La subida de la luz lleva la inflación en agosto hasta el 3,3%, su máximo en casi una década

La inflación creció en agosto por sexto mes consecutivo. El índice de precios al consumo (IPC) avanzó este mes al 3,3% de variación anual, su máximo desde 2012, según los datos adelantados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La ansiada reactivación económica ―y las grandes expectativas sobre su vigor― ha impulsado una demanda adormecida durante buena parte del año pasado por la pandemia, con el encarecimiento ...

La inflación creció en agosto por sexto mes consecutivo. El índice de precios al consumo (IPC) avanzó este mes al 3,3% de variación anual, su máximo desde 2012, según los datos adelantados publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La ansiada reactivación económica ―y las grandes expectativas sobre su vigor― ha impulsado una demanda adormecida durante buena parte del año pasado por la pandemia, con el encarecimiento de la luz y de las gasolinas que siguen arrastrando el resto de la cesta. “En este comportamiento destaca la subida de los precios de la electricidad”, señala el INE en una nota. Y todo apunta a que la tendencia va a continuar: el mercado mayorista de la luz volverá a marcar este martes un nuevo récord, con 130,53 euros por megavatio hora.

Las previsiones llevaban tiempo apuntando a un aumento generalizado de la inflación, que está siendo más intenso de lo previsto. Y la energía pesa mucho en ello: la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los precios de la energía y de los alimentos frescos ―los elementos más volátiles―, “sigue en niveles reducidos”, apunta Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. Este indicador avanzó un 0,7% anual en agosto.

Ya a finales del año pasado, ante la relajación de las restricciones y la aprobación de las vacunas contra la covid-19, la cotización del petróleo empezó a repuntar. El barril de brent, de referencia en Europa, se acerca a los 73 dólares ―cuando en 2020 llegó a situarse por debajo de los 20―, pese a haber frenado su escalada en los últimos dos meses por la incertidumbre en torno a la variante delta. Y el alza ya se ha trasladado a los carburantes: llenar un depósito de 50 litros de un coche, tanto de gasolina como de diésel, costaba en julio cerca de 10 euros más que en enero.

El precio del gas en los mercados internacionales también triplica su nivel de hace un año, y junto con los derechos de emisión de CO₂ ―en su cota más alta registrada nunca, por encima de los 50 euros la tonelada― han arrastrado al alza el precio de la electricidad en toda Europa. En España, el mercado mayorista lleva semanas en máximos: en agosto pulverizó ocho días su récord histórico. A ello se suma el encarecimiento de otras materias primas y la escasez de productos como los microchips, que están causando un desabastecimiento en fábricas de automóviles, celulares u otros equipos tecnológicos.

Este aumento en los precios de la energía genera un efecto dominó sobre una multitud de otros productos, entre ellos la alimentación, encareciendo su producción o transporte. En julio también se encarecieron otras categorías relacionadas con el turismo, como hoteles y alojamientos, impulsadas por el despertar de la demanda tras un 2020 marcado por constantes cierres y aperturas de comercios, establecimientos y fronteras. Este cóctel se traslada a los hogares y reduce su poder adquisitivo, aunque el golpe estará parcialmente amortiguado por el gran ahorro forzoso acumulado durante la crisis sanitaria.

“Hay dos factores que están influyendo en la inflación: los precios energéticos, donde la presión va a durar bastante tiempo, y los de otros suministros importados. En este segundo caso hay elementos que apuntan a que se van a ir relajando”, resume Torres. “De momento, las empresas no están trasladando esta subida a las tarifas. La gran incógnita es cuánto van a aguantar, y eso tiene mucho que ver con las expectativas”, agrega.

El incremento del IPC también mete presión sobre las finanzas públicas. El Gobierno ya ha aprobado la primera parte de la reforma de las pensiones que le exige Bruselas para desembolsar los fondos europeos, que entre otras cosas liga la revalorización de las prestaciones a la evolución del índice de precios al consumo. Y entre la paguilla de febrero y la revalorización del próximo año, a la luz de la inflación de los últimos meses, el Estado deberá afrontar un coste extra cercano a los 4.900 millones en 2022.

“El aumento de la inflación va a suponer una subida importante del gasto en pensiones, pero si es puntual no es tan preocupante”, apunta José Carlos Díez, profesor de Economía en la Universidad de Alcalá. Añade que el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) que el Gobierno planea aprobar en septiembre no elevará la presión sobre los precios, ni se esperan incrementos salariales que puedan fomentar la espiral inflacionaria ante una tasa de paro que sigue desbocada.

“Las empresas están aguantando el impacto ante un problema muy concreto con el gas y la electricidad”, señala Díez, quien recuerda que hay que matizar cualquier comparación con 2020, un año atípico en el que hubo una caída brutal de la actividad. “No hay ninguna señal que apunte a un proceso inflacionario en Europa: es un desajuste temporal, causado por una recuperación muy intensa en China que se está empezando a normalizar, y una pandemia que ha obligado a restringir la oferta y ahora se enfrenta a una demanda que ha crecido rápidamente gracias a los estímulos y las vacunas. Un problema grave sería una subida de tipos, que afectaría mucho a la deuda pública, pero no parece que vaya a ocurrir: las compras de deuda del BCE reducen significativamente este riesgo”.

Cautela

En la zona euro, la inflación alcanzó el 2,2% en julio, el nivel más elevado desde octubre de 2018. Los mayores responsables del repunte son los sospechosos de siempre: los elevados precios de la electricidad y de los carburantes. El encarecimiento de la energía también presiona los precios en los países miembros de la OCDE: la inflación media del club repuntó un 4,1% anual en junio, arrastrada por el incremento de los productos energéticos del 17,4%. En Estados Unidos, donde la recuperación está siendo vigorosa y los estímulos son aún más ingentes que los europeos, los precios avanzan a un ritmo aún más elevado: el mes pasado alcanzó el 5,4%, el nivel más alto en una década.

Los bancos centrales, sin embargo, están reaccionando con prudencia. Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la Reserva Federal (Fed) de EE UU consideran que este incremento es transitorio, causado por el bum de la demanda tras meses de cerrojo, el encarecimiento de la energía y otras materias primas y la escasez de algunos productos que está cortocircuitando las cadenas de suministro. Al mismo tiempo, las señales sobre la evolución de la situación sanitaria no son del todo claras: pese a los avances en la vacunación, las nuevas variantes del virus abren nuevos interrogantes.

Con estos mimbres, el BCE ha decidido flexibilizar su objetivo de inflación (cercano, pero inferior al 2%), abriendo la puerta a sobrepasarlo siempre y cuando sea un periodo transitorio y “se sitúe moderadamente por encima”. Esto quiere decir que los tipos de interés seguirán bajos y se mantendrán los estímulos pese al aumento de los precios, alejando la posibilidad de un viraje brusco que entorpezca una recuperación que aún no se ha asentado del todo y castigue a los países más endeudados. También la Fed ha optado por mantener la precaución: su presidente, Jerome Powell, ha descartado de momento una subida de tipos, aunque el pasado viernes se mostró dispuesto a reducir los estímulos a finales de año.

“La política fiscal en Europa no ha sido tan expansiva como en EE UU, no se ha alcanzado el pleno empleo y el repunte de la inflación no ha sido tan fuerte, por lo menos de la subyacente”, detalla Torres. “Para el BCE es más fácil mantener la credibilidad y a la vez seguir apoyando economía, pero hay mucha heterogeneidad entre los Estados miembros”, añade. Los próximos meses dirán si los precios al alza suponen tan solo una situación transitoria o las autoridades deben ajustar el tiro en sus políticas.