informe incidió en que las familias de menos recursos sufren con más fiereza el zarpazo de los precios, augura para España una inflación media del 8,1% para 2022 y del 4,8% para 2023, lo que significa que no espera grandes descensos en los meses venideros. Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics, cree que el 9,8% de marzo es un techo inamovible “en parte porque el tope al precio del gas debería protegernos de sus hipotéticas subidas si la situación en Ucrania empeora”, argumenta. Aun así, calcula que el impacto del tope al gas en la inflación será modesto, y le restará alrededor de medio punto. “Aunque hay bastantes incógnitas”, puntualiza.

Leopoldo Torralba, economista de Arcano Economic Research, no descarta nuevas aceleraciones a corto plazo, en junio o julio, “sobre todo por el bloqueo de los puertos ucranianos, que está haciendo aumentar los precios de los alimentos, y del embargo europeo al petróleo ruso”, explica. Sin embargo, espera que en el tercer trimestre empiece a verse una ralentización, a la que ayudará el tope al gas con unas seis o siete décimas, según sus cálculos. “El problema es que otros elementos que pesan mucho, como los alimentos o el petróleo, podrían compensar esto”, advierte.

Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, pone dos condiciones para que la inflación no regrese a máximos anuales: que el petróleo no supere los 130 dólares y que el gas no rebase los 90 euros por megavatio hora. Prevé una inflación media anual algo inferior a la de la OCDE, del 7,5%, acabando el año en subidas de precios cercanas al 6%. Para Torres, el tope al gas restará ocho décimas al IPC, pero en junio y julio serán tres décimas. Como Torralba, opina que existe el riesgo de que no sea demasiado visible. “Esto se verá relativamente poco porque estamos con tasas de inflación que vienen del petróleo y de la inflación subyacente que pueden anular el efecto de la medida, aunque es positiva porque calma uno de los frentes, el de la electricidad”.