Unidas Podemos propone limitar el precio de la energía nuclear e hidroeléctrica mediante decreto para bajar la factura de la luz

El precio desorbitado del recibo de la luz se ha convertido en uno de los grandes problemas del verano para millones de hogares y, a la vez, principal punto de fricción entre los socios del Gobierno. Antes de que se celebre el primer Consejo de Ministros del curso político este martes, los Ministerios de Derechos Sociales y Consumo, que dirigen la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alber...

El precio desorbitado del recibo de la luz se ha convertido en uno de los grandes problemas del verano para millones de hogares y, a la vez, principal punto de fricción entre los socios del Gobierno. Antes de que se celebre el primer Consejo de Ministros del curso político este martes, los Ministerios de Derechos Sociales y Consumo, que dirigen la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, han trasladado al departamento para la Transición Ecológica su propuesta de reforma del mercado eléctrico. El plan pasa por la limitación del precio para la energía nuclear y también para la hidroeléctrica, según el documento de los dos ministerios de Unidas Podemos (UP), al que ha tenido acceso este periódico.

La propuesta tiene un carácter “estructural” y puede aprobarse a través de un real decreto-ley, a fin de entrar en vigor en un periodo de tiempo “muy breve”, señalan sus impulsores. Además, estos calculan que las medidas acarrearían un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año para los consumidores. “Con las medidas que proponemos, algunas tecnologías cobrarían un precio distinto al que fije el mercado, pero el mercado seguiría siendo marginalista”, asegura el documento. Hace apenas unas semanas, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, acusó al portavoz parlamentario de UP, Pablo Echenique, de generar falsas expectativas y calificó de “demagogia barata” la propuesta de bajar la factura a golpe de decreto.

El Ministerio para la Transición Ecológica, por su parte, “agradece todas las sugerencias” y asegura que estudiará la propuesta de Podemos con “el máximo respeto”, pero subraya que esta “adolece de un análisis sobre su compatibilidad con la normativa comunitaria”, por lo que su viabilidad será evaluada “con las máximas garantías”.

El departamento liderado por Ribera recuerda que el Gobierno viene trabajando desde junio de 2018, “dando prioridad a los consumidores y respetando el marco jurídico comunitario”, y que ya tiene sobre la mesa una medida destinada a reducir la sobrerretribución de las plantas no emisoras de CO₂, principalmente nucleares e hidroeléctricas. Cuando los precios son altos, estas centrales llegan a recibir unos ingresos muy por encima de sus costes de producción —conocidos como windfall profits o beneficios caídos del cielo—, debido al diseño del mercado en el que se negocia diariamente la energía y que tiene el mismo funcionamiento en toda la UE. Allí las ofertas de venta se ordenan de las más baratas ―renovables y nuclear― a la más cara ―plantas que usan combustibles fósiles— y la última tecnología que entra para cubrir la demanda es la que marca el precio y la retribución de todas las centrales.

UP ha pedido que esta reforma se tramite por decreto ante la decisión de Transición Ecológica de gestionarlo como proyecto de ley —se remitió a las Cortes en el último Consejo de Ministros antes del receso estival—. El departamento liderado por Ribera defiende que la decisión de tramitarlo como proyecto de ley se ha tomado para que la medida tuviera mayores garantías y solidez jurídica con el apoyo de todas las formaciones.

Belarra y Garzón, por su parte, proponen ahora el establecimiento de un precio fijo para la energía nuclear “tal y como ya hace Francia”, además de un precio máximo para la hidroeléctrica mediante un sistema similar al que actualmente se usa para algunas energías renovables. El Estado francés cuenta con más del 80% del coloso de generación EDF, que gestiona los 56 reactores nucleares que operan en el país.

UP propone que los precios de ambos tipos de energía sean fijados a través de una auditoría de costes de generación, una labor que llevaría a cabo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). “La caída de precios en el mercado regulado provocaría automáticamente un efecto arrastre en el mercado libre, por lo que todos los consumidores y consumidoras se verían beneficiados de bajadas significativas en el precio de la luz”, apuntan los impulsores de la propuesta, que recuerdan que las reformas se ajustan a la regulación europea.

A lo largo de este verano en el que los precios de la electricidad han marcado un récord tras otro en el mercado mayorista, hasta alcanzar un máximo histórico de 117,29 euros el megavatio-hora (MWh) el pasado día 13, Podemos ha insistido en la creación de una empresa pública de energía, una vieja reivindicación del partido. “Es vital eliminar los beneficios caídos del cielo de las eléctricas y crear una empresa pública de energía”, insistían este mes fuentes del partido, que tachan de “absoluta vergüenza” el enriquecimiento del oligopolio eléctrico “a costa de las familias”.

Medidas estructurales

En los últimos meses, los precios internacionales del gas están por las nubes, así como los derechos de emisión de CO₂ en el mercado europeo. Estos son unas especies de títulos que dan el permiso de contaminar y que Bruselas ha restringido para avanzar en su ruta hacia la descarbonización. Ambos factores, a lo que se ha sumado la ola de calor y la escasa participación al mix energético de la energía eólica, típica de estas fechas, han disparado los precios en todas las principales plazas europeas. Este martes, el mercado mayorista marcará una media de 102,06 euros el MWh, un 2,3% más con respecto al lunes, contribuyendo a la reciente senda alcista que ya ha convertido agosto en el mes más caro de la historia con un precio promedio de 102,45 euros.

Ribera también ha abierto la puerta a estudiar la creación de una empresa pública para que gestione las plantas hidroeléctricas, actualmente gestionadas bajo concesión por compañías privadas. Esta medida, sin embargo, también tardará en surtir efecto, ya que el ministerio ha descartado rescindir los contratos antes de tiempo y muchas de las concesiones no se extinguirán hasta dentro de varias décadas. Asimismo, el Gobierno trabaja en otro proyecto de ley para sacar de la factura en los próximos cinco años el coste de las primas a las renovables a través de un fondo conocido como Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Según sus cálculos, esta reforma junto a la reducción del dividendo de las plantas no emisora de CO₂ reducirá el coste del recibo en un 15%. Mientras tanto, los mercados de futuros auguran precios disparados por lo menos hasta mediados del año que viene.