Las lecciones de la crisis de los años setenta contra la inflación

Apenas se han cerrado las heridas de la pandemia. Todavía supuran las consecuencias de la anterior crisis financiera y del euro. Y, sin embargo, la economía ha entrado otra vez de golpe y porrazo en ...

Apenas se han cerrado las heridas de la pandemia. Todavía supuran las consecuencias de la anterior crisis financiera y del euro. Y, sin embargo, la economía ha entrado otra vez de golpe y porrazo en una nueva etapa de dificultades arrastrada por la invasión de Ucrania. Se abre un periodo de incertidumbre que dependerá de la duración del conflicto. Europa vuelve a enfrentarse a condiciones económicas adversas por tercera vez en lo que va de siglo. Países próximos a Rusia como Alemania pueden encadenar un par de trimestres en recesión. En toda Europa la inflación es el monstruo que revive tras décadas sin verlo. Aunque la economía española esta vez tiene poca exposición al conflicto, los precios de la energía pueden lastrarla debido a su elevada dependencia energética del exterior.

Según cálculos de Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, por cada tres puntos de inflación se podrían perder 7.000 millones de renta. La mitad podría compensarse tirando más del ahorro. En tal caso, la economía perdería un punto de PIB por cada tres de inflación. Un endurecimiento de las condiciones financieras y un empeoramiento de los socios comerciales también podrían pesar sobre la actividad. Dado que el IPC medio del año podría situarse fácilmente en el 7%, los expertos consideran que el crecimiento de este año se acercaría más a un 3,5% que al 5,5% que se preveía hace un par de meses. La recuperación de la pandemia se retrasa y algunos de los sectores que más acusaron el golpe de la covid estarán otra vez entre los afectados: turismo, transporte y automóviles. Además, se sumará la industria, muy dependiente de los costes energéticos. Los hogares vulnerables sufrirán más que nadie la escalada de precios. Ante este escenario, ¿cuál es la respuesta?

Los paralelismos con los años setenta son evidentes. En 1973 los países árabes dejaron de vender crudo a Occidente por haber apoyado a Israel en la guerra del Yom Kippur. El coste del barril se multiplicó por seis. La dependencia del petróleo era muy elevada y los precios se desbocaron. Los gobiernos respondieron disparando las subvenciones para contrarrestar la sacudida de los precios. Y los bancos centrales financiaron esa expansión del gasto público. El resultado fue una inflación aún más galopante porque los precios altos del cartel de productores de la OPEP duraron mucho más de lo esperado. Usar la política monetaria para atacar un shock persistente de oferta no funciona: al alimentar la demanda con más dinero sin haber oferta simplemente se engorda el problema.

Además, diversos estudios como el de Woodford y Rotenberg señalan que en los setenta la inflación y la pérdida de actividad fueron mucho mayores de lo que provocaba de por sí el encarecimiento del petróleo: las subidas de precios que adoptaron las empresas para atender las demandas salariales alimentaron todavía más la espiral inflacionaria.

Unos años más tarde, en 1979, la revolución iraní causó otra crisis del petróleo. Pero para entonces la respuesta ya estaba siendo diferente. En España se firmaron los Pactos de la Moncloa a finales de 1977. “La crisis del petróleo ha impuesto un empobrecimiento instantáneo que no hemos querido reconocer”, dijo en aquellos momentos Enrique Fuentes Quintana, uno de los arquitectos de estos acuerdos.

Como recuerda el economista José Luis Malo de Molina, que participó en esas negociaciones, la inflación rondaba el 27% y se fijó una subida para el año siguiente del 22% de la masa salarial. El acuerdo se engrasó poniendo los cimientos del Estado del bienestar, con un aumento del gasto público del 1% del PIB a la vez que se creó el IRPF. Este pacto de rentas ayudó mucho a moderar la evolución de los precios. Pero no resultó definitivo, en parte porque, como explica el historiador Francisco Comín, se subordinó la economía a la política para asegurar la democracia: durante los siguientes años hasta 1984 la inflación sobrevoló el 10% anual.

“Nunca se ha acabado con un problema de inflación sin endurecer la política monetaria”, apunta Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket. En Estados Unidos, Paul Volcker la mató subiendo los tipos al 20% y provocando una recesión entre 1980 y 1982. En España, la dupla Miguel Boyer-Mariano Rubio puso en marcha una política restrictiva con tipos altos que hizo mucho daño a corto, pero que sentó las bases del crecimiento de la siguiente década. ¿Qué lecciones podemos aprender de aquellos años?

Evitar la carrera de precios

La inflación actual supone una transferencia de renta de los españoles a los países productores de gas y petróleo. Intentar compensar ese empobrecimiento a la fuerza solo llevaría a que las empresas suban todavía más los precios para sufragar las mejoras salariales. “Una carrera de precios no conduce a ninguna parte”, dijo Fuentes Quintana hace más de cuatro décadas. De ahí que ahora sea otra vez necesario un acuerdo de rentas como el de los Pactos de la Moncloa. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lleva reclamándolo desde octubre, antes de que estallara el conflicto. Pero la invasión ha sido una llamada de atención. El presidente Pedro Sánchez lo pidió hace una semana. Los economistas consultados sostienen que lo lógico es tomar como referencia a varios años la inflación subyacente, que resta alimentos y energía. De este modo se quitaría del cálculo la inflación importada. Y sería recomendable vigilar la subyacente europea para no perder competitividad en precio.

“Somos todos más pobres, una parte de nuestras rentas se marcha fuera para pagar la energía. La cuestión es cómo hacemos ahora el reparto de esa menor riqueza y cómo se amortigua. Si seguimos como si no pasara nada, iremos hacia el desastre”, explica una fuente gubernamental.

Según fuentes de las conversaciones tripartitas, los agentes sociales se muestran a favor de suscribir un acuerdo. La subida salarial podría estar en el 3% durante tres años. Al cabo de ese período habría una actualización con la inflación perdida dependiendo de la situación. A cambio, las empresas deberían aguantar el empleo y mostrar moderación con los márgenes y sueldos de directivos, si bien esta parte es difícil de comprobar. El Gobierno intentaría acompañarlo con medidas para topar el precio de la electricidad y ayudas como bonos energéticos, apoyos a la industria o los nuevos ERTE para sectores perjudicados. También podría incluirse la moderación en las subidas de los alquileres.

Más deuda y menos margen fiscal

La diferencia con los setenta y ochenta es que ahora la deuda es mucho mayor. Mientras que en la pandemia el BCE sacó toda la artillería para financiar políticas como los ERTE, esta vez no será necesariamente así. El jueves el eurobanco adelantó el final de los estímulos. Supone un aviso a navegantes: por ahora el problema de la inflación prima sobre las dudas que genera la economía por la guerra.

El margen del BCE es estrecho. Y la Reserva Federal meterá presión. En Estados Unidos el conflicto no afecta igual y proseguirán con las alzas de tipos, generando movimientos de capital hacia el dólar y depreciando el euro. Con un euro a la baja, los productos importados serán más caros y habrá mayores presiones inflacionarias. A pesar de que tratará de evitar la fragmentación financiera, el BCE tendrá que estar más ocupado luchando contra la inflación que apoyando a las economías débiles.

El espacio fiscal será, por tanto, escaso. El Banco de España y la Autoridad Fiscal recomiendan un plan de consolidación gradual a medio plazo. Encima de la mesa estará el debate sobre si funcionarios y pensiones tendrían que participar en el pacto de rentas para que haya margen fiscal con el que compensar a los más vulnerables al tiempo que se contiene o baja el déficit en un contexto en el que pueden reaparecer los fantasmas de las primas de riesgo. La inflación ayudará algo, diluyendo la deuda respecto al tamaño de la economía. Y la competitividad del sector exportador español contribuirá a no trasladar las tensiones a precios. Pero la situación exige en todo caso que las ayudas públicas a colectivos vulnerables sean focalizadas. “Se deberían reorientar los fondos europeos para esto”, reclama Fernando Fernández, profesor del IE. Francia ha vuelto a lanzar la idea de los eurobonos, tratando de aprovechar la crisis para avanzar en la construcción europea. De la duración del conflicto dependerá hasta dónde se llega y si la inflación se enquista como sucedió a principios de los setenta.

Para mayor información: Crisis económicas en España, 1300-2012. Lecciones de la Historia (2013), de Francisco Comín y Mauro Hernández.