¿Qué es la taxonomía verde europea y por qué es tan importante? Las claves de la propuesta de Bruselas

La Comisión Europea eligió el día de Año Nuevo para poner en circulación su propuesta de taxonomía verde, un tecnicismo bajo el que se esconde un intento loable por ordenar la economía y la energía en función de su huella ambiental. El borrador, sin embargo, ha levantado una importante polvareda, con un buen número de países ...

La Comisión Europea eligió el día de Año Nuevo para poner en circulación su propuesta de taxonomía verde, un tecnicismo bajo el que se esconde un intento loable por ordenar la economía y la energía en función de su huella ambiental. El borrador, sin embargo, ha levantado una importante polvareda, con un buen número de países —entre ellos España— y eurodiputados levantando la voz en contra. Lo que sigue es una síntesis de lo que quiere el Ejecutivo comunitario y las claves de la negociación que se producirá en los próximos meses entre Bruselas, los Gobiernos y la Eurocámara:

¿Qué es?

La taxonomía verde es un sistema de clasificación de las actividades económicas y, en este caso, de las tecnologías de generación de energía eléctrica. Con él, la Unión Europea busca ofrecer a las empresas y los inversores una definición clara de lo que es y no es sostenible, así como redireccionar las inversiones y evitar el llamado greenwashing o lavado de cara verde, en su traducción española. La iniciativa no afecta a las inversiones públicas ni supone un veto a estas, que ya están reguladas por otras normas, como, por ejemplo, por la política de Competencia.

¿Qué propone la Comisión Europea?

Básicamente, otorgar a las nucleares (como quería Francia) y el gas natural (como pretendía el anterior Gobierno alemán) la vitola de energías verdes. En el primer caso, lo lograrían las centrales atómicas cuyo permiso de construcción se expida antes de un hoy lejano 2045. En el segundo, lo obtendrían todas las plantas en funcionamiento que emitan menos de 100 gramos de dióxido de carbono (CO₂) por kilovatio hora (KWh) y las de nueva construcción que emitan menos de 270 gramos de CO₂ por kWh siempre y cuando esa necesidad energética no pueda cubrirse con fuentes renovables y la instalación sustituya otra que emita más.

¿Por qué es tan polémica la propuesta de Bruselas?

Porque sitúa tanto la energía nuclear como la procedente del gas natural al mismo nivel que las energías renovables. Aunque la primera no emite gases de efecto invernadero, sí genera residuos de difícil gestión ambiental. La segunda sí contamina y emite CO₂ aunque en cantidades notablemente más bajas que las centrales térmicas que funcionan quemando carbón o fuelóleo, a las que, en muchos casos, sustituyen en el mix eléctrico. Varios países, entre ellos España, y la plana mayor de las organizaciones ambientalistas han puesto el grito en el cielo. Una de las grandes paradojas de la propuesta de Bruselas es que, pese a ser considerada verde, la generación de electricidad con gas natural seguiría sujeta al pago de derechos de emisión de CO₂ orquestado por la propia Comisión. Estos títulos, que pretenden desincentivar las actividades contaminantes, cotizan en máximos históricos.

¿Hay algún precedente internacional de algo similar?

No, no lo hay. La propuesta actual de la Comisión Europea completa el primer paso dado en julio y debería estar lista antes del próximo verano.

¿Qué países están a favor? ¿Y en contra?

Austria ha sido hasta ahora el que ha mostrado un rechazo más contundente, advirtiendo incluso de que está dispuesta a llegar hasta los tribunales para evitar su entrada en vigor. España también ha rechazado esta iniciativa, aunque está abierta a soluciones intermedias. Tampoco en Alemania ha gustado totalmente. En Berlín suena bien la etiqueta asignada al gas, pero no la de no la nuclear, una energía que están eliminando de su matriz energética. La facción verde del Gobierno de Olaf Scholz se opone a ambas. La posición expresada por Holanda antes de conocerse la propuesta de Bruselas es similar a la alemana. Portugal, Luxemburgo y Dinamarca también han mostrado recientemente su rechazado a la energía atómica.

La posición contraria de Austria era esperable, por su histórico rechazo a la energía nuclear. También la visión favorable de Francia, cuya apuesta por esta energía es antigua: más de las dos terceras partes de su electricidad proceden de esta fuente. Otros países como Polonia o Bulgaria también se alinean con París.

¿Qué opina el Gobierno español?

Antes de que se conociese el borrador que la Comisión Europea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya había mostrado su rotunda negativa a considerar energías verdes a la nuclear y el gas natural. El domingo, apenas 24 horas después de que se conociese el contenido de la propuesta de Bruselas, el Ministerio de Transición Ecológica emitió un duro comunicado en el que rechazaba de plano la moción, que calificaba de “paso atrás”.

¿Por qué se opone España?

Primero, porque no considera que la nuclear y el gas sean energías “verdes ni sostenibles”. Segundo, porque “mandaría señales erróneas para la transición ecológica en el conjunto de la Unión Europea (...) y para los mercados financieros”. Tercero, porque, según ha deslizado el Ministerio de Transición Ecológica, no está alineada con la “evidencia científica” al no respetar “el principio de no causar un daño ambiental significativo”. Y cuarto, porque no aporta “la necesaria claridad para enfocar los flujos de capital hacia la economía descarbonizada, resiliente y sostenible prevista en el Pacto Verde Europeo”.

De salir finalmente adelante, ¿cómo quedaría catalogado el sistema eléctrico español?

Paradójicamente, su composición sería virtualmente 100% verde. Salvo una pequeñísima fracción —el 3% del total, con los datos de 2021 en la mano— que procede de la quema de carbón o diésel, el resto de fuentes de generación recibirían esa vitola.

¿Qué pasos quedan para su aprobación?

El borrador ha sido presentado a los Estados miembros y los expertos de la plataforma de finanzas sostenibles, que ahora tienen 12 días para presentar alegaciones. Después, la Comisión presentará un texto definitivo que solo puede ser rechazado por mayoría cualificada en el Consejo de la UE (un 55% de países que sumen al menos el 65% de la población) y el Parlamento Europeo. Para esto contarían con un plazo de cuatro meses prorrogable por otros dos. “Dada la fragmentación de posiciones sobre el gas y la nuclear, es improbable que se alcance esa mayoría de bloqueo”, explica Simone Tagliapietra, experto en energía y clima del think tank bruselense Bruegel. “Así que lo más posible es que logre el apoyo necesario en el Consejo”.

¿Cómo cambiarían los patrones de inversión en energías verdes?

La recategorización de la nuclear y la solar genera un riesgo adicional, al crear un competidor más para la inversión en renovables. “Los inversores importantes son muy sofisticados y saben distinguir”, confía Peter Sweatman, consejero delegado de la consultora especializada Climate Stretegy & Partners. El problema es que quien quiera podría vender como verdes inversiones en nuclear o en gas, aunque no lo sean, y “no habría forma de diferenciar entre una planta eólica y una de gas que cumpla los requisitos, que son aproximadamente la mitad de las que están en uso”, subraya por teléfono.

“Las renovables son muy competitivas de por sí, así que tanto la inversión como la financiación va a seguir llegando, aún más cuando el precio del CO₂ sigue subiendo”, cierra Sweatman. El problema es que el ritmo de inversiones no es suficiente para cumplir los objetivos, y que la nuclear y el gas tenga la etiqueta no ayuda: puede ser una distracción y desviar fondos que son muy necesarios para la eólica y la solar”.