El peligroso salto del ERTE al ERE

Se está cociendo. En el ambiente se palpa un invierno negro para el empleo. Y en los despachos de abogados, que estos días están recibiendo un sinfín de consultas de sus clientes a raíz de la prórroga de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero. Aunque ha sido muy bien acogida, plantea más incógnitas que certezas al cambiar el paso de los criterios seguidos hasta ahora. Las empresas tienen dudas sobre si puede...

Se está cociendo. En el ambiente se palpa un invierno negro para el empleo. Y en los despachos de abogados, que estos días están recibiendo un sinfín de consultas de sus clientes a raíz de la prórroga de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) hasta el 31 de enero. Aunque ha sido muy bien acogida, plantea más incógnitas que certezas al cambiar el paso de los criterios seguidos hasta ahora. Las empresas tienen dudas sobre si pueden acogerse o no a esta extensión, más limitada y compleja que las anteriores y, sobre todo, si podrán despedir trabajadores para reestructurarse ante su comatosa actividad y la garantía de empleo que siguen manteniendo estos mecanismos.

Los expedientes de regulación de empleo (ERE) y los despidos individuales están sobre la mesa, en una tendencia creciente y que solo puede ir a más cuando arrecian los rebrotes del coronavirus y sus consecuencias económicas. “Por mucho que el Gobierno intente mantener el empleo, es imposible de conseguir. Es como ponerle puertas al campo”, aprecia un letrado que prefiere anonimato.

Casos como el de Sergio Ramírez, nombre figurado de un empleado de una firma de interiorismo valenciana dedicada a la arquitectura efímera para eventos y ferias que pide anonimato, así lo demuestran. Él y otros tres trabajadores llevan seis meses dentro de un ERTE y ahora la empresa, por falta de actividad y después de quedarse fuera del catálogo de negocios incluidos en la nueva prórroga, “nos ha planteado el despido de toda la plantilla”. Ellos tienen mucha incertidumbre, desconocen el tipo de extinción que les ofrece, la cuantía de la prestación por desempleo a que tienen derecho e incluso la propia articulación de los despidos después de permanecer en un ERTE que teóricamente impide despedir.

De eso mismo es de lo que se queja Javier, jefe de cocina de un catering que estuvo en ERTE hasta el pasado julio, cuando su propietaria decidió meterle junto a cuatro compañeros en un ERE por reducción de actividad. Hace unos días, al menos él, lo resolvió con un acuerdo en los juzgados. “No solo es ilegal despedir, sino tremendamente sucio”, se lamenta. Pero la realidad de la regulación es que prohíbe extinciones provocadas por la covid a través de despidos procedentes, los más baratos.

Transcurrido un semestre desde que se pusieran en marcha estos mecanismos que han demostrado su eficacia al conseguir contener el paro en España [en septiembre bajó en 26.000 personas para situarse en 3,77 millones de afectados en un mes históricamente bueno], casi nadie duda de que las 728.000 personas afectadas por ERTE [de los 3,4 millones que llegaron a estarlo en abril] van a aumentar con las nuevas soluciones que da el decreto pactado por el Gobierno y los agentes sociales.

Pero sus extensiones (que seguramente no serán las últimas) han permitido que las previsiones de desempleo que manejaban los analistas para este año sean revisadas a la baja. Una buena noticia que pasará factura a 2021. El consenso de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) se aproxima a una tasa del 18% de la población activa, cuando en mayo era del 20%. Lo que quiere decir que se destruirán en torno a 1,5 millones de empleos a lo largo de 2020, según las estimaciones de Raymond Torres, director de coyuntura de la institución. El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, señalaba la semana pasada que, de los 945.000 puestos de trabajo destruidos por la pandemia, en septiembre se habían recuperado la mitad (462.000).

Falta reciclaje

Según Torres, la evolución del empleo en esta complicada recta final del año depende de tres factores: de cómo se controlarán unos rebrotes del virus que se han disparado (y si es posible lograrlo sin confinar a la población de manera generalizada, algo que consiguió Italia); qué medidas se arbitrarán para ese 16,6% de empresas españolas de todos los tamaños con unos pasivos que duplican su patrimonio neto, cuya situación no puede resolverse con préstamos ICO, sino con créditos participativos, conversión de créditos concedidos en un apoyo a la capitalización…, y en tercer lugar, de complementar los ERTE con mecanismos que faciliten la formación, reciclaje y recolocación de los trabajadores, muchos de los cuales están en empresas zombi y con alto riesgo de caer en el paro de larga duración.

“El invierno pinta mal. Tal y como está la pandemia, llegan tiempos complejos. Los ERTE han aguantado bastante el golpe, pero vamos a ver malas cifras de PIB y de paro. Y la vuelta al trabajo será muy difícil para muchas personas”, coincide Juan Francisco Jimeno, profesor de Economía de la Universidad de Alcalá. Jimeno también encuentra tres problemas en los renovados expedientes temporales: la falta de inversión en formación de los trabajadores; la implementación de su tramitación, que ha de hacerse de nuevo con unos Servicios Públicos de Empleo que ya mostraron su saturación el pasado junio, y cómo abordar los expedientes de extinción cuando pesa una prohibición de despedir sobre los ERTE. “Muchas empresas necesitan reajustes de plantilla para poder sobrevivir y, con esta medida, los están retrasando. Es más probable que acaben en ERE que en reincorporación”, asegura.

Jimeno cree que en el último trimestre veremos a más de un millón de personas en ERTE (Torres piensa que serán unos 100.000 más que los actuales) y le preocupa "que ni por la vía de la formación [que por primera vez se introduce en el decreto, pero da un plazo de tres meses para organizar los cursos] para el trasvase a otros sectores ni por la del despido, se esté facilitando que muchas empresas eviten una reestructuración que tienen que hacer ya”. “Los ERTE son un arma de doble filo porque están conteniendo el paro y, al tiempo, aplazando la aplicación de decisiones que se tendrían que estar tomando ahora. Las ayudas del Gobierno son voluntariosas, pero a largo plazo no van a dar los beneficios que deberían”, coincide Julio Manero, director de la oficina de Madrid de la consultora Álvarez Marsal.

Lo importante, en opinión de Miguel Ángel Malo, profesor de Economía de la Universidad de Salamanca, es hacerse a la idea de que esto no es un problema temporal o transitorio como se creía cuando se implementaron los ERTE por fuerza mayor. Es una crisis que se va a prolongar al menos un año y medio o dos y las empresas deben reorganizarse para acomodarse a sus nuevos e inferiores niveles de demanda, y ello implica ajustar la cantidad de trabajadores. “Los ERTE han estado bien, pero hay que dar un paso más. El Estado no tiene que hacer un impulso fiscal indeterminado, sino utilizar el dinero que viene de Europa para reestructurar sectores y transformar la economía de cara al futuro”, argumenta.

Precisamente esta semana, el presidente del Gobierno ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que pretende ganarse los favores de Bruselas e invertir 72.000 millones de euros del paquete de 140.000 que se espera llegue de Europa. Pedro Sánchez prevé que a través de él se creen 800.000 empleos en el plazo de tres años, “un objetivo que no es extraordinariamente importante si descontamos lo que hemos perdido hasta ahora” [cerca de 500.000 afiliados entre marzo y septiembre], según ha declarado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

No hay que olvidar, además, que mientras se ponía el foco en el sostenimiento del empleo mediante los ERTE (que protegen fundamentalmente a los trabajadores con contratos indefinidos), se dejaba a un lado a las personas que se han quedado en paro y con pocas alternativas de poder volver a trabajar después de la desaparición de 100.000 empresas en lo que va de año y de un déficit importante en la contratación. “Estos parados se han quedado fuera de las ayudas, y solo les sirven los subsidios”, analiza Malo. “Hay que pensar en los que están en una situación más débil, que es en quienes se están concentrando los problemas. Y eso no se consigue con un mero paquete de impulso, sino reestructurando sectores y empresas”, afirma.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, recoge el guante, consciente de la problemática de los trabajadores más vulnerables. “Esta semana o la que viene abordaremos su situación en la mesa del diálogo social. Proponemos un subsidio para los desempleados que no pueden acceder a las prestaciones por falta de cotizaciones e intentaremos que sea retroactivo”, avanza.

Antoñanzas sabe que las compañías están reduciendo su personal. “Somos conscientes de que se están haciendo ERE. También de que nos amenazan con más en la mesa [de diálogo social], y de que muchas empresas están aprovechando la pandemia para ajustar plantillas. Por ejemplo, en el caso del ERE de Acciona Facility Services, cuando Nissan le ha pedido renovar su contrato. Además, intentan reducir los salarios. Está sucediendo, pero para eso tenemos los ERTE, que con sus distintas modalidades tras la prórroga protegen a todos los sectores. Y los créditos ICO. Las empresas tienen herramientas suficientes para proteger las plantillas, además de un compromiso de empleo, que no estamos dispuestos a modular”, afirma tajante.

Fraude

UGT tiene claro que “muchas empresas van a caer” en esta crisis, “pero la salvaguarda de empleo de los ERTE tiene que seguir. Si no estaríamos defraudando al Estado. Si los empresarios quieren despedir, que devuelvan las ayudas”. La vicesecretaria del sindicato critica que las empresas “han hecho un fraude brutal con los ERTE”, que es lo que ha provocado que, en lugar de prorrogarse automáticamente, se tengan que tramitar de nuevo ante las autoridades para extremar el control, dice. Una crítica que el presidente de la patronal de las pequeñas y medianas empresas, Cepyme, se niega a admitir. “Los empresarios no somos ladrones. No se puede generalizar. Que haya habido empresas que hayan utilizado los ERTE fraudulentamente no significa que todos los empresarios lo hagan. Y quienes lo hayan hecho, pues que les caiga todo el peso de la ley”, subraya Gerardo Cuerva.

Aunque gran parte de las compañías que están abordando ERE, explica David Díaz, director del departamento laboral de Baker Mckenzie, son de las que no presentaron ERTE y pueden pagar indemnizaciones por despido improcedente. “Las que no pueden aguantar por falta de actividad y sí activaron expedientes temporales, estudian las extinciones y después se plantearán cómo devolver las ayudas recibidas”, agrega.

Las compañías valoran posibilidades, hacen números con vistas al medio plazo y calculan el coste de reembolsar las exoneraciones. Incluso algunas de las que abordan extinciones no acudieron a las bonificaciones de los ERTE, presentados por causas técnicas y organizativas, porque tenían claro que iban a acabar en despidos colectivos. “En noviembre vencerá la garantía de empleo de las empresas que acudieron a la fuerza mayor en marzo. Nos vamos a enfrentar a un final de año y un principio de 2021 muy complicados”, avanza Jorge Aranaz, socio de Cuatrecasas, que ve cómo arrecia el goteo de despidos individuales. Suman más de 23.000 en lo que va de año.

Pero el problema llega con la extensión de la salvaguarda de empleo actual, que en algunas compañías llevará a que la imposibilidad de despedir por causas objetivas (indemnizadas con 20 días por año trabajado, en lugar de 33) se alargue a 12 meses. Esto ocurre al sumarse el compromiso del primer ERTE por fuerza mayor al nuevo que tendrán que volver a tramitar hasta el próximo 20 de octubre para solicitar las prestaciones por desempleo, bien sea por rebrote o por ser empresas vinculadas a la caída de negocios sujetos al catálogo de 42 actividades (CNAE) o a su cadena de valor, las únicas que pueden prorrogar automáticamente sus ERTE de fuerza mayor.

Garantía de empleo

“El segundo compromiso de empleo va a hundir a las empresas. Tendrán que acudir al despido por goteo o presentar ERE por causas ajenas a la covid, muy complicadas en la actualidad”, señala Rubén Doctor, socio de Cuatrecasas, que considera que hay quien se está lanzando a los despidos colectivos como única fórmula de supervivencia, antes del concurso, otro procedimiento que avanza rápidamente.

Tanto en la patronal de la hostelería como en la del comercio, dos de los sectores más afectados por la pandemia y que se han quedado fuera de la prórroga automática de los ERTE (de la lista de los CNAE encabezada por turismo y transporte), y tendrán que volver a tramitar sus expedientes por otras vías, reconocen que sus compañías asociadas están preparando despidos colectivos. “Ya se empiezan a hacer ERE. Hay empresas que prefieren devolver las exoneraciones porque no pueden mantener su plantilla con el bajo nivel de actividad, más cuando está habiendo rebrotes del virus”, sostiene Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio, que asegura que 70.000 de comercios no han reabierto o han cerrado definitivamente desde que arreció la pandemia.

Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, crítico con las complejas formas de entrada a los nuevos ERTE, —“son un auténtico puzle”—, reconoce que están obligando a las empresas a pararse a pensar y a hacer números, en vista de que la crisis va a ser larga; a planear escenarios para dentro de 10 o 20 meses para saber si van a ser capaces de aguantar. “Muchos se plantean el cierre o el concurso. Con una actividad al 50% hasta el verano que no parece que vaya a mejorar, están funcionando a pérdidas y comiéndose los créditos ICO. Los ERE han llegado ya, como las declaraciones de preconcurso”, asegura.

“La situación actual necesitaría una estrategia a largo plazo y más gradual para que las empresas pudiesen transitar de los ERTE por fuerza mayor a ERTE productivos para empresas en viabilidad y aceptar que a medio plazo tiene que haber una reestructuración de plantilla, en vez de seguir prohibiendo el despido, encareciendo los ajustes y alargando la cláusula de garantía a 12 meses”, expone Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. A su juicio, hacer un ERTE ahora en las compañías sujetas a regulaciones temporales es muy poco recomendable, ya que resulta muy complicado justificarlo por causas ajenas a la covid y es muy arriesgado. Por eso se está optando por el goteo de despidos individuales, pagando la improcedencia. Al final, los ERE saldrán caros y pondrán más obstáculos a la viabilidad de las empresas, advierte.

“Los ERTE son una herramienta que ha funcionado muy bien, pero a las alturas de la crisis en la que nos encontramos ya pueden estar financiando con dinero público parte de empleo artificial que luego va a desaparecer. Por posponer ERE no se van a evitar”, añade.

Al mismo tiempo, Lahera muestra un hilo de esperanza en este invierno difícil para el empleo: “Hemos de confiar en sectores que están creciendo, como el agroalimentario, la construcción o la tecnología, que podrían compensar en parte la destrucción de puestos de trabajo prevista”.

En cualquier caso, los niveles de empleo previos a la crisis no se recuperarán hasta 2023, en opinión de Javier Serrano, analista de Afi, y en 2021 el paro seguirá afectando a más de tres millones de personas por el mayor número de extinciones. El propio Gobierno estima que este año y el que viene la tasa de desempleo se mantendrá en torno al 17%.

Por el camino, dada la inseguridad jurídica que están generando la treintena de reales decretos que han acompañado hasta ahora la pandemia, según Rubén Doctor, se plantearán ingentes cantidades de demandas ante los tribunales. “Vamos a ver sentencias muy jugosas e importantes relacionadas con el compromiso de empleo”, mantiene Julio Manero. Además de muchos expedientes de regulación que se echarán para atrás.

David Rojo, auxiliar de servicios de seguridad: “Me siento impotente y manipulado. Sigo arrastrando un mes sin cobrar”

Dos o tres días después del estado de alarma su compañía le incluyó en un ERTE del que todavía no ha sido desafectado, no sin antes decirle que se tomase sus vacaciones en pleno confinamiento. David Rojo está cobrando 676 euros al mes y paga un alquiler de 567 en la casa donde vive con su madre enferma en Madrid. Y ha tenido serios problemas por no recibir a tiempo el dinero de su prestación. Asegura que le deben un mes de prestaciones y que se ha visto obligado a pedir un crédito para poder salir adelante. “Los bancos no me han ayudado. Me han cobrado intereses de 35 euros conociendo mi situación”, lamenta. “Y el Sepe no responde las llamadas y su página web lleva en mantenimiento cinco días. Me siento impotente y manipulado. En España no se cuenta con el trabajador. No hay empatía alguna con él”, dice. Este auxiliar de servicios de seguridad y limpieza de 43 años ve el futuro complicado. “He pensado alternativas, trabajar en otra cosa, pero el Sepe está desbordado y tengo miedo de que si lo hago no pueda regresar al ERTE. Estamos atados de pies y manos”. David esperará a ver si le pagan este mes para poder decidir.

Adriana Barbeito, especialista de RSC: “Los jóvenes tenemos que procrastinar”

Adriana Barbeito es una gallega nacida en 1985 que ya ha vivido dos grandes crisis. En la anterior tuvo que emigrar a Dinamarca, donde residió dos años trabajando en puestos por debajo de su capacitación de titulada en Administración de Empresas, Arquitectura de Interiores y máster de RSC. “Y ahora, cuando por fin había encontrado un buen trabajo, viene la crisis otra vez. Los jóvenes tenemos que procrastinar porque las circunstancias nos hacen vivir más tarde que nuestros padres. Sin saber qué va a pasar mañana”, afirma. La compañía para la que trabaja en el departamento de Impacto Positivo, la incluyó en el ERTE de suspensión tres meses, para luego reducirle otros tres la jornada al 50% e incorporarla en octubre al 100%. Adriana dice que prefiere no pensar cómo va a ser el futuro “y vivir al día”. “Estoy acostumbrada al cambio. He aprendido que tienes que moverte para sobrevivir”. Por eso ha aprovechado el ERTE para formarse. Su deseo es seguir en la empresa, después de mudarse de A Coruña a Ourense y alquilar una vivienda. “Estoy donde quiero estar. Trabajar en una compañía de moda con una apuesta sostenible importante es lo mejor que me podía pasar”.

Lino González, jefe de cocina: “He recortado gastos para aguantar hasta marzo”

Este jefe de cocina y de compras de 60 años lleva parado desde el mes de marzo y el hotel en que trabaja en Torremolinos no prevé reabrir hasta marzo de 2021. Se ha pasado el verano, la temporada alta, en blanco y su situación es muy complicada. Está cobrando menos de 1.000 euros que no le llegan para pagar los gastos de la hipoteca, el coche, los recibos..., asegura. Lino González ha buscado trabajo en 14 restaurantes sin éxito. “En las empresas de catering tampoco hay trabajo. Incluso me he ofrecido para recolectar fruta, pero no hay nada”. La única opción que le ha quedado para aguantar mientras la situación de la covid y la economía mejoran ha sido “eliminar la hipoteca negociando con el banco pagar solo los intereses, vender el coche, cancelar seguros y gastos médicos para así poder sobrevivir hasta marzo”.

David García Aceituno, operador de logística: “Hago trabajillos para poder sobrevivir”

La agencia de comunicación y marketing especializada en eventos echó el cierre en marzo incluyendo a sus 18 empleados en un ERTE. Separado y con dos hijos, David García sostiene que “el parón te cambia la vida y sientes mucha frustración”. Que lo está pasando mal. “Con el 70% del sueldo es muy difícil vivir”. Cree que se reincorporará y duda de que el Gobierno vaya a tener dinero para seguir prolongando los ERTE después de enero de 2021. “Espero que mi empresa retome su actividad, creo que puede aguantar hasta el verano que viene, si no tendré que buscarme la vida en otros sectores. Vengo de la construcción. Igual retomo esa actividad si veo que no puede pagarme”. Ganaba 1.500 euros al mes hasta el ERTE, salario que ahora completa, tras haberse apretado el cinturón, con “trabajillos para poder sobrevivir”.

Verónica Soriano, jefa de calidad: “No sabía ni qué era un ERTE”

Trabaja como jefa de calidad en un hotel de Palma de Mallorca. A sus 34 años, Verónica Soriano reconoce que no sabía lo que era un ERTE hasta que su empresa se lo explicó en marzo, cuando la incluyó en uno. Tras más de tres meses sin trabajar y cobrando el 70% de su salario, el 22 de julio su hotel reabrió y volvió a la actividad y ahora cree que “con suerte, seguiremos abiertos”, si bien su empresa ha declarado que pretende cerrar casi todos sus establecimientos de Baleares hasta la próxima temporada. La ocupación apenas llega al 26%. Los meses de parón se le han hecho muy largos, “soy una persona muy nerviosa”, reconoce, aunque los ha aprovechado para formarse en atención al cliente y para hacer deporte. “No sé qué va a pasar. Todos tenemos mucha incertidumbre y ahora parte de la plantilla está volviendo al ERTE”.

Francisco Guerrero, almacenista: “Me estoy sacando el título de tatuador”

Fran Guerrero trabaja como almacenista en el aeropuerto de Málaga. Su empresa le metió en un ERTE en marzo, lo sacó en agosto y septiembre a jornada parcial, y lo volverá a incorporar después, una vez consuma sus vacaciones. El cambio de tipo de suspensión le ha traído complicaciones. “No cobro desde agosto”, dice, “pero tengo la esperanza de que se solucione en estos días y me regularicen”. Casado y con un hija, percibe 600 euros y, aunque confía en que su empresa de servicios de hostelería salga adelante —de hecho, está contento en ella— aprovecha el parón para sacarse el título de tatuador profesional y para hacer un blog en el que exponer sus dibujos, pues es delineante. “Hago de todo para sacar dinero. Querría empezar en un estudio de tatuaje y vivir de lo que me gusta”.

Javier Trenado, administrativo: “Estamos en la calle tras un ERE injustificado”

Desde la semana pasada, Javier Trenado y las 499 personas que formaban la plantilla de Acciona Facility Services que trabajaba para la fábrica de Nissan en Barcelona están en la calle tras un ERE sin acuerdo y que va a ser denunciado por el comité de empresa y por los sindicatos, anuncia. Tras permanecer en ERTE por fuerza mayor entre marzo y agosto, “la empresa presentó un expediente de regulación de empleo injustificable, ya que Nissan ha anunciado que permanecerá en Barcelona hasta el 31 de diciembre de 2021; y ha roto unilateralmente el contrato que tenía con ella”, asegura Trenado. El ERE se ha saldado con la mínima indemnización y un simple correo electrónico anunciándolo, se queja Javier, que ve el futuro muy incierto en un momento complicado para la industria, que se añade a la covid. “Estamos viendo cómo cada vez se presentan más ERE”.