Evitar los abusos al ciudadano digital
El creciente desequilibrio entre las grandes empresas y los consumidores ha convertido el comercio electrónico en un campo proclive para los atropellos
El comercio electrónico entre empresas y consumidores no cesa de crecer. El llamado B2C (Business to Consumer, de empresa a consumidor) ascendió a 50.382 millones de euros en España en 2019, según el Ministerio de Economía. Un volumen siete veces mayor que en 2009. Las ventas se aceleraron notablemente desde el inicio de la pandemia y crecieron a tasas interanuales superiores al 50% durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, según el Ministerio de Ind...
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El comercio electrónico entre empresas y consumidores no cesa de crecer. El llamado B2C (Business to Consumer, de empresa a consumidor) ascendió a 50.382 millones de euros en España en 2019, según el Ministerio de Economía. Un volumen siete veces mayor que en 2009. Las ventas se aceleraron notablemente desde el inicio de la pandemia y crecieron a tasas interanuales superiores al 50% durante los meses de abril, mayo y junio de 2020, según el Ministerio de Industria. En lo que va de año, hasta julio ha crecido un 19%. Las operaciones más relevantes corresponden a reservas de alojamientos y billetes de transporte.
El desarrollo de las nuevas tecnologías está disparado y las decisiones de compra de los ciudadanos por medios digitales vienen muy definidas por unos algoritmos, diseñados por poderosas corporaciones, que no son nada neutrales. El análisis de esta nueva realidad económica “desde la perspectiva del consumidor, del ciudadano, que adquiere un vínculo contractual mediante un clic”, es el objeto de un esclarecedor libro Derecho de los consumidores y comercio electrónico (Wolters Kluwer), del magistrado Francisco González de Audicana Zorraquino.
El autor, un jurista preocupado por la pérdida de derechos de los ciudadanos en la nueva economía, es bien conocido por sus preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en asuntos tan sensibles como las hipotecas. Persigue que España aplique la normativa europea mucho más protectora de los ciudadanos.
El creciente desequilibrio entre las grandes empresas y los consumidores ha convertido el comercio electrónico en un campo proclive para los abusos. El libro nos recuerda que, según dijo la Comisión Europea en 2018, “un 80% de las páginas webs europeas infringe la normativa sobre protección de consumidores”.
El texto tiene un gran sentido práctico. Recuerda que como consumidores “todos los derechos que rodean la contratación electrónica los podremos ejercitar ante los tribunales”. Abunda en los consejos útiles como guardar una captura de pantalla en el ordenador o en el dispositivo que utilicemos de las operaciones que realicemos. Y resalta la importancia de luchar para evitar cualquier abuso que se pueda provocar a los consumidores, al ciudadano digital, que “vendrá proporcionado por la posición dominante de las grandes plataformas”.
En sus reflexiones sobre el impacto de las nuevas tecnologías, el magistrado va mucho más allá de las repercusiones estrictamente económicas al expresar su preocupación por otros aspectos como la pérdida cada vez mayor de nuestra intimidad. Advierte de que “no somos del todo conscientes, que a los datos a los cuales ahora renunciamos, pueden implicar un control de nuestras decisiones en un futuro no tan lejano”.
Las nuevas tecnologías impulsan un nuevo tipo de contratación en la que los ciudadanos no negocian nada. Asumen unos contratos de adhesión, con unas cláusulas redactadas previamente e impuestas por las empresas en las que abundan los abusos. Desde 1973 Europa ha establecido un derecho protector de los ciudadanos que el TJUE actualiza constantemente. España va muy rezagada. El trabajo del juez González de Audicana es muy necesario.