Cientos de hosteleros amenazan con acudir a los tribunales para reclamar al Gobierno las pérdidas por el estado de alarma

El sector hostelero se prepara para presentar durante el próximo mes centenares de reclamaciones a la Administración por las pérdidas económicas derivadas del estado de alarma. Tanto la principal patronal del sector, Hostelería España, como la plataforma La Hostelería de Todos, se apresuran para agrupar el mayor número de demandantes antes de que venza el primer año desde la implantación de las restricciones el 14 de marzo. Cada una de las organi...

El sector hostelero se prepara para presentar durante el próximo mes centenares de reclamaciones a la Administración por las pérdidas económicas derivadas del estado de alarma. Tanto la principal patronal del sector, Hostelería España, como la plataforma La Hostelería de Todos, se apresuran para agrupar el mayor número de demandantes antes de que venza el primer año desde la implantación de las restricciones el 14 de marzo. Cada una de las organizaciones asegura tener ya alrededor de un millar de hosteleros interesados en pedir una compensación, aunque Cristina Llop, del despacho Ecija, asegura que esta reclamación la pueden realizar otros sectores “como gimnasios, hoteles o espectáculos”.

La reclamación de las pérdidas se basará en la ley orgánica de 1981 que regula el estado de alarma, que recoge que tendrán derecho a ser indemnizados aquellos que “sufran en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios” como consecuencia de la aplicación del estado de alarma.

En un primer momento, estas pérdidas se exigirán mediante una reclamación administrativa, pero en caso de ser denegada o ignorada en un plazo de seis meses denunciarán ante el Tribunal Supremo, la opción más probable según Llop: “Mucho me sorprendería que estimasen la reclamación”.

Los abogados de ambas asociaciones afirman que exigirán una compensación equivalente a la diferencia de ingresos entre los días bajo estado de alarma y ese mismo periodo en los tres años anteriores, es decir, por el dinero que dejaron de ingresar entre el 14 de marzo y el 21 de junio y entre el 25 de octubre y la actualidad. Por el momento no han calculado la cuantía que reclamarán, pero sí aseguran que se han sumado tanto pequeños empresarios como “grandes grupos hosteleros”.

Las dos agrupaciones coinciden en que la indemnización durante el primer estado de alarma deberá correr a cuenta del Ejecutivo, pero discrepan en el segundo, en el que las restricciones de la hostelería dependen de cada región. “Las comunidades han actuado por delegación del Gobierno”, mantiene Alberto Ruiz, abogado de La Hostelería de Todos, quien mantiene en la Administración central la responsabilidad de devolver las pérdidas. Cristina Llop, del despacho que representa a Hostelería España, opina lo contrario: “No descartamos reclamar a las comunidades porque las medidas restrictivas no están debidamente justificadas”.

El secretario de la delegación de Hostelería de Granada, Antonio García, recalca que si no surte efecto la vía administrativa, pasarán a la judicial. “En caso de que no prospere la reclamación, iremos sin ninguna duda al Tribunal Supremo, porque lo que hemos sufrido la hostelería este año es una expropiación encubierta”. Antes de la pandemia, el sector suponía en la provincia de Granada el 14% del PIB, aportaba más de 2.000 millones de euros y generaba más de 15.000 empleos, según datos de esta federación.

García cuenta que hasta este momento alrededor de 180 establecimientos se han adherido a la reclamación que, detalla, “se basa tanto en el cierre total de la primera etapa del estado de alarma como a las limitaciones posteriores de horario de apertura y capacidad de nuestros establecimientos”.

En el mes de noviembre, la actividad no esencial de Granada estuvo cerrada durante tres semanas por la alta incidencia de covid, después de haber rebasado los 1.300 casos por 100.000 habitantes. Esta situación llevó al pleno del Ayuntamiento a solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica por los daños económicos derivados de la decisión de la Administración autónoma de ordenar la suspensión de la actividad comercial y hostelera.