Gita Gopinath, número dos del FMI: “No aconsejamos que España baje los impuestos a las empresas”
La economista cree que es necesario que los precios reflejen el alto coste de la energía y que la inflación es una gran amenaza
La economía mundial estaba empezado a salir del choque que supuso la pandemia, que puso a medio mundo en coma inducido, cuando una guerra que parecía imposible para muchos, improbable para la mayoría, ha hecho saltar por los aires toda la hoja de ruta de la recuperación. El Fondo Monetario Internacional ha celebrado sus reuniones de primavera a media asta -bajo fuertes restricciones aún por la covid 19 que recuerdan lo reciente de esa crisis- y...
La economía mundial estaba empezado a salir del choque que supuso la pandemia, que puso a medio mundo en coma inducido, cuando una guerra que parecía imposible para muchos, improbable para la mayoría, ha hecho saltar por los aires toda la hoja de ruta de la recuperación. El Fondo Monetario Internacional ha celebrado sus reuniones de primavera a media asta -bajo fuertes restricciones aún por la covid 19 que recuerdan lo reciente de esa crisis- y ha hecho un pronóstico sombrío de los efectos de la invasión rusa de Ucrania: menos crecimiento, más inflación y unos Gobiernos con escaso colchón fiscal para responder, dado el arsenal de estímulos de la pandemia. Para Gita Gopinath (Calcula, 50 años) se trata de la segunda tormenta en apenas tres años de andadura en la institución, primero como economista jefe (2019-2022) y ahora como número dos de la institución con sede en Washington. Esta vez, uno de sus países miembros es el que ha encedido la cerilla y la tensión en el ambiente se puede cortar con unas tijeras. Cuando Gopinath habla con EL PAÍS, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, acaba de abandonar la reunión del G-20 cuando ha empezado a hablar el delegado ruso.
Pregunta. Estas son unas reuniones de primavera extraordinarias. ¿Cómo están siendo las discusiones?
Respuesta. Bueno, son momentos difíciles. Como es comprensible, hay emociones y sí, ha habido algunos de esos abandonos. Pero la buena noticia es que están participando todos los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales y estamos teniendo buenas discusiones sobre los desafíos que nos esperan. Por supuesto, nosotros estamos subrayando que lo más importante para la economía sería terminar esta guerra. Hay muchos aspectos sobre los que debemos trabajar juntos, como los altos niveles de deuda, la seguridad alimentaria o la inflación, y creo que estamos logrando algunos avances.
P. ¿Pero podemos decir que el FMI es una institución neutral en este conflicto?
R. Bueno, el Fondo es una institución que aborda aspectos económicos para la economía global. Ese es nuestro papel y tenemos 190 miembros que están legalmente obligados por un tratado y, mientras son miembros, trabajamos con todos. Hemos sido muy claros sobre las consecuencias que tiene la invasión en el mundo y las economías. Reconocemos que esta es una crisis humanitaria enorme y ayudamos a Ucrania lo mejor que podemos. Por ejemplo, nos estamos moviendo muy rápido para entregar 1.400 millones de dólares en financiación de emergencia.
P. Han hecho una previsión sombría del efecto de esta guerra en la economía (menos crecimiento, más inflación, toda la incertidumbre), pero su escenario base ni siquiera contempla las posibles sanciones europeas al petróleo…
R. Estamos calculando un precio del crudo de 106 dólares por barril en 2022 y de unos 93 en 2023, lo cual ya es muy elevado, pero obviamente sería más difícil con una interrupción más grave del suministro del gas de Rusia. Creemos que Europa, que es la más afectada por ello, podría reemplazar dos tercios del suministro ruso con fuentes alternativas que ayudarían a evitar carestía en verano, pero si ese problema sigue en invierno, el coste del crudo sería mucho mayor. En ese escenario, Europa sería la región más afectada y calculamos una reducción del PIB del 3%, además de la que ya hemos calculado.
P. Más allá de esa ralentización, ¿qué transformaciones puede provocar esta guerra? ¿Teme el retorno a una economía de bloques geopolíticos?
R. No solo es esta guerra, la pandemia que la precedió ya ha llevado a muchos países y empresas a repensar cómo construir una resiliencia ante posibles problemas de suministro o ante socios comerciales hostiles. Lo vamos a ver en la energía. Pero, tal y como muestra uno de los estudios que hemos presentado esta semana, la forma de construir esa resiliencia que necesitas es, de hecho, con más comercio global. No menos. Lo que necesitas es diversificar tus fuentes de producción entre muchos países. Y, al margen del comercio, ya antes de la guerra habíamos empezado a ver fragmentación en los sistemas de pago, por la diversidad de plataformas, ese es otro reto para la integración. Nos preocupa que los países se dividan en bloques, iría en detrimento de la prosperidad e, inmediatamente, también de la inflación.
P. Hay empresas a las que, sin embargo, les han ido bien las cosas con estas crisis y ustedes sugieren un gravamen extraordinario para ellas.
R. Se trata de un impuesto temporal sobre beneficios empresariales extraordinarios que algunos países están estudiando. Me parece una idea interesante y lo hemos mencionado en nuestro informe. Sin embargo, si quiere pensar en gravar los beneficios significativos de empresas, le diría que ya hay tres áreas en las que podría obtener importantes ingresos [fiscales]. Una es, por supuesto, gravar a las grandes compañías y asegurarse de que implementan el impuesto mínimo global del 15% al que se comprometieron. Y hacerlo, además, basándose en dónde están sus clientes, no en dónde están sus trabajadores. La segunda es compartir información sobre los grupos en paraísos fiscales. Y, en tercer lugar, las tasas sobre el carbono. No solo es algo importante medioambientalmente, sino también una buena fuente de ingresos para los países.
P. Muchas de esas políticas medioambientales, como esas tasas al carbono, o a los combustibles, o la apuesta por el vehículo eléctrico frente al de combustión, que es más barato, tienen un impacto especialmente negativo en las familias trabajadoras. ¿No cree que esta transformación puede generar un rechazo, del mismo modo que la globalización generó rechazo por no prestar suficiente atención a los perjudicados?
R. La transición energética no es el principal motivo de la subida de costes que estamos viendo. El principal factor es lo que ha estado pasando el último año [temperaturas extremas, problemas de suministro, fenómenos como la sequía de Brasil] y, ahora, la guerra de Ucrania. Pero hay una lección muy importante que tener en mente y es que, aunque en esa transición quieres encarecer el carbono para favorecer el cambio a energías renovables, no puedes hacerlo demasiado rápido sin proteger a los afectados. Ese es el problema. Por eso nuestro consejo siempre ha sido elevar los costes en el transcurso de una década. En función del desarrollo de tu economía, será más o menos, pero quieres incentivar esa transición de forma gradual y predecible. Y tienes que usar esos ingresos del carbono para proteger a la gente más vulnerable de los precios más elevados, y formar a los trabajadores de la industria energética intensiva para que puedan recolocarse en sectores más ecológicos. Hay que hacer las cosas de forma suave, con un enfoque múltiple y prestar mucha atención a cómo va saliendo todo.
P. ¿Qué piensa del plan de choque de España ante la crisis?
R. Desgraciadamente, todos los países están enfrentándose a esta crisis cuando la economía se estaba recuperando de la pandemia. En el caso de España, se combinan los altos precios de la energía con el lento crecimiento de sus socios comerciales y ha adoptado medidas para ayudar a la gente a lidiar con ello. Algunas de las ayudas son directas a los hogares, otras van en forma de alivio fiscal, y así... En el actual entorno, vemos razonables las medidas de tipo temporal, pero, claro, si estamos en un entorno en el que los precios de la energía van a ser altos por un periodo de tiempo muy largo, es necesario que los precios también lo reflejen y que la gente ajuste su comportamiento de gasto a ese nuevo entorno de costes más alto.
P. También hay un intenso debate político sobre la conveniencia de reducir impuestos para responder a esta crisis en España. ¿Cree que sería positivo?
R. España tiene un déficit fiscal en torno al 7% del PIB y una deuda pública de alrededor del 120%, así que no recomendamos una reducción general de los impuestos a las empresas. Vemos motivos y margen para medidas de apoyo más puntuales, a objetivos más precisos, que es lo que está haciendo el Gobierno. Identificas a los sectores más afectados por la crisis y les ayudas, pero no vemos base para una reducción general de impuestos a empresas.
P. Sobre Estados Unidos, ¿cuál es su visión del fracaso del plan social de Biden [Build back better] en el Congreso? ¿Qué debe preocupar en la primera potencia mundial?
R. Hay muchos aspectos positivos en ese plan que no hemos visto ocurrir todavía. Por ejemplo, incrementar la población activa en el mercado laboral gracias a las ayudas públicas al cuidado infantil era uno de ellos. La inversión en educación, otro. También las infraestructuras adicionales, pero claramente este plan no va lograr la luz verde del Congreso, al menos, no en este momento. En cuanto a riesgos, creo que el riesgo número uno de Estados Unidos es la inflación, que está muy por encima del objetivo del 2%. En el lado positivo, tenemos que la economía avanza de forma sólida, proyectamos una expansión del 3,7%, que está bien por encima de su crecimiento promedio y el mercado laboral está muy fuerte, los hogares tienen muchos ahorros… Pero va a ser un reto devolver la inflación por a ese 2%. Es un gran riesgo para el país y diría que para el resto del mundo también, porque la política monetaria de Estados Unidos afecta en todas partes.
P. ¿Y cree que, aunque pase esta crisis, ese 2% ya ha dejado de ser un tabú para siempre?
R. Es bueno preguntarse si nos encaminamos a un régimen de mayor inflación de forma permanente. Nuestras proyecciones para la zona euro, por ejemplo, señalan que volverá cerca del 2% en algún momento del próximo año y del siguiente. Muchos de los factores que mantuvieron la inflación baja en el pasado van a seguir ahí en el largo plazo, pero si tenemos más choques que mantengan la inflación elevada, las expectativas de las personas cambian y eso afecta a sus demandas de aumentos de sueldo, lo que puede alimentar una espiral de precios. Eso es exactamente lo que los bancos centrales intentan evitar, que es un cambio de régimen.
P. ¿En el caso de Latinoamérica, cuál es la mejor forma de combatir esa inflación tan galopante?
R. Nuestra última previsión sitúa la inflación en el 11,2% este año y en el 8% el próximo. Eso significa que la mayor parte de países están fuera de sus objetivos y hemos oído estos días cómo están afectando a los presupuestos familiares de casi todos ellos. Los bancos centrales de la región se han ganado una credibilidad en su capacidad de luchar contra la inflación, a pesar de la actual subida. No solo en Latinoamérica, creo que, en general, los bancos centrales tienen credibilidad, pero hay un margen de tiempo durante el cual pueden apoyarse en esa credibilidad acumulada si no consiguen bajar la inflación. Eso significa que deben continuar con sus medidas de repliegue de estímulos. Creo que su intención es hacerlo y comunicar con mucha claridad lo que está pasando con la inflación.
P. ¿Qué piensa del rechazo a la reforma energética en México?
R. Brinda una buena oportunidad para reconsiderar los planes. Nos preocupa que algunos elementos importantes del proyecto de ley no sean útiles. ¿Por qué estamos preocupados? Por dos razones, principalmente. Primero, el proyecto de ley equivaldría a una reversión de la reforma energética de 2014, que había impulsado la inversión privada. La reversión de la reforma, especialmente de una reforma que fue vista mayoritariamente como un impulso para el sector energético y el potencial de crecimiento de la economía, crea incertidumbre política y obstaculiza la inversión privada. En segundo lugar, el proyecto de ley favorece a las empresas estatales que dependen de la energía no renovable frente a las empresas privadas más ecológicas. Y es probable que esto obstaculice la competencia y la innovación.