La gran industria alerta que la subida de la electricidad “pone en riesgo” su actividad

La gran industria española, unida en torno a la Alianza por la Competitividad, ha cargado hoy contra las medidas del Gobierno para ...

La gran industria española, unida en torno a la Alianza por la Competitividad, ha cargado hoy contra las medidas del Gobierno para contener el precio de la electricidad y ha advertido de que si no se pone solución al diferencial de precios, este “pone en riesgo no solo la reindustrialización sino el mantenimiento de la actividad. Algunas industrias ya han tenido que paralizar temporalmente su actividad a causa del precio de la factura eléctrica. La asociación reclama actuaciones urgentes ante la previsión de que el precio de la electricidad y el gas sigan en máximos y critica algunas que ya ha adoptado el Ejecutivo, como el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). “No es este el momento para su puesta en marcha”, señala en un comunicado.

La industria, que ha llegado a ver cómo su factura se triplicaba, se muestra sobre todo crítica con la puesta en marcha del FNSSE, con el que el Gobierno pretendía rebajar un 13% el coste que asumen en electricidad en cinco años, excluyendo las primas a las renovables, que se nutrirían con aportaciones de las comercializadoras energéticas. El grupo de trabajo avisa que los efectos de ese fondo podrían empeorar en el caso de que se trasladen a la legislación nacional las iniciativas de la Unión Europa en torno a las ayudas de Estado en materia de clima, energía y medio ambiente, ya que imposibilitaría el esquema de compensaciones previsto.

Cuando el Gobierno anunció su puesta en marcha, la Alianza ya alertó de que el fondo supondrá un coste energético adicional de 2.650 millones de euros y que, por tanto, se pone en peligro su “competitividad”. Hay que tener en cuenta, no obstante, que una de las patronales que participan en la entidad es la Asociación Española de Productos Petrolíferos. En el club también figuran el sector de la automoción (Anfac), el químico (Feique), el papel (Aspapel), las cementeras (Oficemen), la acerera Unesid y el agroalimentario (FIAB).

Una de las medidas demandadas con urgencia es el establecimiento de las subastas de tecnologías inframarginales (especialmente dirigidas a industrias), lo que potenciaría la firma de contratos bilaterales a precios competitivos, tal y como sucede en otros países de gran huella industrial, como Alemania y Francia. Asimismo, se reclama impulsar iniciativas que faciliten la liquidez a los consumidores industriales. Se piden especialmente medidas que permitan coberturas de riesgos y garantías de contratos de electricidad y la aceleración del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y minimizar diferentes figuras fiscales. Una es la reducción de los gravámenes del impuesto especial de hidrocarburos y otro la supresión total del impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica, al que acusan de elevar un 7% adicional el precio mayorista, cuando no hay una figura impositiva similar en toda la Unión Europea.

A largo plazo, los sectores más identificados con la gran industria advierten de la necesidad del incremento de las interconexiones eléctricas, con el objetivo de elevar la eficiencia y el coste competitivo. Además, reclaman “reabrir el debate” en torno al futuro de la generación a partir de la energía nuclear. Se suman así al debate que puso en marcha la Comisión Europea, en su decisión de considerar la fusión (además del gas) como una fuente energética verde, lo que supone un espaldarazo a nuevos proyectos de inversión. En ese debate, precisamente ha sido el Gobierno español uno de los que ha apostado por un discurso más beligerante e incluso propuso aplicar criterios propios.