Un mínimo para el impuesto de sociedades

Las economías salen poco a poco de la crisis pandémica y dejan a los Estados un legado de deuda que en España totaliza el 125% de la riqueza nacional, 28 puntos más que antes de la crisis. De momento, ese volumen colosal de pasivos apenas pesa sobre la economía gracias a la acción de los bancos centrales: la casi totalidad de los bonos españoles emitidos desde febrero de 2020 se encuentra en el balance del BCE, mientras que la carga financiera se aligera...

Las economías salen poco a poco de la crisis pandémica y dejan a los Estados un legado de deuda que en España totaliza el 125% de la riqueza nacional, 28 puntos más que antes de la crisis. De momento, ese volumen colosal de pasivos apenas pesa sobre la economía gracias a la acción de los bancos centrales: la casi totalidad de los bonos españoles emitidos desde febrero de 2020 se encuentra en el balance del BCE, mientras que la carga financiera se aligera en consonancia con los bajos tipos de interés. Además, esta semana, Fráncfort reiteró su arsenal ultraexpansivo, en especial el programa de compra de títulos de deuda por razones de pandemia, todo el tiempo que la coyuntura lo requiera.

Sin embargo, la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para la eurozona prefigura una inflexión en la estrategia, o al menos en el discurso del BCE a partir de este otoño —eso sin contar con una cronificación del repunte de inflación, hoy por hoy descartado por Lagarde—. Todo apunta también a que la vigilancia de las cuentas públicas se restablecerá: Bruselas lanza una advertencia a varios países, entre ellos España, acerca de la necesidad de emprender una senda de corrección de los desequilibrios a medida que la economía se recupera.

El impuesto de sociedades es una de las opciones que baraja el G7 para ajustar los balances presupuestarios y a la vez limitar la competencia fiscal internacional que se ha desatado para atraer capital. La iniciativa es saludable, porque las prácticas fiscales de algunos países han generado una carrera a la baja en la tributación de las grandes corporaciones, con una pérdida de ingresos globales para las arcas públicas de entre 82.000 y 200.000 millones de euros anuales, según la ­OCDE. La competencia fiscal también genera desigualdades entre sectores y perjudica a las pequeñas empresas, que no están en posición de arbitrar entre jurisdicciones, algo nefasto para la propia economía que requiere de innovación para salir de la crisis y aprovechar el cambio tecnológico. Por otra parte, ante la erosión de la base recaudatoria del impuesto de sociedades, los Estados se ven abocados a recurrir a otras fuentes de financiación o a recortar el gasto. Una perspectiva que se enfrenta a evidentes resistencias.

Todo ello motiva la propuesta de la Administración de Biden de fijar una tributación mínima del 15% para el impuesto de sociedades, una iniciativa que ha suscitado gran interés entre las grandes economías avanzadas. Pero hasta ahí el pacto, porque el concepto de “mínimo” no tiene el mismo significado a ambos lados del Atlántico. A EE UU le preocupa la deslocalización de sedes empresariales hacia paraísos fiscales, mientras que en Europa la prioridad pasa por que los gigantes digitales —en su mayoría norteamericanos—tributen en función del país donde realizan sus negocios. Este quid pro quo se refleja en las negociaciones en curso en la OCDE, que incorpora ambos conceptos de mínimos: el llamado Pilar I, que prevé un esfuerzo de armonización de tipos impositivos, y el II, que atañe a la tributación en el país donde se realizan los beneficios.

Además, una cosa es la tributación que establece la normativa y otra la recaudación efectiva: en España y otros países europeos, los ingresos que entran en las arcas públicas en concepto de impuesto de sociedades se elevan a menos de la mitad de lo que se puede anticipar habida cuenta del tipo de tributación (por ejemplo, los ingresos públicos en concepto de impuesto de sociedades rondan el 10% de los beneficios empresariales, mientras que el tipo impositivo alcanza el 25%). Esa brecha refleja la cuasi nula tributación de algunas empresas digitales y, sobre todo, la merma de capacidad recaudatoria generada por todo tipo de exoneraciones, algunas de dudosa utilidad económica. Una armonización fiscal, pero en todas sus vertientes, para dar sentido al sistema multilateral y devolver el esfuerzo realizado por los Estados en la crisis.

Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas. En Twitter: @RaymondTorres_