El Banco de España y la Airef piden al Gobierno que defina este mes su estrategia fiscal

El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han estado reclamando desde que estalló la pandemia un plan para enderezar las cuentas públicas, lastradas por un déficit y una deuda muy elevadas. La idea era que se diseñase con tiempo para dar confianza y poder llevarlo a cabo de forma más paulatina, eludiendo los ajustes abruptos que tanto daño supusieron durante la pasada crisis financiera y del euro.

Sin embargo, la invasión de Ucrania ha cambiado el escenario. ...

El Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han estado reclamando desde que estalló la pandemia un plan para enderezar las cuentas públicas, lastradas por un déficit y una deuda muy elevadas. La idea era que se diseñase con tiempo para dar confianza y poder llevarlo a cabo de forma más paulatina, eludiendo los ajustes abruptos que tanto daño supusieron durante la pasada crisis financiera y del euro.

Sin embargo, la invasión de Ucrania ha cambiado el escenario. La inflación aparece como un problema mucho más persistente de lo que se había previsto y va a provocar que se retiren los estímulos del Banco Central Europeo (BCE). El eurobanco podrá reinvertir las compras ya hechas con flexibilidad para aplacar tensiones que puedan surgir en las primas de riesgo. Pero aun así habrá un encarecimiento de la financiación y en algún momento, aunque sean suavizadas, volverán las reglas fiscales que exigen sanear las cuentas.

Ante este escenario, los dos organismos independientes, el Banco de España y la Autoridad Fiscal, han pedido en las últimas semanas que el Gobierno aproveche el próximo Programa de Estabilidad, que tiene que remitir a Bruselas a finales de este mes, para recoger un plan de consolidación fiscal gradual y compatible con el crecimiento. La urgencia es mayor con un desfase en las cuentas que este año acabará en torno al 4% del PIB, una cifra equivalente a la mitad de la recaudación por IRPF. Máxime cuando el BCE no va a tener el mismo margen para actuar con una inflación tan elevada. Economistas como Larry Summers defienden que con las actuales subidas de precios, los tipos de interés reales, una vez se resta la inflación, en realidad se encuentran profundamente en negativo. Y en consecuencia haría falta subir más los tipos para luchar contra la inflación. En el BCE se espera que la menor actividad por la crisis de Ucrania, la contención del mercado laboral y las fuerzas deflacionarias que ya existían ayuden a reconducir la inflación.

“Es importante que la política fiscal proporcione certezas sobre el compromiso con la estabilidad presupuestaria en un contexto de elevada incertidumbre como la actual, que se puede reflejar, por ejemplo, en tensiones en los mercados financieros”, señaló hace unos días el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en un discurso. En su opinión, con un plan gradual se podría minimizar la posibilidad de cambios bruscos que lastren la recuperación en curso. Y añadía: “La actualización del Programa de Estabilidad de España puede ser un buen momento para efectuar este ejercicio de manera profunda”.

Por su parte, la Autoridad Fiscal ya pidió el año pasado que se emplease el Programa de Estabilidad para desgranar este plan. Y este año ha vuelto a hacerlo en su informe sobre Presupuestos de la semana pasada: “El nuevo escenario de crisis abierto tras la invasión de Ucrania puede alterar el proceso de normalización de las condiciones monetarias que se esperaban a lo largo de 2022 como consecuencia del fuerte repunte de la inflación global, acelerando el proceso de retirada de estímulos y deteriorando las condiciones de financiación”. Y agregaba que la guerra de Ucrania generaría nuevas necesidades de inversión en defensa y energías renovables. A ello además habría que sumar “el desafío conocido del envejecimiento de la población y el mayor gasto en pensiones, que de no ser financiado con ingresos adicionales se traducirá en un incremento muy significativo del endeudamiento desde unos niveles históricamente muy elevados”, apuntaba la Airef.

Por todas estas razones, la institución encargada de vigilar las cuentas públicas recomendaba que, al tiempo que se toman medidas a corto para aliviar la crisis energética, “se establezca una estrategia de medio plazo que permita alcanzar una senda realista y creíble de reducción de deuda una vez retiradas las medidas”. Y concluía que “la actualización del Programa de Estabilidad sería una buena oportunidad para plasmar de forma completa y adecuada todos estos elementos”.

No obstante, la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, ha explicado en varias ocasiones que el Programa de Estabilidad no está sirviendo como debería para planificar el presupuesto en un horizonte a medio plazo. En gran medida porque presenta un escenario fiscal durante cuatro años a políticas constantes, sin fijar objetivos ni cuantificar medidas salvo algunas ya previstas. Hay otros países como Alemania y Reino Unido que concretan mucho más sus iniciativas a largo, ha señalado Cristina Herrero. Además, en España tampoco se incorporan los efectos de las reformas anunciadas. Por ejemplo, en el último no se contabilizaba el impacto de la reforma de pensiones sobre el gasto. La semana pasada la Autoridad Fiscal recordaba que al actualizarlas con el IPC la partida de prestaciones de jubilación aumentará en unos 1.500 millones por cada punto de inflación.

La comisión de expertos para la reforma fiscal ya ha publicado un documento con propuestas que servirían para aumentar los ingresos. Sin embargo, la invasión de Ucrania dio al traste con la ventana de oportunidad. Ya en 2023 comenzará el ciclo electoral y cualquier subida de impuestos quedará en principio postergada hasta la próxima legislatura.

Como parte de la actualización del Programa de Estabilidad, el Gobierno prepara un nuevo cuadro macro después de un año resistiéndose a cambiarlo. En el último elaborado para los Presupuestos de 2022 se mantuvo un crecimiento del 7% para este año. Pero las recientes revisiones de instituciones y analistas lo sitúan muy por debajo: el Banco de España la ha rebajado al 4,5%; la Airef al 4,3%; Funcas al 4,2%; BBVA al 4,1%, y CaixaBank al 4,2%. En general, coinciden en que casi la mitad del crecimiento procede de los fondos europeos, señalan el golpe que supone el aumento de precios para la economía española y que la renta disponible de las familias retrocederá en términos reales por la inflación.

Aun así, todavía se trata de cifras de crecimiento robustas. Pero el Ejecutivo quiere poner un número más elevado confiando en que se conseguirá bajar el precio de la electricidad poniendo un tope a la cotización del gas, el empleo está evolucionando de forma positiva, el turismo irá muy bien, queda mucho ahorro en las familias del que tirar, y el gasto de los fondos europeos por fin ha tomado velocidad de crucero.

El coste de las pensiones con la inflación

La Autoridad Fiscal ha advertido de que la inflación generada por un shock de oferta en la energía y los cuellos de botella no sirve para corregir el déficit público. Aunque es verdad que aumenta los ingresos, a medio plazo los gastos también se elevan al tener que pagar más por intereses, pensiones, sueldos y contratos. Y el deterioro del poder adquisitivo acaba detrayendo también recaudación. Al final es prácticamente lo comido por lo servido, destacaba la Airef.

Aunque no lo ha mencionado de manera explícita, el gobernador del Banco de España ha hecho una referencia a las mejoras de sueldos de funcionarios y de pensiones declarando que “habría que evitar las cláusulas automáticas de indexación en las partidas de gasto”. Si bien se refiere a todas, pensiones y funcionarios son los dos mayores desembolsos de las Administraciones. Tras la reciente reforma de pensiones, las prestaciones tienen garantizadas la subida automática con el IPC y el Ejecutivo ha insistido en que pretende mantenerlo así. De cumplirse las previsiones, la Seguridad Social tendría que aumentar el gasto el año que viene en más de 10.000 millones solo por la actualización. Es decir, Hernández de Cos estaría sugiriendo que el gasto público forme parte del pacto de rentas que ha reclamado para que trabajadores y empresas encajen parte de la pérdida de poder adquisitivo procedente de fuera por la energía.