El Banco de España alerta de que la transición verde afectará más a las rentas bajas
El supervisor pide compensar a los hogares con menos recursos por los impuestos verdes, la mayor inflación y los cambios en los patrones de consumo que generarán la lucha contra el cambio climático
El Banco de España alerta sobre los impactos económicos que puede tener la lucha contra el cambio climático en las rentas bajas, según un avance del informe anual del organismo supervisor publicado este miércoles. Los hogares con menos recursos tendrán más dificultades para afrontar la transición ecológica. Los derechos para emitir carbono ya están encareciendo la energía y los impuestos verd...
El Banco de España alerta sobre los impactos económicos que puede tener la lucha contra el cambio climático en las rentas bajas, según un avance del informe anual del organismo supervisor publicado este miércoles. Los hogares con menos recursos tendrán más dificultades para afrontar la transición ecológica. Los derechos para emitir carbono ya están encareciendo la energía y los impuestos verdes también suponen un esfuerzo mayor para las familias más humildes. La supresión del carbón entraña un encarecimiento del gas y, por tanto, de la luz. Los cambios de equipamiento y vehículos son más inasequibles. Ya está ocurriendo una mayor inflación por los cuellos de botella que provoca la demanda masiva de materias primas y productos necesarios para cumplir con los compromisos climáticos, afectando a los bolsillos de los ciudadanos. Y los poco formados tendrán una menor capacidad para lograr un puesto de trabajo en la intensa recomposición que sucederá entre empresas y sectores conforme se avanza hacia un modelo de crecimiento más sostenible.
En general, todo ello implica cambios en los patrones de consumo más complicados de abordar para quien menos tiene. También precios más altos, al menos a corto plazo, que afectan más a las rentas bajas cuya cesta de consumo está más expuesta. Incluso las inversiones necesarias para lograr los objetivos climáticos, que tendrán que ser masivas, podrían generar una mayor inflación que golpee más a los pobres, admite el supervisor en el capítulo 4 de su informe, titulado La economía española ante el reto climático. Aunque existe mucha incertidumbre sobre qué efectos económicos acabará teniendo este proceso, el Banco de España recomienda que se evalúen muy bien las políticas a este respecto y que se compense a estas rentas por los sacrificios a los que tendrán que hacer frente. Estas ayudas deberían ser muy focalizadas, temporales y condicionadas a la renta para evitar un roto excesivo en las cuentas públicas, subraya. En un contexto en el que ya habían saltado los chalecos amarillos (en Francia) y en el que en España han tenido lugar protestas del campo o del transporte, el análisis del supervisor advierte de que la transición verde será social o no lo será.
En opinión del Banco de España, estas compensaciones a las rentas bajas deben realizarse de tal forma que ayuden a soportar las rentas, pero sin incentivar las pautas de consumo actuales. Aunque el banco no lo concreta en su informe, un ejemplo negativo en este sentido sería subvencionar el combustible para continuar usando el coche igual. Y otro que sería positivo: en Reino Unido, en lugar de bajar el precio de la luz con rebajas tributarias, se ha dado una ayuda a través de los impuestos municipales a todas las familias, de forma que, aunque reciben la misma ayuda monetaria, siguen teniendo precios altos de la luz y, por tanto, un incentivo para bajar su consumo de electricidad. Es decir, el diseño debe facilitar el cambio de patrón de consumo, recalca el organismo supervisor.
Impacto dispar
Los estudios del Banco de España muestran que el porcentaje de gasto en sectores con altas emisiones cae con la renta. O dicho de otro modo: las rentas bajas tienen una cesta de la compra en la que hay más productos y servicios con mayor producción de carbono. En consecuencia, sufrirían más con una subida de la fiscalidad verde para esos productos.
“El previsible aumento de los precios en los bienes y servicios más contaminantes probablemente incida de manera más acusada sobre los hogares con menor nivel de renta, con un cabeza de familia en torno a los 40 años, los que residan en zonas rurales, no sean propietarios de su vivienda, tengan un menor nivel educativo o presenten un mayor número de miembros”, dice el documento. Esto es, las familias se verán afectadas de forma muy dispar.
“Al margen de consideraciones de equidad, la necesidad de desplegar medidas compensatorias estaría también justificada en pos de lograr el suficiente e imprescindible consenso social para llevar a cabo el profundo proceso de transformación estructural que la economía y la sociedad necesitan abordar en los próximos años para afrontar los importantes desafíos climáticos”, advierte. Por ejemplo, el Banco de España apunta que las inversiones en plantas solares y eólicas no repercuten necesariamente en el desempleo local de aquellos sitios donde se ubican.
Importantes diferencias sectoriales
También habrá empresas más vulnerables por el encarecimiento de los insumos, por la intensidad en el uso de la energía o por cambios en el patrón de consumo, señala el supervisor. Por sectores, las manufacturas, la agricultura y el suministro de energía suponen el 25% de la economía y el 70% de las emisiones. La construcción, la hostelería y el comercio también dejan una importante huella de carbono debido a su peso en la economía y sus relaciones con otros sectores.
Según las encuestas que maneja el supervisor, las pymes están peor preparadas. Y los mayores riesgos que perciben las empresas por la transición ecológica son las presiones inflacionistas y mayores cargas administrativas por obligaciones de información.
Al igual que el golpe será asimétrico por rentas, también lo será por regiones. Según las previsiones científicas, el sur de la Península padecerá menos precipitaciones y el sureste, un mayor estrés hídrico. El Banco de España recuerda que existe un consenso entre los científicos sobre que si no se corrige la senda de emisiones habrá un coste económico mucho más importante por fenómenos como sequías, incendios, inundaciones, temporales, enfermedades y bajas laborales. En un horizonte amplio las consecuencias son muy difíciles de determinar. Su impacto económico es tremendamente incierto. Los modelos se han revelado insuficientes, reconoce el banco. Hasta el punto de que un mismo estudio puede cifrarlo en una pérdida desde 0,7 puntos de PIB global hasta 62 puntos. Se están aplicando políticas muy novedosas. Por eso, la institución señala que es fundamental tener información de calidad y evaluar, máxime cuando se trata de una materia en la que no hay décadas de experiencia, como pudiera suceder con el mercado laboral o las pensiones.
Gradualidad para evitar costes mayores
Otro riesgo importante es que no se haga lo suficiente para combatir el cambio climático y haya más adelante que acelerar la transición ecológica. Esto podría acabar generando unos costes económicos de transición todavía mayores. De ahí que el organismo supervisor español insista en la gradualidad. De hecho, el Banco de España recuerda que alcanzar los objetivos fijados para 2030 ya supondría un esfuerzo adicional “que no debe subestimarse”. Pese a estar lejos de las metas de 2030 y 2050, España ha estado reduciendo desde 2008 sus emisiones de gases hasta colocarlos un 13% por debajo de 1990. A esta reducción han contribuido el aumento de las renovables, la disminución de emisiones de los hogares y los cambios en la estructura sectorial de la economía con más servicios y menos intensidad en el uso de la energía. El ambicioso objetivo para dentro de ocho años es reducir las emisiones un 23% respecto al nivel que se registró en 1990.
Impuestos para actividades contaminantes
El Banco de España concluye que los impuestos verdes son el mejor instrumento para penalizar y reconducir las externalidades de la actividad económica y, de paso, recaudar más. Con esta recaudación se pueden sanear las cuentas públicas. En España, hay muchos menos ingresos por la tributación de los combustibles, recuerda el organismo. Pero también se pueden usar para compensar a los grupos de menor renta por el mayor impacto que sufren. O para reducir algunas figuras impositivas que distorsionan la actividad económica. El libro blanco de la reforma fiscal tiene un capítulo entero con propuestas y dedica mucho espacio a la necesidad de utilizar parte de los recursos obtenidos para compensar a los perdedores. En todo caso, el diseño de la imposición medioambiental debe mejorar mucho, remacha el informe anual, que recomienda condicionar cualquier ayuda al nivel de renta. En este sentido, el plan Moves para subvencionar vehículos eléctricos no estaría bien ideado porque al final se han beneficiado más de él las rentas altas y los municipios con más puntos de carga.
Los países del sur de Europa tienen un mayor riesgo de sufrir las subidas de temperaturas y del nivel del mar. Sin embargo, el impacto económico de la transición para España sería más o menos similar al de los países de nuestro entorno, señala el supervisor. Al comparar, por ejemplo, con Alemania, España tiene unas manufacturas peor preparadas para la transición. Sin embargo, los españoles cuentan con muchas más renovables que los alemanes. El Banco de España no brinda unos números cerrados sobre cuánto podría afectar la transición verde a la economía debido a que creen que se le escapan muchos factores para sopesarlos correctamente, como la capacidad de sustitución de unos productos y tecnologías por otros.
Las políticas para luchar contra el cambio climático deben hacerse coordinadas de forma global para que funcionen, sostiene el banco. Habría que proporcionar a los países menos desarrollados las tecnologías y las ayudas necesarias. Se debe además tener en cuenta que en un estadio bajo de crecimiento se contamina más, mientras que una economía desarrollada tienen más servicios que emiten menos carbono. Si no hay una colaboración entre los países, entonces habría que establecer ajustes en frontera como los que ya ha propuesto la Comisión Europea, es decir, cobrar a las importaciones los mismos costes climáticos que se imponen a las empresas europeas. De esta forma se evitaría la pérdida de competitividad, señala el supervisor.