El caso Bankia 10 años después: el hundimiento del ‘Titanic’ bancario español

“Creíamos que Caja Madrid, y luego Bankia, eran como un transatlántico, que lo podían aguantar todo. Pero, como con el Titanic, llegó su iceberg. Nos decían que había problemas pero que se iban a superar, aunque no fue así. Una gran pena”. Con estas palabras, José Antonio Izquierdo explica lo que sintió hace ahora 10 años, el 9 de mayo de 2012, cuando ...

“Creíamos que Caja Madrid, y luego Bankia, eran como un transatlántico, que lo podían aguantar todo. Pero, como con el Titanic, llegó su iceberg. Nos decían que había problemas pero que se iban a superar, aunque no fue así. Una gran pena”. Con estas palabras, José Antonio Izquierdo explica lo que sintió hace ahora 10 años, el 9 de mayo de 2012, cuando el Estado tomó el control de Bankia convirtiendo en acciones un préstamo de 4.465 millones y nombró presidente a José Ignacio Goirigolzarri en sustitución de Rodrigo Rato. Pocos meses después de aquel terremoto, Izquierdo salió de Bankia —junto con otros 4.500 empleados— en el primer expediente de regulación de empleo (ERE) de la entidad después de 39 años trabajando en un banco al que entró de botones.

Las cifras todavía sobrecogen. La entidad pasó de tener 20.500 empleados a 14.500, mientras el tamaño del banco —medido en el volumen de activos—, se reducía desde los más de 300.000 millones a unos 200.000 millones, lo que supuso un adelgazamiento urgente sin precedentes. Bankia se formó con la fusión de Caja Madrid y Bancaja, además de otras cinco cajas más. Sin embargo, la plantilla final de la entidad era la misma que tenía solo Caja Madrid antes de la fusión.

Bankia llegó a ser el banco más grande en España. Enderezar su camino para poder garantizar los depósitos y volver a dar crédito ha supuesto una factura de 24.000 millones de los contribuyentes (incluyendo las ayudas recibidas por la absorbida BMN). Para cualquier ciudadano las principales preocupaciones pueden girar sobre si se podrán recuperar los millones enterrados para rescatar a la entidad, si estuvo justificada aquella actuación y si se han aprendido las lecciones para que no se vuelva a socorrer un banco con dinero de los contribuyentes.

Para conocer las respuestas a estas cuestiones es relevante contar con la perspectiva de la década pasada. Bankia fue absorbida por CaixaBank el 26 de marzo de 2021, con lo que la participación del Estado quedó circunscrita al 16% del capital del banco de origen catalán. Estas acciones tienen ahora un valor de mercado de unos 4.000 millones, que sería lo que se podría recuperar en el mercado de los 24.000 millones invertidos. Además, habría que añadir los dividendos que recibirá el Estado por su participación en CaixaBank: del ejercicio 2021 ha cobrado 160 millones, según fuentes del fondo de rescate, el FROB. Es de suponer que esta cantidad se incrementará en los próximos años si mejora el beneficio de CaixaBank.

Para completar las cuentas, BFA, matriz de Bankia, que es 100% del Estado, recibió ingresos por valor 3.875 millones por la venta del 14,5% de las acciones del banco en Bolsa y por los dividendos cobrados desde 2014. Sin embargo, tuvo que gastar 3.840 millones para compensar a los afectados por las preferentes y por la salida a Bolsa de Bankia, según el FROB. Por tanto, la ganancia es insignificante.

Acciones y dividendos, claves para recuperar ayudas

En definitiva, el agujero que dejará Bankia al Estado dependerá del precio de las acciones cuando las venda y de los dividendos que reciba. Por el momento, el Gobierno ha establecido un límite de permanencia hasta diciembre de 2023, pero podrían ampliarlo con un acuerdo del Consejo de Ministros. Las fuentes consultadas para este artículo coinciden en que para el Estado sería más beneficioso mantenerse más años en CaixaBank tanto para recuperar el máximo posible de las ayudas como por la capacidad de influencia en el banco ante problemas reputacionales o sociales.

Como no se puede predecir el precio de las acciones de CaixaBank así como los dividendos que repartirá, no es posible fijar la pérdida definitiva para los contribuyentes, pero es razonable pensar que será inferior a 20.000 millones, aunque tampoco una cantidad muy alejada. Como declaró en octubre de 2020 Jaime Ponce, el entonces presidente del fondo de rescate, “la recuperación de las ayudas públicas será limitada y escasa”.

Además de Bankia, los contribuyentes han perdido definitivamente 28.000 millones en el rescate de las otras cajas quebradas, según el Banco de España. El dinero se fue en sanear Caixa Catalunya, Novacaixagalicia, Banco de Valencia y Caja España-Duero, entre otras.

Por otro lado, los bancos también han pagado facturas para el rescate de sus competidores, en aras a la estabilidad del sistema, ya que todos están interconectados. En concreto, aportaron 22.300 millones para entidades como CAM, CCM o Unnim, si bien algunos de ellos se las quedaron posteriormente con las alforjas de las ayudas llenas, como el Banco Sabadell que recibió 12.600 millones por quedarse con la caja alicantina. Entre los directivos consultados por EL PAÍS que participaron en aquel rescate se apunta que es un error insistir en la idea de recuperar la aportación pública: “Lo que se debería hacer es explicar mejor por qué se hizo y que no hacerlo hubiera sido mucho peor”.

El rescate o el abismo

Por eso, la siguiente cuestión es si estuvo justificada la intervención del Titanic de la banca. El máximo responsable de esta operación, Luis de Guindos, entonces ministro de Economía y hoy vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha declinado hacer declaraciones para esta información y se remite a lo dicho en el Congreso en su comparecencia de 2018.

“De no haberse realizado el rescate bancario, se hubiera producido una suspensión de pagos de las entidades con ayudas. Se hubiera generado una situación inimaginable, con la obligación de devolver depósitos de los clientes cubiertos por el Fondo de Garantía por 250.000 millones, que el Tesoro hubiera tenido que emitir. Hubiera supuesto, casi automáticamente, el rescate completo de nuestra economía o nuestra expulsión de la unión monetaria”. Guindos responsabilizó del desastre “a los gestores de las entidades con problemas” e insistió en que “se rescató a los bancos con problemas sin compensar a ningún gestor” y cargó con dureza contra Rodrigo Rato, entonces presidente de Bankia, que también ha declinado ofrecer su versión.

Para elaborar este reportaje se ha hablado con la mayoría de los que tuvieron responsabilidades en aquella operación, aunque muchos de ellos han pedido el anonimato. La mayoría sostienen que la no intervención hubiera sido más costosa para el Estado y para los clientes de Bankia. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia entonces y hoy de CaixaBank, afirma a EL PAÍS que en 2012 “no había mecanismos de recuperación de entidades como los que existen ahora” y que el banco era “el epicentro de los problemas del sistema financiero”, cuya solución “pasaba por el rescate de Bankia”.

Sin ayudas a banqueros y accionistas

El directivo insiste: “Las ayudas no beneficiaron a los accionistas, que lo perdieron todo, ni a sus consejeros, que fueron renovados sin indemnización, ni a sus empleados, que soportaron un fuerte descenso de la plantilla”. Según los cálculos de Goirigolzarri, sin el rescate de Bankia, el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hubiera tenido que gastar 60.000 millones, “el triple de las ayudas recibidas” al garantizar los 100.000 euros por titular de cada cuenta. “Como el FGD no tenía esa cuantía, el Estado hubiera tenido que hacer el desembolso, que no hubiera evitado que los depositantes hubieran perdido otros 60.000 millones adicionales no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos”.

El directivo vasco concluye que la inyección “fue la decisión correcta porque salvó al conjunto del sistema y ayudó a salvar a la economía” y niega que se pidieran más ayudas de las que precisaba Bankia. Ni que los ejecutivos fueran los que las determinaron, sino las autoridades europeas.

José María Martínez, secretario general de Servicios de CC OO, sindicato mayoritario en banca, cuestiona el procedimiento de rescate. “Desde un punto de vista financiero-contable es evidente que tal inyección de capital público no se podía hacer si no era con la remoción del consejo y del comité directivo, pero las formas son discutibles ya que el Ministerio de Economía apartó al Banco de España y discutió la fórmula de intervención de Bankia con sus principales competidores, llegándose a plantear su troceamiento”.

El error de Rato

Martínez cree que Guindos forzó el final de Bankia al declarar al FMI que era una entidad con graves problemas y al cerrar la vía que, meses antes, abrió el Banco de España con ayudas de 7.000 millones. “¿Hubiera salido adelante con ese dinero? Nunca lo sabremos. Lo que sí tengo claro es que fue la persistencia de Rato de mantenerse al frente lo que aumentó la presión para su salida, tras hacerse evidente el deterioro de la entidad”.

Desde un punto de vista más técnico, Joaquín Maudos, director adjunto del Ivie y catedrático de la Universidad de Valencia, sostiene que “la intervención de Bankia y su rescate con fondos públicos fue la mejor solución para los depositantes, ya que de lo contrario lo hubieran perdido todo”.

Maudos también explica que “la prima de riesgo hubiera alcanzado niveles aún más altos de los más de 600 puntos básicos a los que llegó en el verano de 2012″ —hoy está en 110 puntos—. Y lamenta que en 2012 no existiera la unión bancaria ni el mecanismo de resolución para inyectar capital por otras vías.

Antonio Carrascosa, que se centró en el rescate de entidades como director general del FROB entre 2012 y 2015, apunta: “Si tuviéramos ahora una crisis como la de 2008-2012, el nuevo marco de resolución europeo habría evitado las ayudas públicas multimillonarias gracias al bail-in” (contribución de los accionistas y bonistas a la absorción de pérdidas), “así como a la aportación del Fondo Europeo de Resolución”.

Lecciones aprendidas

Tras sobrevivir al desastre bancario y lograr que no se rompiera el euro, las autoridades europeas se conjuraron para reforzar la regulación y la supervisión de los bancos, así como crear autoridades macroprudenciales que intentan prevenir las burbujas de activos. “Europa ahora cuenta con una Unión Bancaria con autoridades de supervisión y resolución únicas”, añade Carrascosa. Desde noviembre de 2014, el BCE supervisa las 130 principales entidades europeas, lo que le otorga una responsabilidad máxima en la salud de las entidades. El objetivo es que los ciudadanos no paguen la próxima crisis bancaria.

Bankia fue un ejemplo para aprender lo que no se debería volver a repetir. Entre los supervisores hay consenso sobre que los bancos no pueden soportar las burbujas (inmobiliarias o financieras) solo con su capital, porque no serían rentables. “Hoy se cuenta con la posibilidad de controlar más a los bancos imprudentes exigiéndoles más capital, reduciéndoles el importe de las hipotecas en relación con el valor de la vivienda o acortándoles el plazo de amortización de los créditos”, indican en este ámbito.

Estas fuentes supervisoras coinciden en que es fundamental ser proactivo desde el principio de una crisis: “No arrastrar los pies y no confiar, como hizo el Banco de España en 2012, en que el tiempo mejora las situaciones difíciles sin medidas contundentes”. También apuntan que si se inyecta dinero se deben realizar cambios estructurales.

Algunos consideran una ventaja que ya no existan cajas de ahorros: “Eran entidades medio públicas y medio privadas que no podían captar capital”. E incluso critican el gran poder que todavía tienen las Fundaciones Bancarias, “una puerta trasera para reproducir algunos males de las cajas”, y lo ejemplifican con la polémica situación que vive Unicaja. Desde CC OO recuerdan que en Francia y Alemania siguen funcionando entidades similares a las cajas y no están cuestionadas por el BCE.

La caída del Popular, una mancha supervisora

Para algunos expertos, la prueba de que no se han aprendido las lecciones es la crisis del Banco Popular. Cayó en junio de 2017, cinco años después de Bankia, en plena recuperación económica. ¿Por qué no funcionaron los nuevos controles del BCE? El que fuera vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, afirmó en 2019 a modo de autocrítica: “En 2012 y 2013 se nos escapó el Banco Popular que presentaba unos balances mejores de lo que eran”. Preguntado ahora por aquella afirmación, que provocó gran polémica en el Banco de España, Almunia se ratifica. “El Popular no cae en 2017 por problemas de 2016, sino de mucho antes”.

Aristóbulo de Juan, ex director general del Banco de España y consultor, lo tiene claro: “La caída del Popular mostró que durante años la medicina preventiva del marco supervisor no había funcionado. Lo que causó la caída del Popular fue la insolvencia no abordada. La liquidez fue la consecuencia de esa insolvencia”. Para Goirigolzarri, el hecho de que la crisis del Popular se resolviera sin gasto de dinero público “es una prueba de que los supervisores aprendieron la lección”. Sin embargo, las improvisaciones vividas la noche del 6 al 7 de junio de 2017, cuando el Banco Santander presentó su oferta casi fuera de plazo, rebaten esta teoría, según otros directivos.

Maudos admite que por muchas lecciones que se aprendan, siempre es posible que surjan bancos que haya que intervenir. “Lo importante es que los problemas se detecten lo antes posible por el supervisor y se exijan buenos colchones de capital”, afirma. El presidente de CaixaBank añade asimismo que la caída del Popular demuestra que la confianza de los clientes es clave. “Es una lección para todos sobre la importancia de la reputación en este sector. Aquí tenemos todavía mucho camino que recorrer”, zanja Goirigolzarri.