La oleada de protestas anticipa un invierno caliente y empaña la recuperación

La pandemia fue una exhibición de paciencia colectiva: aceptar un retroceso económico para salvar la salud, sobre todo de los mayores. Con una crisis sanitaria excepcional e inesperada que se alarga y se alarga, España encara ahora dos años de fuerte crecimiento concebidos para borrar la huella económica del shock y llevar la actividad de vuelta al punto de partida. Los cimientos parecen más fuertes que en la última crisis: en el mercado laboral...

La pandemia fue una exhibición de paciencia colectiva: aceptar un retroceso económico para salvar la salud, sobre todo de los mayores. Con una crisis sanitaria excepcional e inesperada que se alarga y se alarga, España encara ahora dos años de fuerte crecimiento concebidos para borrar la huella económica del shock y llevar la actividad de vuelta al punto de partida. Los cimientos parecen más fuertes que en la última crisis: en el mercado laboral se han superado por primera vez los 20 millones de ocupados; los aliados han aparcado las dudas y la ortodoxia para desplegar un escudo común que traerá a España 70.000 millones de euros en fondos europeos, y la factura en intereses está cayendo gracias al BCE a pesar de que la deuda aumenta.

Fin de las buenas noticias para una recuperación muy atípica. Según Bruselas, España, muy dependiente del turismo y la hostelería, será el único país de la UE que esperará hasta 2023 para recuperar su nivel de PIB prepandemia, y la policrisis energética y en la cadena de suministros está golpeando los bolsillos alentando un repunte de la inflación que no se veía desde 1992, y que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, cree que afecta especialmente a los hogares de rentas más bajas.

La recuperación parece avecinarse con la capacidad de aguante al límite y se ha convertido en una mezcla de realidades y expectativas en las que el griterío de la calle amenaza con colarse cada vez más en los despachos. Los transportistas, molestos por la subida del diésel, han convocado una huelga de tres días en medio de la trascendental campaña navideña, el periodo al que muchas empresas fían una mejora de sus resultados. Las barricadas llevan días incendiando las calles de Cádiz para reclamar que sus sueldos no pierdan poder adquisitivo por el alza de precios —“Hemos tenido que meter fuego para que en Madrid nos echen cuenta”, dijo megáfono en mano su alcalde, José María González Kichi—. Los trabajadores del automóvil se concentran este lunes ante el Ministerio de Industria para pedir garantías de empleo ante la crisis de los chips que está obligando a parar las fábricas de vehículos. Las asociaciones de consumidores ya han liderado varias movilizaciones contra la subida de la luz; y peluqueros de varios puntos de España han protagonizado encierros para exigir la rebaja del IVA.

El hilo conductor de buena parte del malestar es que, tanto desarrollar una actividad empresarial como el coste de la vida, se han vuelto más caros: así lo repiten los transportistas y agricultores azotados por el alza del diésel, la industria y los ciudadanos víctimas de la subida del megavatio hora, los empleados del metal que quieren que sus salarios se vinculen al IPC para no perder poder adquisitivo, los importadores que tienen que rascarse el bolsillo para traer un contenedor cargado de China o los fabricantes de automóvil que pagan más por unos chips cada vez más escasos.

Transportistas: una amenaza de huelga

El descontento llevaba meses larvado en el sector del transporte, pero terminó de estallar el día 10 con la convocatoria de un paro de tres jornadas en plena campaña navideña: el 20, 21 y 22 de diciembre. La anticipación del anuncio, sin embargo, invita a pensar en que el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte (el ente que reúne a las principales asociaciones del sector) disponen de tiempo suficiente para negociar y evitar un desenlace que sería desastroso para el comercio.

Las razones de fondo esgrimidas por los transportistas son muchas y muy variadas. Entre ellas, están la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los tráileres, el recargo que supone la entrada en vigor de la euroviñeta (una forma de peaje) en varios países europeos o la construcción de áreas de descanso seguras, pero la gran novedad de los últimos tiempos es la brutal subida de precio del gasóleo. Con el carburante en máximos de casi una década y a un paso de su pico histórico, los camioneros se quejan de que no están pudiendo trasladar este aumento de costes a las tarifas que cobran, tal como exige la ley. Solo las grandes empresas del sector están pudiendo hacerlo: los autónomos, amplia mayoría, están teniendo que asumir el aumento sin recibir ninguna compensación a cambio.

Una tormenta perfecta para la industria del automóvil

La federación de industria de CC OO ha convocado el lunes una concentración, pero no ante una empresa, sino frente al Ministerio de Industria. Quiere “medidas” ante la “tormenta perfecta” que asola al sector y que, asegura, está ya destruyendo empleo. Sus denuncias no difieren demasiado de las que viene lanzando la patronal de fabricantes de automóviles Anfac. “Tenemos todos los problemas del resto de la industria y, además, las presiones tecnológica y regulatoria para cambiar de productos y fábricas. No nos pueden tratar igual”, señala su director general, José López-Tafall, quien añade a eso la inseguridad de la negociación de la reforma laboral y que no se haya modificado la fiscalidad del coche para animar un mercado en mínimos, afectado también por la crisis de suministros.

Es un sector que, además de ser el que más impacto tiene sobre el PIB, aglutina los problemas del resto. Entre las grandes industrias, como denuncian desde la Alianza por la Competitividad que une a los sectores más potentes, hay otro problema que viene de lejos: el alto coste de la electricidad que sufre España y que se ha agravado con el encarecimiento iniciado en verano.

Cádiz, zona cero de la furia de los trabajadores del metal

Cádiz lleva décadas penando su suerte socioeconómica durante décadas: altas tasas de paro —23,16%, lejos del 14,57% de media nacional, según la última EPA—, precariedad laboral y bajos niveles de renta. Aunque la mecha ha prendido a cuenta de la renovación del convenio del sector del metal, históricamente el más combativo de la provincia. Los 30.000 empleados de 6.000 empresas —según cálculos de la patronal— suman ya una semana de huelga indefinida que ha dejado estampas de furia, en forma de barricadas de fuego, cargas policiales y manifestaciones que colapsan el tráfico en diversos puntos de la zona, como la capital y el Campo de Gibraltar.

“La columna vertebral de este conflicto es la subida del IPC y el tiempo de duración del convenio”, resume con tiento Juan Linares, secretario de CC OO de Industria en Cádiz. Los sindicatos buscan que les sea reconocida la subida de los precios en sus salarios y que el acuerdo no dure más de un año. Al otro lado de la mesa negociadora, la patronal, representada por la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Cádiz (Femca) asegura que sus empresas no podrían soportar esa subida y solo garantizan incrementos del 2% anuales en los tres próximos años y un pago al final único del dinero perdido en ese tiempo por la subida del IPC.

El trasfondo de un conflicto, que ya se ha enredado en lo político, vislumbra un problema que se puede extender a futuras negociaciones de otros convenios sectoriales del país. Los empresarios aseguran que esas condiciones ya son mejores que las firmadas en otros convenios provinciales del metal en provincias próximas como Córdoba. Aunque el encarecimiento de la vida ya es el tema principal en otras negociaciones colectivas europeas. La inflación ya ha hecho, por ejemplo, que el sindicato más grande de Alemania, IG Metall, haya pedido a la patronal un aumento salarial del 4,5% para los trabajadores de la madera y el plástico en la región de Baden-Württemberg, al sur del país.

Un largo malestar con los precios de la luz

Las marchas y concentraciones pidiendo al Gobierno medidas para rebajar el precio de la factura eléctrica llevan meses produciéndose de manera intermitente. Las organizaciones de consumidores han alentado muchas de ellas, pero en manifestaciones como la celebrada hace poco más de dos semanas en Barcelona, participaron decenas de entidades y unos 1.800 asistentes. Aunque el flanco callejero no sea multitudinario, este es uno de los dosieres que más inquieta al Gobierno por su capacidad para generar desafección, dado que la energía afecta a un porcentaje de la población muy alto.

Las rebajas impositivas del Ejecutivo han chocado con las subidas en los mercados internacionales de los precios del gas y de los derechos de emisiones de dióxido de carbono, un fenómeno del que tampoco se libran sus socios europeos. En España, los números hablan de una partida disparada: la electricidad de los hogares subió en octubre casi un 63% respecto al año anterior, según el INE. La industria electrointensiva, cuyo mayor gasto suele ser la luz, tiene otro tipo de contratos para abaratarla, pero aún así no se ha librado del encarecimiento, y ya ha advertido de que si el Gobierno no aumenta las compensaciones, hay empresas, sobre todo las de menor tamaño, que corren peligro de cierre. La metalúrgica Sidenor anunció en octubre el cierre durante 20 días de su planta en Basauri (Bizkaia), por la escalada del precio de la energía.

El campo agoniza por la subida de los costes de producción

El campo vuelve a la protesta. El sector ya llevó su malestar a las calles de varias comunidades autónomas a principios de 2020 por los bajos precios que les pagan los intermediarios por sus productos y, pasadas las restricciones por la pandemia, ha anunciado un nuevo calendario de movilizaciones para diciembre. El incremento generalizado de los costes de los últimos meses ha agravado la situación. “La subida ha sido brutal y afecta a todo”, explica por teléfono Miguel Padilla, secretario general de la COAG, organización convocante junto a Asaja y la UPA. Los costes de producción han aumentado de media un 30% por explotación en el último año (un 270% más la electricidad, un 73% el gasóleo para los tractores, un 48% los abonos, un 33% el agua y un 20% las semillas), según los datos de las asociaciones, que denuncian que estas alzas no se han repercutido de forma adecuada al precio de sus productos, pero sí que ha habido subidas en los puntos de venta directa al consumidor. “Es necesario un reparto más justo del valor de los alimentos en la cadena alimentaria”, afirma Padilla.

Las protestas aún no tienen fecha, pero el sector ha avisado de que algunas pueden coincidir con las convocadas por el transporte (entre el 20 y 22 de diciembre). El lema para las concentraciones es #SOSrural. Las organizaciones han pedido reunirse con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para pedirle entre otras cosas que se cumpla el artículo de la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe aplicar u ofertar un precio de venta al público inferior al precio real de adquisición.

Tractoradas en Galicia por el mayor coste de producir leche

Los productores lácteos están inmersos en España en lo que llaman la “tormenta perfecta”. Al mal crónico de los bajos precios que cobran por su trabajo, se suma una subida de los costes de producción que “está asfixiando” a las granjas, denuncian los ganaderos de Galicia, donde se produce el 40% de la leche que se ordeña en España. El sindicato Unións Agrarias cifra este incremento en un 25%. Desde Agromuralla, un colectivo que ha retomado las tractoradas de protesta alrededor de la muralla romana de Lugo, cuentan que están pagando el doble por la luz mientras sube también el precio del gasoil de sus tractores y de los piensos que comen las vacas.

Los ganaderos critican que el precio de la leche que pagan los ciudadanos en los supermercados se ha incrementado, pero los ganaderos que la ordeñan siguen cobrando lo mismo y no cubren costes. Unións Agrarias y el Sindicato Labrego Galego impulsan movilizaciones contra dos empresas en concreto, Capsa (fabricante de las marcas Larsa y Central Lechera Asturiana) y Lactalis Puleva, a las que señalan como “responsables de lo que está sucediendo”. “Lo único que pedimos es que se cumpla la Ley de la Cadena [Alimentaria], que dice que ninguno de los eslabones puede cobrar por debajo de lo que le cuesta producir”, afirma Félix Porto, portavoz de Unións Agrarias.

Pensionistas: 1.080 euros al mes y vuelta a los 65 años para jubilarse

Con la ley que regulará el nuevo marco de las pensiones cada vez más cerca, las reivindicaciones por parte del colectivo de jubilados tratan de condicionar algunos de los puntos claves de la reforma en la que trabajan Gobierno, patronales y sindicatos. A pesar de que dentro de la primera fase de la negociación se ha acordado la revalorización de las pensiones en base a la inflación (IPC) –una de las principales demandas de este grupo–, sus peticiones tratan de extender esta protección más allá, y para ello han venido celebrando de manera recurrente diversas manifestaciones.

Es el caso de las marchas convocadas en Bilbao por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria durante los últimos tres años, en las que se reclama una pensión mínima de 1.080 euros mensuales, además de la derogación de las reformas laborales y de las pensiones realizadas entre 2011 y 2014; junto con la subida del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros al mes. La marcha más reciente y multitudinaria, sin embargo, tuvo lugar el pasado sábado en Madrid, donde la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) se manifestó para exigir el blindaje de las pensiones en la Constitución y el regreso de la edad de jubilación a los 65 años (actualmente es de 66 años para aquellos con menos de 37 años y tres meses cotizados).

Con información de Ignacio Fariza, Dani Cordero, Jesús A. Cañas, Cristina Galindo, Sonia Vizoso y Gorka R. Pérez.