El Gobierno riega con unos 10.000 millones más el gasto de la Administración central

El Gobierno ha comunicado a Bruselas que el gasto del conjunto de las Administraciones bajará el año que viene en unos 12.000 millones. Aunque esta afirmación se escribe con letra pequeña. Mientras que las autonomías reducirán el gasto, el Estado central lo subirá: las comunidades serán las afectadas porque dispondrán de menos recursos para combatir la covid una vez ha pasado lo peor de la pandemia. No contarán con una transferencia especi...

El Gobierno ha comunicado a Bruselas que el gasto del conjunto de las Administraciones bajará el año que viene en unos 12.000 millones. Aunque esta afirmación se escribe con letra pequeña. Mientras que las autonomías reducirán el gasto, el Estado central lo subirá: las comunidades serán las afectadas porque dispondrán de menos recursos para combatir la covid una vez ha pasado lo peor de la pandemia. No contarán con una transferencia especial de 13.000 millones que se les ha dado este año, y recibirán 6.000 millones menos del fondo europeo React UE. Y eso ayudará a ir rebajando el agujero de las cuentas públicas. Sin embargo, los Presupuestos de 2022 que ha presentado el Gobierno subirán el desembolso total de la Administración central en unos 10.000 millones. Y en realidad el riego aumentará en unos 22.000 millones si se tiene en cuenta que el Ejecutivo está consiguiendo unos ahorros muy elevados por un menor gasto en ERTE, intereses y transferencias a las comunidades. Todo ello en un contexto en el que el desfase de las cuentas públicas es todavía muy alto.

El primer presupuesto pospandemia tiene unos números relativamente simples: por un lado, se contabiliza para el año que viene la misma cantidad de fondos europeos que este año; por el otro, el Ejecutivo obtendrá en 2022 importantes ahorros: unos 4.000 millones por el menor gasto en ERTE; otros 1.000 millones en los intereses de la deuda, gracias a que las compras del BCE están bajando su coste incluso con el endeudamiento aumentando; y se rebajan en unos 6.000 millones las transferencias especiales del Estado a las comunidades, que este año se entregaron para ayudarlas con la gestión de la covid. Aunque cae la partida de vacunas, esta se financió el año pasado con fondos europeos. En total, el grueso de los ahorros para el Estado tras la pandemia alcanza los 11.000 millones.

A pesar de esos ahorros, el gasto total no financiero del Estado subirá en unos 10.000 millones hasta los 427.000 millones. Es decir, en realidad el presupuesto se eleva en unos 22.000 millones una vez se tiene en cuenta que está habiendo unos ahorros sustanciales procedentes de la mejora de la situación sanitaria.

De esta subida, unos 7.800 millones se destinan a pensiones, que crecen por la revalorización con el IPC, el aumento de jubilados y la entrada de pensionistas con mejores carreras laborales y, por tanto, mayores prestaciones. Y unos 1.000 millones más se dedican a actualizar los sueldos de funcionarios y las nuevas contrataciones de la Administración central. En consecuencia, si se restan las pensiones y los empleados públicos, el Gobierno ha aumentado los desembolsos en 13.000 millones. Se trata de un manguerazo que se ha repartido de forma generalizada por todas las partidas y ministerios: dependencia, vivienda, ciencia, becas, bonos para jóvenes… Prácticamente todas las rúbricas salvo la Casa Real.

Aunque el gasto del conjunto de las Administraciones desciende por la menor exigencia de la pandemia, el Gobierno tendrá más dinero para sus políticas. El agujero de las cuentas públicas podría reducirse más de lo previsto si el Ejecutivo hubiese moderado el gasto. “Este volumen de desembolsos convive con un déficit estructural en las cuentas públicas muy elevado”, apunta Diego Martínez-López, profesor de la Universidad Pablo Olavide. En opinión del exministro Jordi Sevilla, “hacen falta más políticas públicas bien diseñadas y menos regalitos”. Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, señala que lo importante es que estas partidas puedan ser fácilmente reversibles. De lo contrario, estaría creciendo el déficit estructural.

El reto del déficit

El Banco de España y la Autoridad Fiscal han mostrado alguna vez su preocupación por que el agujero en las cuentas públicas se enquiste y deje de reducirse solo con la mejora de la economía. Ya antes de la pandemia, en 2019, con la actividad creciendo un 2%, el déficit no bajó. Al contrario, subió del 2,5% al 2,9% del PIB. Ese agujero por valor de 36.000 millones se considera ya estructural. Y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha explicado en varias ocasiones que este podría haber escalado hasta el entorno del 4,5% del PIB. Al 2,9% inicial de 2019 habría que añadir unas décimas por el mayor gasto en sanidad. Otras dos o tres por el coste en intereses de acumular más deuda. Algunas décimas más por la renta mínima y otras decisiones de gasto. Y la revalorización de las pensiones con el IPC podría costar en torno a un punto entero de PIB a lo largo de la década. La Autoridad Fiscal ha calculado también una cifra similar.

En el plan presupuestario remitido a Bruselas, el Gobierno utiliza la metodología de la Comisión Europea para concluir que el déficit estructural estará el año que viene en el 4,5% del PIB, unos 59.000 millones, el equivalente al 60% de la recaudación por IRPF. Sin embargo, en ese mismo documento el Ejecutivo rebate estos números: considera que esta metodología es poco robusta en las condiciones de incertidumbre actuales, que los resultados deben ser tomados con cautela y que, por lo tanto, no dan una indicación válida sobre la política fiscal.

Jordi Sevilla apunta en este sentido que todavía se contará con unos años de margen debido a que Bruselas aún tardará en imponer de nuevo las reglas fiscales y a que el BCE hará una rebaja muy gradual de las compras de deuda. Aun así, las subidas de precios pueden precipitar este debate. El Banco de España y la Autoridad Fiscal han intentado promoverlo y piden que se empiece a dibujar cuanto antes un plan de reequilibrio de las cuentas a medio plazo. Varios ex altos cargos consultados recuerdan que en un Estado tan descentralizado como España hacen falta de 12 a 18 meses para empezar a contener el gasto. La reforma fiscal, que ayudaría a paliar este desfase presupuestario, está comprometida con Bruselas para el primer trimestre de 2023. Y la opinión del grupo de expertos en fiscalidad se conocerá en febrero.

Unos ingresos en la banda optimista

De momento, la recaudación marcha bien: se está recuperando a pesar de que no se hayan restablecido todavía los niveles de PIB y consumo prepandemia y de que las pocas subidas fiscales, como la tasa Google, apenas hayan ingresado. Explican esta evolución los ERTE, una menor economía sumergida y la inflación. Para el año que viene, los ingresos dependerán como siempre de la economía. “La previsión de PIB está en la banda optimista pero posible”, afirma Sevilla. Y la inflación ayudará a recaudar algo más. El Ejecutivo espera que la recaudación fiscal se dispare un 8,1%: un 6,7% el IRPF, un 11,8% Sociedades y un 9,5% el IVA. Y las cotizaciones crecerán un fortísimo 9%. Según los expertos consultados, la previsión puede ser correcta en IVA gracias a la inflación. Pero parece inflada en IRPF y, sobre todo, en cotizaciones. Estas dos figuras crecerán mucho más que el 2,7% que aumentará el empleo. Por más que suban los salarios, el crecimiento de la masa salarial estará lejos del 9% de incremento en cotizaciones, explica el economista Miguel Ángel García. Y la aportación que darán la subida del salario mínimo y de las cotizaciones máximas apenas compensará una brecha tan grande.

Las autonomías pierden 12.000 millones de la covid

Por otra parte, el dinero de las comunidades descenderá en la práctica a pesar de la mejora prevista de la recaudación fiscal. Aunque las entregas por el sistema de financiación crecerán igual que los ingresos tributarios, las liquidaciones del año de la pandemia hacen que las autonomías tengan que devolver dinero al Estado. Y al final será lo comido por lo servido. La transferencia especial por la covid, que ascendió este año a unos 13.000 millones, no se repetirá en 2022. En cambio, se compensará a las comunidades con unos 7.000 millones por las liquidaciones negativas y la adopción del sistema informático de recaudación del IVA. En el neto, las comunidades perderán 6.000 millones. Y dejarán de recibir unos 8.000 millones del fondo React UE para obtener solo 2.000. Es decir, se quedarán sin 12.000 millones destinados a la covid, si bien se llevarán algo más de los fondos europeos Next Generation.