Liderazgo global y emergencia climática

Este abril ha sido un buen mes para el cambio climático. Por fin parece que las aguas vuelven a su cauce y la emergencia climática es tomada en serio por los principales actores políticos. La primera buena noticia es que Estados Unidos, tras retomar el Acuerdo de París, ha asumido el liderazgo mundial reuniendo a 40 jefes de Estado para consensuar compromisos de mitiga...

Este abril ha sido un buen mes para el cambio climático. Por fin parece que las aguas vuelven a su cauce y la emergencia climática es tomada en serio por los principales actores políticos. La primera buena noticia es que Estados Unidos, tras retomar el Acuerdo de París, ha asumido el liderazgo mundial reuniendo a 40 jefes de Estado para consensuar compromisos de mitigación más estrictos e intentar evitar lo inevitable. Es decir, que la acumulación de gases de efecto invernadero siga creciendo y con ello también la temperatura media del planeta, después del obligado paréntesis de caída de emisiones debida a la covid-19. Como resultado de la cumbre, Estados Unidos fija el objetivo de reducción para 2030 en torno al 50% con respecto a los niveles de 2005.

La segunda buena nueva es que la UE ha iniciado la aprobación de la Ley del Clima para dar forma legal al Nuevo Pacto Verde. Con ello se da luz verde a un recorte de emisiones del 55% (superior al compromiso inicial del 40%) respecto a los niveles de 1990, igualmente para 2030. Por otra parte, China, que con un 26% acumula junto con Estados Unidos el 39% de las emisiones de efecto invernadero globales, ha anunciado que alcanzará la neutralidad de carbono para 2060, pero sin dejar de recalcar que los países ricos han sido los principales causantes de la acumulación de CO₂ en la atmósfera históricamente y, por tanto, deben contribuir en mayor medida que los demás a la reducción de emisiones. Asimismo, deberían desembolsar las ayudas acordadas para contribuir financieramente a la mitigación en los países sin recursos para ello.

La pregunta del millón es si estos compromisos serán suficientes para mantener el aumento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2 °C con respecto a niveles preindustriales, objetivos que los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) apuntan como tope, por encima del cual las consecuencias pueden ser desastrosas. La respuesta a esta pregunta dependerá no solo de si las medidas propuestas se implementan adecuadamente, sino también de si estas se extienden a otros países y regiones hasta cubrir la totalidad del planeta.

Los estudios de economía sobre las consecuencias del cambio climático se han centrado durante décadas en proponer las políticas económicas adecuadas para determinar cuál debería ser el incremento de temperatura óptimo a permitir. Por ejemplo, las investigaciones de William Nordhaus se basan en evaluar los costes y beneficios de las medidas potenciales de mitigación y los posibles impactos y pérdidas debidas al cambio climático, el cual se introduce como una externalidad global negativa, un producto derivado de la actividad productiva al que el mercado no le pone un precio y, por tanto, el Estado debe internalizar. Para ello se proponen medidas correctoras de política ambiental basadas en influir en los precios —como los impuestos de carbono— o en las cantidades —mercados de emisiones con un tope global permitido—.

Sin embargo, dados todos los riesgos e incertidumbres que dificultan calcular los costes futuros de no actuar hoy, se requiere implementar soluciones integrales que vayan más allá de dichas medidas. Es imprescindible, como aboga la economista Mariana Mazzucato en su libro Misión economía, tener un plan donde los gobiernos den señales claras a los mercados para integrar acciones públicas y privadas. Todas ellas deben dirigirse a activar un nuevo modo de producir, consumir y reciclar, respetando el medio natural y sin dejar atrás a las familias y las regiones que se vean más perjudicadas por el abandono del carbón y por las consecuencias del cambio climático. Para ello, las políticas fiscales tienen que incentivar inversiones dirigidas a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, y las ayudas del plan de recuperación de la UE deberán utilizarse para descarbonizar la economía y mejorar las condiciones de trabajo al mismo tiempo.

La última buena noticia es que —a diferencia de las recibidas tras la crisis financiera de 2008— dichas ayudas no están condicionadas a medidas de austeridad, sino a que el gasto se haga en proyectos sostenibles, que favorezcan la mitigación y la digitalización y que sean inclusivos, es decir, respeten los derechos de los trabajadores y la justicia social. Puede que los compromisos adquiridos no sean suficientes para evitar sobrepasar los 2 °C, pero son necesarios para consolidar un plan de acción global.

Inmaculada Martínez-Zarzoso es profesora de las universidades de Göttingen y Jaume I.