El tribunal de Bankia se inclina por mantener en el juicio a la acusación popular

El tribunal del juicio oral de Bankia (la presidenta Ángela Murillo y los magistrados Francisco Martel y Teresa Palacios), que prepara desde primeros de año la resolución sobre las cuestiones procesales previas, notificará su auto este martes 8 de enero: se inclina por acoger la posición de la Fiscalía Anticorrupción de mantener la presencia en el juicio de la acusación popular y de las acusaciones particulares, perjudicados directos en su inversión durante la salida a Bolsa del 20 de julio de 2011.

El juicio oral comenzó el pasado 26 de noviembre y acordó tres días más tarde reiniciar ...

El tribunal del juicio oral de Bankia (la presidenta Ángela Murillo y los magistrados Francisco Martel y Teresa Palacios), que prepara desde primeros de año la resolución sobre las cuestiones procesales previas, notificará su auto este martes 8 de enero: se inclina por acoger la posición de la Fiscalía Anticorrupción de mantener la presencia en el juicio de la acusación popular y de las acusaciones particulares, perjudicados directos en su inversión durante la salida a Bolsa del 20 de julio de 2011.

El juicio oral comenzó el pasado 26 de noviembre y acordó tres días más tarde reiniciar las sesiones la mañana de este martes 8 de enero, con la notificación de la decisión del tribunal sobre la solicitud de las defensas de los acusados y de la actual dirección de Bankia, quienes han solicitado expulsar del juicio a la acusación popular en aplicación de la doctrina Botín, por un lado, y a las acusaciones particulares, por el otro, por representar a perjudicados que ya se habrían resarcido económicamente.

Con todo, la Fiscalía Anticorrupción anunció al comenzar el juicio oral un viraje importante respecto a la posiciones que había mantenido durante la instrucción de la causa, entre 2012 y 2017, lo que ha restado, si cabía, cualquier posibilidad de expulsar a la acusación popular.

Acusación popular

Hasta entonces, la acusación popular de la Confederación Independiente de Crédito (CIC, sindicato de empleados de las antiguas cajas de ahorro) imputaba en solitario a los 31 administradores, al socio auditor Deloitte, Francisco Celma; a la firma Deloitte; a Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y a Bankia, el delito estafa de inversores (artículo 282 bis del Código Penal) y el de falsedad de cuentas anuales u otros documentos (artículo 290)

En cambio, la Fiscalía acusaba solo a cuatro administradores (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) y por un solo delito: estafa de inversores. Según sostenía hasta el inicio del juicio, no se daban los elementos del tipo delictivo del delito de falsedad de las cuentas anuales.

En esta situación la solicitud de aplicar la doctrina Botín era, como dice una fuente judicial consultada "blanco y en botella". Porque la acusación popular no podría en solitario, según la sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2007 sobre el Banco Santander, sentar en el banquillo a un acusado por un delito en el que la Fiscalía no acusa o pide el sobreseimiento.

Tal presupuesto se daba en el caso de Bankia para todos los administradores y entidades que exceden a los cuatro que sí son acusados por la Fiscalía.

Pero este panorama ha cambiado el 26 de noviembre pasado. La fiscal Carmen Launa anunció que la Fiscalía estudia acusar también —como la acusación popular— por el delito de falsedad contable en relación con la reformulación de las cuentas del grupo Bankia de 2011 practicada en mayo de 2012.

Doctrina Botín

Por tanto, de confirmarse la ampliación de delitos por parte de la fiscalía ya no es el acusador popular en solitario —que representa el abogado que interpuso la querella criminal en 2012, Andrés Herzog— el único que acusa por falsedad contable. Ya no se da, pues, el requisito de la doctrina Botín.

Pero, además, se da la circunstancia de que la fiscal Launa propuso al tribunal, el 28 de noviembre, rechazar la aplicación de la doctrina Botín al insinuar, sin mencionarlo, el precepto de la doctrina Atutxa, adoptada por el Supremo un mes después de la sentencia sobre el caso del Banco Santander. En efecto, en enero de 2008, la misma Sala Segunda del Supremo consagraba la legitimidad de acción popular "tratándose de la protección de intereses colectivos y difusos", allí "donde la acción popular puede desplegar su función más genuina".

La fiscal rechazó la expulsión solicitada con el argumento de que la falsedad de las cuentas, el quebranto y el salvamento de Bankia provocó un "daño colectivo" que fue necesario enjugar con 23.465 millones de euros de dinero público, el mayor rescate, señaló, de la historia financiera española.

Otro de los asuntos pendientes es el de las acusaciones particulares, representativas de perjudicados que en su gran mayoría ya han recuperado su inversión, tras la sentencia de primeros de febrero de 2016 de la Sala Primera (Sala de lo Civil) del Tribunal Supremo, que dio la razón a los accionistas minoritarios que invirtieron en la salida a Bolsa (1.800 millones de euros). La sentencia citada confirmó la existencia de "graves inexactitudes" en el folleto de la emisión de Bankia aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No pocos de estos perjudicados, que acusaban en el juicio, ya se han dado de baja. La fiscal, empero, también se ha opuesto a expulsar a las acusaciones particulares, quienes deberán acreditar durante el juicio su perjuicio.

Rato actuó con "racionalidad económica"

La dirección actual de Bankia (cuyo accionista de control es el FROB a través de BFA, es decir, el Estado) aportó el pasado 26 de noviembre al juicio un nuevo informe pericial de parte elaborado por el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Navarra, Germán López Espinosa, en el cual, en línea con otros informes de parte ya existentes en la causa, sostiene que el equipo de Rato actuó con "racionalidad económica" y señala la ausencia de "irregularidades contables". El nuevo informe cuestiona los seis informes presentados por los peritos judiciales del juzgado número 4 de la Audiencia Nacional, los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez y Antonio Busquets.

Con todo, al tiempo que defiende la actuación del equipo de Rato, el informe sostiene que la reformulación de las cuentas del ejercicio 2011 ordenada por su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri en mayo de 2012, "era una obligación tanto para el auditor como para los administradores". Rato, por su parte, sostiene que dicha reformulación es ilegal. Los peritos judiciales califican también como fraudulenta dicha reformulación porque encubrió saneamientos que debieron realizarse antes de la salida a Bolsa de julio de 2011.

Este martes, tras notificarse el auto de las cuestiones previas, el tribunal procederá a a la lectura de las actuaciones y dará comienzo el interrogatorio del expresidente de Bankia por parte de la fiscal Launa.