Ana Cárcaba: “Hay que tener en cuenta el coste real de prestar los servicios públicos”

Economista y profesora universitaria, Ana Cárcaba (Soto de Ribera, 49 años) saltó hace dos años del mundo académico a la política. Se puso al frente de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias tras recibir una llamada del presidente de la comunidad, Adrián Barbón (PSOE). “Me indicó que estaba interesado en tener a una consejera independiente, con un perfil técnico”, cuenta en una entrevista por videoconferencia desde su oficina. Asegura que no se ha arrepentido ni una sola vez de haber aceptado el ca...

Economista y profesora universitaria, Ana Cárcaba (Soto de Ribera, 49 años) saltó hace dos años del mundo académico a la política. Se puso al frente de la Consejería de Hacienda del Principado de Asturias tras recibir una llamada del presidente de la comunidad, Adrián Barbón (PSOE). “Me indicó que estaba interesado en tener a una consejera independiente, con un perfil técnico”, cuenta en una entrevista por videoconferencia desde su oficina. Asegura que no se ha arrepentido ni una sola vez de haber aceptado el cargo. Defiende una reforma del sistema de financiación autonómico que tenga en cuenta “el coste real de prestar los servicios públicos”, niega que Asturias sea “un infierno fiscal” y cree que “hace falta más pedagogía” sobre el sistema tributario. “Si queremos servicios públicos de calidad es necesario pagar impuestos”, zanja.

Pregunta. ¿Cuáles son las claves del presupuesto de Asturias para 2021?

Respuesta. Está pensado en hacer frente a la pandemia. Diseñamos un fondo de ayudas directas de 100 millones, que ya hemos puesto en marcha, además de otras ayudas. Incrementamos de manera muy considerable el esfuerzo que ya dedicábamos a los servicios públicos fundamentales. También pensamos en la segunda mitad del ejercicio. Afortunadamente estamos viendo que hay que canalizar recursos no solo para afrontar la pandemia, sino para la recuperación.

P. ¿Las ayudas directas del Gobierno llegan tarde?

R. Cualquiera que conozca la tramitación administrativa sabe que se necesita un tiempo. Hay toda una serie de trámites que garantizan que los recursos públicos se usen adecuadamente. Por eso nunca diría que llegan tarde. Para las comunidades va a ser un reto, pero estamos preparados. En Asturias llevamos gestionando ayudas directas desde 2020. Nos quedan unos flecos, pero en muy poco tiempo saldrá la convocatoria.

P. ¿El dinero llegará a las empresas antes de finales de verano?

R. Probablemente.

P. ¿Cree que el sistema de financiación autonómico garantiza la equidad?

R. Creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria una reforma. También en incrementar los recursos destinados al modelo de financiación. Además, es necesario que sea fruto del consenso. Es fundamental que apartemos la confrontación. Desde Asturias partimos de una postura consensuada con todo el arco parlamentario, salvo Vox, porque creemos que no tenemos que defender unos intereses partidistas. Necesitamos una visión a largo plazo, estratégica. Defendemos, y hay otros territorios que así lo plantean, que se tengan en cuenta las necesidades de gasto y no la capacidad tributaria de los territorios. ¿Qué significa? Tener en cuenta el coste real de prestar servicios, considerar factores y variables que afectan a su prestación.

P. ¿Cuáles?

R. Somos la comunidad con la población más envejecida. Eso implica un incremento de costes muy importante en términos sociosanitarios. Tenemos factores como la dispersión de la población, la orografía. Queremos que se tenga en cuenta que hay un coste fijo para los servicios, independientemente de la población. Lógicamente el volumen de población influye, no lo hemos negado nunca. Creo que todas las posturas son correctas y defendibles. Por eso insisto en la búsqueda de ese consenso.

P. ¿Confía en que la reforma llegará pronto?

R. Las declaraciones del ministerio nos hacen pensar en que pronto se abrirá este proceso. Se ha creado, vinculado a la reforma del sistema tributario, un comité de expertos. Lo veo como algo positivo. Puede servir porque una de las premisas es que se dote al sistema de más recursos.

P. En 2022 llegarán las liquidaciones negativas del sistema.

R. Me imagino que la Administración central planteará una propuesta. Está claro que no podemos permitir que la financiación de las comunidades se vea golpeada en un ejercicio económico concreto por una minoración de recursos tan importante. Lo tenemos claro y creo que el Estado también. La recuperación no se va a producir en un solo ejercicio. Que en 2022 podamos vernos afectados ya por esa minoración de recursos es algo que las cuentas autonómicas no van a ser capaces de absorber.

P. ¿Apoya la armonización fiscal?

R. Ya existe en tributos como el IRPF, y no ha generado polémica. Los que llamamos tradicionalmente cedidos, como sucesiones, no la tienen porque fueron los que se cedieron en primer lugar. Se cedió su gestión, pero poco a poco se cedieron otras competencias normativas y algunos territorios aprovecharon para tomar decisiones que han llevado a desvirtuar el sistema tributario. Planteamos que el Estado cree una estructura común mínima. ¿Qué conseguimos con ello? No desvirtuar el sistema tributario, no detraer recursos del sistema global, respetar el principio fundamental, que aparece en la Constitución, de igualdad de los ciudadanos como contribuyentes y receptores de servicios, independientemente del territorio en el que vivan. Conseguimos que el sistema mantenga el carácter solidario, la visión de conjunto.

P. Isabel Díaz-Ayuso dijo que antes de la armonización hay que bajar impuestos a los empresarios asturianos.

R. Las comunidades no tenemos competencia normativa en los tributos que afectan a la actividad económica. No me gusta la confrontación. Creo simplemente que planteamos modelos distintos. Decimos que nuestro modelo fiscal tiene que ser inspirado en la igualdad y la progresividad, tal y como recoge la Constitución. Entendemos que las decisiones que se están tomando en algunos territorios no se ajustan a ello, por ejemplo al principio de progresividad, que dice que aquellos ciudadanos que poseen más recursos deben contribuir en mayor medida al sostenimiento de los servicios públicos. Si aquellos impuestos más progresivos dejan de aplicarse vamos en contra de ese principio, se incrementa la desigualdad entre los ciudadanos que viven en territorios distintos. Hace poco salió un informe de la OCDE que hablaba de la existencia de paraísos fiscales dentro de un mismo territorio. Creo que tenemos que corregir esa situación.

P. Asturias tiene el impuesto de sucesiones más alto de España.

R. Es uno de los mayores instrumentos a nuestro alcance para reducir desigualdades. Insisto en algo que siempre se nos olvida: son las personas quienes pagan los impuestos, no las familias. Este impuesto en Asturias lo paga el 1% de los herederos en línea directa, que son los que reciben herencias elevadas. Precisamente en aras de la progresividad, quien recibe una herencia elevada debe contribuir con sus impuestos al mantenimiento de los servicios públicos. Los impuestos que gravan las herencias existen en la mayoría de los países de la OCDE. No estamos hablando de algo exclusivo que defendamos como si fuésemos la última aldea gala. Y cada vez más voces se alzan a favor de este impuesto, que reduce la desigualdad.

P. ¿Qué contestaría a quien dice que Asturias es un infierno fiscal?

R. En absoluto. Las cifras están ahí: la presión fiscal en tributos propios y propios y cedidos está por debajo de la media nacional en porcentaje del PIB. Vengo del mundo académico y es muy difícil para mí hacer una afirmación que no tenga un respaldo detrás de datos y estudio.

P. ¿Hay mucho ruido sobre la fiscalidad?

R. Hace falta pedagogía. Y que aquellos que tenemos capacidad para trasladar un mensaje a la opinión pública lo hagamos con responsabilidad. Si queremos servicios públicos de calidad es necesario pagar impuestos. No estoy diciendo que hay que pagar más. Si demonizamos los impuestos, normalizamos la economía sumergida, el fraude, estamos haciendo un daño terrible a la sanidad, la educación, la atención a nuestros mayores. Y no podemos perder la perspectiva de que somos un país que requiere de la solidaridad de unos con otros. No podemos aprovechar determinadas circunstancias, como la capitalidad, para hacer una política tributaria insolidaria.

P. Comunidades limítrofes han bajado el impuesto de sucesiones. ¿Les afecta?

R. Creo que es pronto para ver los efectos. Insisto en que más que territorios son modelos tributarios diferentes. Por eso creo tan importante que se fije esa armonización.

P. ¿Qué apuestas tienen para los fondos europeos?

R. Es una oportunidad muy importante. Voy a dar una cifra, que es abierta: tenemos casi 200 proyectos privados, además de los públicos, que suponen una inversión de 6.500 millones. Son fundamentalmente proyectos vinculados a las renovables: hidrógeno, generación eólica marina, almacenamiento energético. También al sector agroalimentario, turismo sostenible, economía circular y digitalización. Pero queremos mirar más allá. Para aquellos proyectos que encajen en nuestra estrategia y no puedan financiarse con el fondo de recuperación, tendremos que buscar financiación en el futuro. La apuesta tiene que ser clara: transformar nuestra región.

P. ¿Los plazos de ejecución que ha dado Bruselas son suficientes?

R. Europa quiere que la recuperación sea lo más rápida posible. Es un reto muy importante, pero tenemos experiencia en la gestión de los fondos de cohesión, con porcentajes de ejecución muy elevados. Creo que estamos preparados.