Hacienda lanza una macrooperación contra el fraude fiscal en centros estéticos
La investigación afecta a 90 sociedades y 70 médicos especialistas y seguirá en los próximos meses
Pagos exclusivamente en efectivo, sociedades que declaran pérdidas pese a que el negocio vaya viento en popa... La Agencia Tributaria ha puesto la lupa en los centros estéticos, y este jueves ha anunciado el inicio de una macrooperación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en 15 comunidades autónomas. La actuación, denominada Nassus, implica el inicio de inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas, principalmente médicos especialistas, pero también per...
Pagos exclusivamente en efectivo, sociedades que declaran pérdidas pese a que el negocio vaya viento en popa... La Agencia Tributaria ha puesto la lupa en los centros estéticos, y este jueves ha anunciado el inicio de una macrooperación contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología en 15 comunidades autónomas. La actuación, denominada Nassus, implica el inicio de inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas, principalmente médicos especialistas, pero también personas de su entorno personal y familiar, informa Hacienda en una nota difundida este jueves.
El dispositivo, que seguirá en los próximos meses, ha iniciado este jueves mediante la personación de inspectores tributarios en 92 clínicas, a raíz de un análisis pormenorizado de los resultados de una serie de comprobaciones realizadas en los últimos años a sociedades y profesionales del sector de la cirugía estética y la dermatología. La operación Nassus afecta a los locales de distintas comunidades: Andalucía (12), Aragón (4), Asturias (2), Baleares (3), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (11), Murcia (3), La Rioja (1) y Comunidad Valenciana (15).
El sector estético goza de buena salud. La Agencia Tributaria destaca que España es el cuarto país de Europa con más intervenciones de estética, y el número 12 del mundo, con cerca de 400.000 operaciones al año. Estos datos contrastan sin embargo con el análisis realizada por los inspectores fiscales, que se encontraron con un "importante volumen de ocultación de la actividad económica real en las sociedades y especialistas inspeccionados". En particular, Hacienda señala que muchos de los centros inspeccionados usaban efectivo como principal medio de pago y que en algunos casos ni siquiera estaba admitido el pago con tarjeta.
Centros inspeccionados
La Agencia Tributaria seleccionó las sociedades y personas físicas objeto de inspección en función de una serie de ratios económicas. Entre ellas, el hecho de que algunas empresas declarasen pérdidas en los últimos años pese a que sus socios y administradores mostrasen "claros signos externos de poder adquisitivo, no acordes con esa situación económica de la sociedad", o que el uso de efectivo como medio de cobro fuera tan extendido, algo que dificulta la trazabilidad de las operaciones. Hacienda destaca que muestra de ello es que un 40% aproximadamente de las personas físicas investigadas cuentan con cajas fuertes de su propiedad.
El objetivo de la operación es regularizar las cuotas tributarias que correspondan (IVA, IRPF e impuesto sobre sociedades), analizando también la eventual interposición de terceras sociedades en el proceso de facturación y las consecuencias fiscales derivadas de ostentar la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias. De esta manera, además, Hacienda pretende conocer mejor el funcionamiento del sector y sus ratios económicos reales, además de disuadir a otros locales de incurrir en las mismas prácticas ilegales.
Con estos objetivos la Agencia ha desarrollado en los últimos años un total de 17 macrooperaciones sectoriales coordinadas a nivel nacional (sin contabilizar la operación Nassus), con más de 1.600 expedientes iniciados, de los cuales se han finalizado ya más de 1.100, con un importe total liquidado de 258 millones de euros. La Agencia prevé hacer un seguimiento del comportamiento de estos contribuyentes en los años posteriores a las inspecciones.