El precariado político

Los ciudadanos se muestran cada vez más insatisfechos con sus gobiernos e instituciones políticas; la población que tiene poca o ninguna confianza en sus gobiernos alcanzó el 75% en 2017, 20 puntos porcentuales más que en el año 2010. La satisfacción con los servicios públicos también empeoró: en el periodo 2006-2016 la población satisfecha con la calidad de los servicios de salud cayó del 57% al 41%, muy por debajo de los niveles de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), estables en torno al 70%. De igual manera, la satisfacción con el sistema educativo bajó del 63% al ...

Los ciudadanos se muestran cada vez más insatisfechos con sus gobiernos e instituciones políticas; la población que tiene poca o ninguna confianza en sus gobiernos alcanzó el 75% en 2017, 20 puntos porcentuales más que en el año 2010. La satisfacción con los servicios públicos también empeoró: en el periodo 2006-2016 la población satisfecha con la calidad de los servicios de salud cayó del 57% al 41%, muy por debajo de los niveles de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), estables en torno al 70%. De igual manera, la satisfacción con el sistema educativo bajó del 63% al 56% en el mismo periodo.

Estos porcentajes corresponden a la región latinoamericana, según el informe recientemente publicado Perspectivas económicas de América Latina 2018 (ediciones OCDE), dedicado fundamentalmente al análisis de las instituciones para el desarrollo. Los datos son propios de la región estudiada pero las tendencias posiblemente podrían extenderse a muchas otras zonas del planeta. Los ciudadanos afectados por esta desafección con las instituciones, aquellos que entienden que su voz pesa cada vez menos en los procesos de toma de decisiones y en la protección del Estado, son lo que el doctor en Ciencias Políticas José Fernández Albertos ha denominado el “precariado político” (Antisistema. Desigualdad económica y precariado político, editorial Catarata).

El círculo vicioso de incremento de las demandas y simultánea inefectividad política de las mismas explica el aumento de los precarios políticos, ciudadanos que opinan que su voz es sistemáticamente ignorada por los canales de representación convencionales. La vulnerabilidad económica se traduce en debilidad política: el empobrecimiento económico y la precarización política están yendo de la mano, lo que se manifiesta en algunos de los terremotos electorales ocurridos en los últimos tiempos.

Dentro de menos de una semana van a tener lugar las elecciones en México, y en el otoño serán en el otro gigante latinoamericano, Brasil. Ellas siguen a las de Colombia, Chile, Argentina, Ecuador,… En muchos de estos países se están dando vuelcos políticos, no siempre en la misma dirección (indudable peso de los factores meramente nacionales), determinados por una creciente insatisfacción ciudadana motivada, en gran medida, por el crecimiento de las clases medias y sus expectativas materiales y emocionales. En 2015, alrededor del 34,5% de la población latinoamericana podía considerarse “clase media consolidada” (vivía con entre 10 y 50 dólares en día), comparado con el 21% en 2001. La “clase media vulnerable” (que vive con entre cuatro y 10 dólares diarios) ha crecido también, y representaba alrededor del 40% de la población en 2015, un aumento desde el 34% en el cambio de siglo. Este grupo vive con la incertidumbre de volver a caer en la pobreza.

En conjunto, las mayores aspiraciones, a menudo insatisfechas, de la clase media consolidada, la inestabilidad de la clase media vulnerable, y el alto porcentaje de la población que aun vive en la pobreza, constituyen las fuentes de inquietud e insatisfacción entre la ciudadanía. Si a ello se le une la creciente retórica proteccionista y de desvinculación de la globalización (la “globalización negativa”, según Zygmunt Bauman) se entiende mejor el movimiento hacia políticas nacionalistas y populistas. Con datos del economista Dani Rodrik, entre 1996 y 2000 el apoyo mundial a partidos populistas se mantuvo alrededor del 10% del voto, mientras que entre 2011 y 2015 creció hasta casi el 25%.